En un escalamiento diplomático que sacude a América Latina, el gobierno de Venezuela condenó enérgicamente la reciente amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de cerrar el espacio aéreo venezolano Trump y sus zonas circundantes. Caracas calificó la acción como un acto hostil, colonialista y una violación directa al Derecho Internacional, generando alarma global sobre la soberanía regional.
La condena oficial de Caracas ante la amenaza de cierre aéreo
El 29 de noviembre de 2025, el gobierno de Venezuela rechazó mediante un comunicado oficial el mensaje difundido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el que pedía a aerolíneas y pilotos considerar que el espacio aéreo venezolano “permanecerá cerrado en su totalidad”.
Caracas fue contundente al calificar este acto como una “amenaza colonialista” y una pretensión de “aplicar extraterritorialmente la ilegítima jurisdicción de Estados Unidos en Venezuela”. Además, consideró insólito que el mandatario estadounidense intente “dar órdenes y amenazar la soberanía del espacio aéreo nacional, la integridad territorial, la seguridad aeronáutica y la soberanía plena del Estado venezolano”.
El canciller venezolano, Yván Gil, compartió el documento en redes sociales, enfatizando que tales declaraciones constituyen:
- Un acto hostil, unilateral y arbitrario.
- Incompatible con los principios más elementales del Derecho Internacional.
- Parte de una política permanente de agresión con pretensiones coloniales sobre la región de América Latina y el Caribe.
El Gobierno Bolivariano advirtió categóricamente: “Venezuela no aceptará órdenes, amenazas ni injerencias provenientes de ningún poder extranjero”. Insistió en que ninguna autoridad ajena a la institucionalidad venezolana tiene facultad para interferir, bloquear o condicionar el uso del espacio aéreo nacional.
A pesar de la declaración de Trump, que fue difundida en redes sociales instando a aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas a considerar el espacio aéreo venezolano “completamente cerrado”, el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía continuaba operando con normalidad, según reportó la prensa nacional.
Fundamentos legales contra la jurisdicción extraterritorial
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela exigió “respeto incondicional” para su espacio aéreo y detalló las regulaciones internacionales que Washington estaría violando al pretender cerrarlo. El país sudamericano se ampara en varios pilares del Derecho Internacional:
- Carta de las Naciones Unidas: Se considera una amenaza explícita del uso de la fuerza, prohibida clara e inequívocamente por el Artículo 2, numeral 4. También viola el Artículo 1, que consagra el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.
- Organización de Aviación Civil Internacional (OACI): El espacio aéreo de Venezuela está protegido bajo sus normas.
- Convenio de Chicago de 1944: El Artículo 1 de este convenio reconoce de manera categórica que “cada Estado tiene soberanía exclusiva y absoluta sobre la zona aérea que abarca su territorio”.
Consecuencias humanitarias y el plan Vuelta a la Patria
La acción del gobierno estadounidense tuvo consecuencias inmediatas en el ámbito migratorio y humanitario. El gobierno venezolano destacó que la Casa Blanca suspendió de manera unilateral los vuelos de migrantes venezolanos que se venían realizando de forma regular y semanal.
Estos vuelos formaban parte del Plan Vuelta a la Patria, un enlace migratorio que se había mantenido incluso en los momentos de mayor tensión discursiva entre ambas partes.
- Datos de repatriación (Fuente 1): Desde febrero del 2025, habían llegado a Caracas, desde Estados Unidos, más de 80 vuelos con venezolanos deportados.
- Datos de repatriación (Fuente 4): El Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que, hasta la fecha, 75 vuelos habían traído de vuelta a 13,956 ciudadanos venezolanos.
Ante el cese de vuelos por la alerta de Estados Unidos, Venezuela activó un “plan especial” para garantizar la entrada y salida del país de los ciudadanos que quedaron varados o que buscan salir de la nación sudamericana.
El contexto de agresión y la escalada militar en el Caribe
El comunicado de Caracas enmarcó la amenaza de Donald Trump dentro de una “política de agresión continua” y denunció que las declaraciones reflejan “ambiciones coloniales hacia la región latinoamericana”.
El bloque regional de la ALBA también condenó la medida, afirmando que el anuncio estadounidense configura una «agresión política» que refuerza una «conducta imperial» frente a los pueblos latinoamericanos.
El mensaje de Trump y la reacción venezolana se producen en un momento de creciente tensión en el mar Caribe. Washington ha incrementado su presencia militar en la región, desplegando el portaaviones más grande del mundo y varios buques de guerra como parte de lo que describe como una operación ampliada contra el narcotráfico.
- Desde septiembre, las fuerzas estadounidenses han llevado a cabo ataques contra más de 20 embarcaciones que Washington vincula al tráfico de drogas venezolano en el mar Caribe y el Pacífico oriental.
- Estos ataques han dejado más de 80 muertos, si bien Estados Unidos no ha presentado pruebas públicas de las amenazas que representaban dichas embarcaciones.
- Caracas sostiene que el objetivo real de esta campaña es el derrocamiento de su gobierno.
La situación se complejizó cuando el diario The New York Times informó que Trump y el Presidente Nicolás Maduro conversaron por teléfono la semana pasada, valorando la posibilidad de una reunión en Estados Unidos. El reporte se dio a conocer un día después de que Trump insinuara que los esfuerzos para detener el supuesto narcotráfico venezolano “por tierra” eran inminentes, encendiendo aún más las alarmas en la región.
Venezuela concluyó su misiva haciendo un llamado directo “a la comunidad internacional, a los gobiernos soberanos del mundo, a la ONU y a los organismos multilaterales correspondientes” para rechazar lo que califican como un acto de agresión inmoral que equivale a una amenaza contra la soberanía y seguridad del Caribe y el norte de Sudamérica. El gobierno bolivariano aseguró que sabrá responder “con dignidad, con legalidad y con toda la fuerza que otorgan el derecho internacional y el espíritu anti imperialista de nuestro pueblo”.
