En Santa Bárbara, un ambicioso proyecto de ocho pisos ha escalado hasta convertirse en un campo de batalla legal y político. El desarrollo, propuesto cerca de la histórica Misión Vieja, desató la ira local y una respuesta sin precedentes desde Sacramento, iluminando el creciente conflicto por la vivienda en California.
El asedio a la Misión Vieja: un proyecto de ocho pisos que desata la guerra
La ciudad de Santa Bárbara, un refugio tradicional de crecimiento lento, está lidiando con un proyecto de vivienda masivo que desafía tanto su estética como su seguridad. El plan, presentado por los desarrolladores Craig y Stephanie Smith, contempla la construcción de una torre de ocho pisos con al menos 250 apartamentos en la dirección 505 East Los Olivos Street.
Este sitio se encuentra dentro del campo visual de la histórica Misión Vieja de Santa Bárbara, un lugar que atrae a cientos de miles de turistas cada año. En una comunidad donde la mayoría de los edificios de apartamentos son de dos pisos, la propuesta fue percibida como un rascacielos.
El rechazo local fue inmediato y contundente. Los residentes se movilizaron, formando incluso una organización sin fines de lucro para bloquearlo. El alcalde de Santa Bárbara, Randy Rowse, fue citado por el sitio de noticias local Noozhawk, calificando la propuesta como «una horrenda pesadilla».
El desarrollador, sin embargo, tenía una ventaja clave: el proyecto fue presentado usando la ley conocida como el «builder’s remedy» (remedio del constructor), una provisión que se activa cuando las jurisdicciones no cumplen con los planes de crecimiento requeridos por el estado de California para aliviar la alta escasez de vivienda.
Sacramento interviene: la ley de presupuesto que solo aplicaba a una propiedad
La disputa tomó un giro inusual a 400 millas de distancia en Sacramento. Los legisladores estatales intervinieron, introduciendo discretamente un lenguaje específico en un proyecto de ley de presupuesto con el fin de obligar a que el desarrollo de Santa Bárbara se sometiera a un estudio de impacto ambiental.
La legislación, Senate Bill 158, fue finalmente firmada por el gobernador Gavin Newsom. Aunque la provisión no mencionó explícitamente el proyecto en 505 East Los Olivos Street por su nombre, su redacción fue tan detallada y específica que «no podría aplicarse a ningún otro desarrollo en el estado».
Esta maniobra ha iluminado el creciente papel e influencia de la Legislatura y el gobernador en las decisiones de vivienda locales, y la tensión entre los mandatos de desarrollo estatal y la oposición de las comunidades más pudientes. No obstante, en este caso, la ley hizo lo opuesto al mandato estatal al dificultar la construcción.
El enfrentamiento político resultó en consecuencias inmediatas:
- Demanda legal: Los desarrolladores demandaron al estado de California y a una legisladora de Santa Bárbara.
- Acusación de ilegalidad: Los demandantes argumentaron que la disposición es una «legislación especial» ilegal dirigida específicamente a su proyecto, violando una ley federal.
- Escrutinio político: La poderosa nueva presidenta del Senado estatal, originaria de Santa Bárbara, está bajo escrutinio por su participación en el proyecto de ley.
El peligro de incendio y evacuación: una amenaza ignorada
Más allá de la controversia estética, los residentes destacaron los graves riesgos de seguridad pública asociados a la ubicación. Susan Chamberlin, en una carta al editor fechada el 4 de diciembre de 2025, calificó el peligro de incendio como «igualmente horrenda» al desastre estético.
Chamberlin recordó el Incendio Jesusita de 2009, cuando el paisaje montañoso detrás de la misión estuvo en llamas:
- Fueron destruidos ochenta hogares y numerosos anexos.
- Personas de Montecito se vieron obligadas a evacuar por Foothill Road y Mission Canyon Road.
- Mission Canyon Road «comienza en East Los Olivos Street, esencialmente donde se propone el proyecto».
Durante esa emergencia, la misión se salvó de ser consumida porque los vientos erráticos (de 40 a 60 mph) cambiaron de dirección en el último momento.
La adición de al menos 250 residentes adicionales del proyecto complicaría críticamente cualquier futura evacuación, especialmente en la intersección de East Los Olivos Street y Alameda Padre Serra. Se ha señalado que Los Ángeles experimentó incendios devastadores en Pasadena y Altadena, con condiciones similares a las de Santa Bárbara, lo que facilita imaginar «cómo podría desarrollarse aquí una tragedia».
La preocupación se refuerza con datos de infraestructura. Ingenieros de tráfico, durante la propuesta del «Mission Canyon Multimodal Improvement Plan» de 2015, testificaron que East Los Olivos Street y Mission Canyon Road no pueden ser ensanchadas. Esto se debe a que crearía un punto de estrangulamiento donde East Los Olivos Street se curva y se canaliza en una calle municipal de dos carriles, lo que hace preferible mantener un flujo constante.
¿Vivienda o degradación comunitaria? La perspectiva de los residentes
El conflicto también aborda el dilema de la equidad. Michele Harris Padron disputó la afirmación de que Santa Bárbara es estrictamente una comunidad de clase alta, citando las filas para el banco de alimentos y otros datos que demuestran que la vivienda es «problemática y dolorosamente cara».
Sin embargo, los críticos sostienen que la necesidad de más vivienda no puede justificar proyectos defectuosos:
- Los proyectos propuestos están «tan mal y peligrosamente ubicados y diseñados» que no pasarían la revisión en circunstancias normales.
- La ciudad está avanzando con numerosos proyectos de vivienda adicionales a través de «procedimientos adecuados».
- La construcción inapropiada en el sitio de East Los Olivos Street degradaría el carácter de la comunidad.
La controversia, que ilustra las tensiones entre las directrices estatales y la oposición local, subraya que la verdad sobre la vivienda y el desarrollo nunca es absoluta.
Mientras los líderes de California se centran en acelerar la construcción de vivienda, el caso de Santa Bárbara expone la delgada línea entre abordar la crisis y desmantelar la seguridad y el patrimonio local. ¿Qué costo está dispuesta a pagar la Legislatura por la densidad, y quién debe decidir en última instancia si una «horrenda pesadilla» arquitectónica es, además, un riesgo mortal para la comunidad?
