El magnicidio de Carlos Manzo, el alcalde de Uruapan y líder del Movimiento del Sombrero, el 1 de noviembre de 2025, no solo cimbró la política mexicana y la estrategia de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum. El proceso judicial revela una sofisticada trama que conecta a adolescentes sicarios, un presunto reclutador (‘El Pelón’) y la cúpula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La trama del asesinato Carlos Manzo que cimbró a la política nacional
Carlos Manzo estaba vigilado al milímetro antes de que recibiera seis disparos. El entonces alcalde de Uruapan había alertado previamente de que iban a matarlo. Por esa razón, contaba con un amplio séquito de seguridad.
Este asesinato Carlos Manzo puso en entredicho la política de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum. La mandataria creó el enésimo plan de pacificación para Michoacán y forzó a cambiar algunos puestos claves en la administración estatal del también morenista Alfredo Ramírez.
En espera de que la estrategia de seguridad dé resultados, el foco se centra ahora en la trama judicial que señala a múltiples actores, desde la base ejecutora hasta la presunta autoría intelectual, ligada al Cartel Jalisco Nueva Generación.
Los ejecutores: menores de edad y sicarios desechables
Los tres ejecutores del asesinato de Manzo están muertos, y dos de ellos eran menores de edad. Víctor Manuel Ubaldo, el adolescente de 17 años encargado de disparar el gatillo, era originario de Paracho, un pueblo pobre a unos 40 kilómetros de Uruapan. Su familia explicó que era adicto a la metanfetamina y había abandonado su casa días antes.
Víctor Manuel era el eslabón más bajo de la cadena criminal.
- Fue reclutado por Jaciel Antonio ‘N’, alias ‘El Pelón’.
- Jaciel ‘N’, de 36 años, presunto reclutador para las «4 Letras», solía buscar jóvenes en centros de desintoxicación para convertirlos en sicarios y distribuidores de droga.
- Jaciel también reclutó para el ataque al alcalde a Fernando Josué Leal, de 16 años.
- El encargado de formar a los jóvenes, enseñándole a Ubaldo a disparar el revólver de nueve milímetros, fue Ramiro ‘N’, de 34 años.
El Día de Muertos, los tres se coordinaron mediante un grupo de WhatsApp, según desveló la Secretaría de Seguridad, recibiendo instrucciones de ‘El Licenciado’. Según el zar de Seguridad federal, Omar García Harfuch, ‘El Licenciado’ les indicó en qué puntos debían colocarse y los presionó a disparar a Manzo, sin importar la protección que tuviera.
Tras matar al alcalde, Víctor Manuel fue sometido y ejecutado por los escoltas de Manzo. Según los datos divulgados en el juzgado, los policías le arrebataron la pistola y dispararon contra él cuando ya estaba neutralizado. Además, los agentes impidieron que los médicos se acercaran al joven. Una fuente cercana al caso relata a El País que a un paramédico le dijeron, “déjalo, déjalo”.
Unos 30 minutos después del ataque, Ramiro pedía ayuda por WhatsApp a ‘El Licenciado’ para escapar, compartiendo algunas rutas de huida. Sus cuerpos se encontraron el 10 de noviembre en la carretera de Uruapan a Paracho. Harfuch teoriza que fueron asesinados por sus propios jefes para no dejar cabos sueltos.
Jorge Armando ‘N’, El Licenciado: un perfil con pasado político
Jorge Armando ‘N’ es el nombre real detrás de ‘El Licenciado’, considerado, hasta ahora, el presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo o, al menos, quien manejó los hilos operativos. En el chat grupal que usaron para orquestar el ataque, él escribió el mismo día: “Ya anda la paloma cuidando la zona, excelente día”.
Su detención ocurrió el 17 o 18 de noviembre, cuando llevaba a su hijo a jugar fútbol en Morelia, la capital de Michoacán.
Las declaraciones y deslindes ante el juez
En su audiencia de vinculación a proceso, realizada el miércoles 26 de noviembre, Jorge Armando ‘N’ se deslindó del asesinato y rechazó ante el juez pertenecer al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) o conocer a alguno de sus integrantes. Se dijo inocente.
El detenido afirmó que llegó a ser asesor en el Congreso de Michoacán y en un Ayuntamiento del Estado. Sus afirmaciones ante el juez de control Luis Fernando Díaz incluyeron:
- Se dijo licenciado en Ciencias de la Comunicación y Periodismo.
- Aseguró que en 2012 trabajó como contratista de obra pública para la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
- En 2018, fungió como asesor en San Lázaro, y trabajó con varios diputados en la 64 Legislatura del Congreso de la Unión.
- Indicó que en Xochimilco, Ciudad de México, realizó labores tras los sismos de 2017.
- Afirmó que lleva una «forma honesta de vivir» y no conoce a nadie del crimen organizado.
Además, denunció que fue golpeado y torturado durante su detención, y amenazado con que harían daño a su familia. A pesar de su negación, Harfuch ha señalado que ‘El Licenciado’ «patea el balón todavía más arriba» y apunta a la cúpula regional del CJNG. Mañana se definirá si es vinculado a proceso por homicidio calificado. Actualmente, se encuentra en prisión preventiva en el penal de «El Altiplano».
El R1: el supuesto patrón que opera en Tierra Caliente
Tras el asesinato de Manzo, el grupo de WhatsApp recibió un nuevo mensaje escrito por ‘El Licenciado’: “El patrón les manda dar las gracias y nos pide que no tengamos ningún detenido. Que hagamos caso a las indicaciones que nos manda a decir, por favor”.
Un par de semanas después, al ser detenido, Jorge Armando ‘N’ identificó a su jefe como Ramón Álvarez Ayala, alias ‘El R1’.
‘El R1’ es un cabecilla regional cuya trayectoria lo liga a las estructuras criminales de México. Fue arrestado en 2012 en Guadalajara y presentado por las autoridades como “el segundo hombre en importancia en la estructura del CJNG”. Tanto él como su hermano, Rafael Álvarez Ayala, alias ‘El R2’, recibían órdenes directas de Nemesio Oseguera, ‘El Mencho’.
Ambos fueron detenidos en 2012 y puestos en libertad una década después por una «polémica orden judicial». Las autoridades identificaron que ‘El R1’ había pasado a controlar la región de Tierra Caliente, en Michoacán, y que ahora dirige la célula local junto a sus hermanos Rafael y Jesús Santiago.
La investigación contra los escoltas
Siete policías que formaban parte del círculo de seguridad más cercano del alcalde, y cuyos nombres no han sido divulgados, están ahora investigados por no haberlo protegido, bajo el cargo de “homicidio por comisión por omisión, en calidad de garante”. Otros 14 integrantes de la Guardia Nacional completaban el operativo que tampoco pudo salvar a Manzo.
El mismo juez Luis Fernando Díaz que decidirá la situación jurídica de ‘El Licenciado’, tiene a su cargo el caso de los siete policías municipales. En las audiencias, donde también se analiza su actuación por haber matado al sicario cuando estaba ya sometido, se resolverá si alguno de estos agentes cumplió otro papel en el entramado del crimen.
La audiencia para definir si los ocho imputados (Jorge Armando ‘N’ y los siete escoltas) serán finalmente vinculados a proceso continuará en los próximos días, mientras las autoridades estatales mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer el crimen y deslindar responsabilidades.
El caso Manzo desnuda la cruda realidad del poder criminal en Michoacán: un entramado que recluta a menores, coopta a escoltas de seguridad y se extiende hasta figuras con fachada profesional y presunto pasado político, todo ello supuestamente coordinado por mandos del CJNG liberados por decisiones judiciales polémicas. La verdad sigue siendo esquiva, pero las piezas procesales apuntan a la infiltración profunda del crimen organizado en el círculo rojo mexicano.
