El estado de Puebla enfrenta una inquietante realidad: la confirmación del reclutamiento forzado de jóvenes por parte de grupos criminales. La Fiscalía General del Estado (FGE) anunció el hallazgo de diez de las once personas reportadas como desaparecidas en Amozoc, revelando un patrón de violencia y cooptación que impacta directamente en la juventud de la región. Este evento subraya la creciente influencia de la delincuencia organizada y los desafíos que representa para la seguridad nacional.
El hallazgo y la confirmación oficial
La mañana de este lunes, 8 de septiembre de 2025, la FGE de Puebla confirmó el paradero de diez de las once personas que habían sido reportadas como desaparecidas en el municipio de Amozoc. Durante una conferencia matutina encabezada por el gobernador Alejandro Armenta Mier en Casa Aguayo, la fiscal Idamis Pastor Betancourt precisó la grave naturaleza del caso. Los jóvenes, según la información oficial, fueron reclutados con el objetivo de ser forzados a entrenar para actividades delictivas.
El operativo de búsqueda, que culminó en este hallazgo, se desplegó el pasado sábado 6 de septiembre. Las acciones se iniciaron tras la denuncia de los familiares, que movilizó a diversas corporaciones de seguridad del ámbito federal y estatal.
El despliegue de seguridad y la discrepancia de cifras
En la búsqueda y localización de los desaparecidos participaron elementos de varias instituciones clave. La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) unieron esfuerzos en rastreos tanto por tierra como por aire, demostrando la magnitud de la movilización frente a la crisis.
Inicialmente, se abrieron nueve carpetas de investigación, a las que posteriormente se sumaron dos más, incluyendo una relacionada con una mujer. No obstante, la información oficial ha presentado una notable discrepancia en las cifras. Mientras la Secretaría de Seguridad Pública reporta un total de once personas desaparecidas, la Fiscalía General del Estado señala que fueron doce. Ambas instituciones, sin embargo, coinciden en el dato más relevante para los familiares: diez de estos jóvenes ya se encuentran a salvo en sus domicilios, aunque la preocupación persiste por la persona aún no localizada o por la variación en el número total de víctimas.
La amenaza del reclutamiento forzado
La revelación de que los jóvenes fueron cooptados para entrenar en actividades delictivas pone de manifiesto la capacidad de los grupos criminales para vulnerar a la población, especialmente a los sectores más jóvenes. Este tipo de reclutamiento forzado es una señal de alerta sobre la expansión de la delincuencia organizada y la necesidad urgente de estrategias integrales que aborden las causas profundas de esta problemática. La precisión de la fiscal, Idamis Pastor Betancourt, sobre el entrenamiento forzado, lejos de ser un detalle menor, subraya la brutalidad de estas prácticas y la deshumanización inherente a la operación de estas redes criminales.
La investigación continuará para esclarecer el paradero de la persona restante y desmantelar por completo la estructura criminal detrás de este reclutamiento. Este incidente no solo marca un suceso de seguridad, sino que también expone la urgente necesidad de una reflexión profunda sobre la prevención y protección de la juventud ante la embestida del crimen organizado. ¿Hasta qué punto la sociedad y el estado están preparados para proteger a los más vulnerables de estas redes de cooptación?
