El primer análisis informe Sheinbaum 2025 revela una paradoja. Con alta aprobación, la presidenta presenta un manifiesto de consolidación y triunfo sobre el neoliberalismo. Sin embargo, un examen crítico de los datos desvela desafíos estructurales y profundas contradicciones entre la narrativa oficial y la cruda realidad del país.
El discurso de la consolidación y la profundización de la «cuarta transformación»
El primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, presentado el 1 de septiembre de 2025, no fue concebido como un simple ejercicio de rendición de cuentas. Fue un manifiesto político destinado a cimentar la narrativa de un proyecto en plena consolidación. El discurso, pronunciado desde el Patio de Honor de Palacio Nacional, se articuló sobre tres pilares retóricos fundamentales que definen la visión y la estrategia de su administración.
El primer pilar, encapsulado en el lema triunfalista «vamos bien y vamos a ir mejor«, busca establecer una línea de continuidad directa y exitosa con el mandato de su predecesor, Andrés Manuel López Obrador. Presenta su gobierno no como un nuevo comienzo, sino como la profundización de una transformación ya en marcha.
El segundo pilar es la proclamación de una victoria ideológica definitiva. La declaración del «adiós al neoliberalismo» se presenta como un logro histórico e irreversible, un cambio de paradigma que justifica las profundas reformas estructurales emprendidas. Particularmente, destaca la reforma del Poder Judicial. Este marco ideológico legitima la reconfiguración del Estado, presentándola como una reparación del «daño» causado por modelos económicos pasados.
Finalmente, el tercer pilar eleva las acciones del gobierno a una dimensión casi mesiánica. Describe el presente como un «momento estelar en nuestra historia«. Esta caracterización busca trascender la política coyuntural para inscribir a la administración en un arco narrativo de destino nacional. Sus decisiones no son meros actos de gobierno, sino pasos hacia la materialización de un anhelo histórico colectivo.
Sin embargo, este discurso de éxito y destino manifiesto se enfrenta a una profunda paradoja que definirá el análisis de su primer año. Por un lado, la administración goza de un nivel de aprobación ciudadana extraordinariamente alto, con encuestas que la sitúan entre el 71% y el 79%. Por otro, existe un creciente acervo de análisis críticos y datos duros de organismos nacionales e internacionales independientes que pintan un panorama de estancamiento económico, crisis de seguridad multifacética y un preocupante deterioro institucional.
Este análisis se adentra en esa brecha, en el vasto espacio que separa la narrativa oficial de la realidad empírica. A través de un examen forense de los datos presentados y, sobre todo, de los omitidos, se busca «leer entre líneas» para desentrañar los desafíos estructurales, las contradicciones inherentes y las verdades no dichas que subyacen al primer año de la administración Sheinbaum. La pregunta central que guía este análisis es cómo un gobierno puede mantener una popularidad tan robusta mientras preside sobre desafíos estructurales de tal magnitud, y qué revela esta disonancia sobre el estado actual de la política y la sociedad en México.
La paradoja económica: Estabilidad macroeconómica sin crecimiento dinámico
El capítulo económico del informe presidencial fue presentado como la demostración de una fortaleza inexpugnable. Se buscó proyectar una imagen de confianza y solidez en medio de un entorno global incierto, contrastando con crisis de sexenios pasados.
La narrativa oficial: Una fortaleza de estabilidad
El gobierno celebró con énfasis la captación de una cifra récord de inversión extranjera directa (IED), que superó los 36 mil millones de dólares en el primer semestre de 2025. Este dato se presentó no solo como una métrica económica, sino como un plebiscito internacional sobre la confianza en el modelo de la «cuarta transformación». La estabilidad del peso mexicano, que se mantuvo consistentemente por debajo de las 19 unidades por dólar, fue otro de los pilares del discurso. Este «superpeso» se exhibió como el símbolo tangible de una soberanía económica recuperada, inmune a las turbulencias externas.
Para completar el cuadro, se destacaron dos logros de impacto directo en la percepción ciudadana: una inflación anual controlada, que en julio se situó en 3.5%, y una tasa de desempleo históricamente baja del 2.7%. Estos datos se usaron para argumentar que la economía no solo es estable, sino que está funcionando para el bienestar de la población. En el frente fiscal, la administración reportó una recaudación tributaria robusta, con un crecimiento real anual del 8.9% en los primeros cinco meses del año, superando las metas programadas. Este desempeño, junto con un manejo de la deuda pública que la mantiene en niveles considerados sostenibles —con un saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público (SHRFSP) del 49.2% del PIB a mayo de 2025—, se presentó como prueba de una disciplina y responsabilidad fiscal ejemplares.
Leyendo entre líneas: La realidad no declarada del estancamiento
Sin embargo, una lectura crítica de las cifras y, fundamentalmente, de las omisiones del informe, revela una realidad mucho más precaria. La narrativa de éxito se sostiene sobre un silencio fundamental: la ausencia de un crecimiento económico dinámico. El propio informe menciona una estimación de crecimiento anual del 1.2%, cifra modesta pero optimista al contrastarla con el consenso de organismos económicos nacionales e internacionales. Las proyecciones para 2025 pintan un cuadro de estancamiento casi total, con pronósticos que van desde el 1.2% de la OCDE hasta un alarmante 0.3% de la CEPAL, e incluso una contracción del 0.3% según estimaciones del FMI en ciertos momentos del año. Esta divergencia no es una mera diferencia de décimas; es la evidencia de una desconexión fundamental entre el discurso político y la realidad económica.
| Fuente | Proyección de Crecimiento del PIB (2025) |
| Gobierno de México | 1.2% |
| OCDE | 1.2% |
| Banco Mundial | 1.5% |
| FMI | 1.3% (con estimaciones previas de -0.3%) |
| Banco de México | 1.2% |
| CEPAL | 0.3% |
Tabla 1.1: Proyecciones de crecimiento del PIB para México (2025).
La aclamada baja tasa de desempleo también oculta una verdad incómoda. Datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI muestran que, si bien hay más personas ocupadas, gran parte de este empleo es de baja calidad. La tasa de informalidad laboral se ubicó en un persistente 54.8% en el segundo trimestre de 2025, y la tasa de condiciones críticas de ocupación fue del 32.5%. Esto significa que millones de mexicanos trabajan sin prestaciones, con bajos salarios y en condiciones precarias, una realidad que el simple titular del bajo desempleo no refleja.
Finalmente, la aparente fortaleza macroeconómica parece depender menos de políticas internas productivas y más de factores externos. La estabilidad del peso se explica en gran medida por el diferencial de tasas de interés con Estados Unidos, que atrae capital especulativo, y por el flujo histórico de remesas enviadas por migrantes, que alcanzaron cerca de 65 mil millones de dólares. Estos dos pilares, aunque beneficiosos, revelan una profunda vulnerabilidad a shocks externos, contradiciendo el discurso de soberanía y fortaleza endógena.
El análisis de estos datos revela una desconexión fundamental: los indicadores de estabilidad macroeconómica, como la IED y un peso fuerte, no se están traduciendo en un crecimiento económico generalizado. La inversión récord, probablemente impulsada por el fenómeno del *nearshoring*, parece concentrada en sectores específicos sin generar un efecto multiplicador en el resto de la economía. La fortaleza del peso, sostenida por altas tasas de interés y remesas, no deriva de un aumento en la productividad o en las exportaciones de alto valor. Esto dibuja el panorama de una economía que se mantiene a flote gracias a un soporte vital externo, mientras su motor productivo interno muestra signos de estancamiento.
Esta situación plantea una seria duda sobre la sostenibilidad del modelo actual. Si la economía no crece de manera orgánica, ¿cómo podrá el gobierno financiar a largo plazo su ambicioso y expansivo gasto social? El modelo actual descansa sobre una recaudación fiscal sólida proveniente del sector formal y sobre los flujos externos. Sin un crecimiento significativo del PIB, la base gravable no se ampliará. Cualquier perturbación en el flujo de remesas o un cambio en el sentimiento de los inversores internacionales podría desencadenar una crisis fiscal. La narrativa de soberanía económica del gobierno choca frontalmente con esta profunda dependencia de factores que escapan a su control.
La política de Bienestar: ¿Reducción de la pobreza o consolidación clientelar?
El corazón ideológico y político del primer informe de la presidenta Sheinbaum reside en la defensa de su política social. Presentada como la materialización del «humanismo mexicano», esta estrategia se enmarca en un discurso de justicia histórica y reparación de deudas con los sectores más vulnerables de la población.
La narrativa oficial: Una inversión social histórica
El gobierno describió su estrategia como el «plan social más ambicioso» en la historia de México, respaldado por una inversión sin precedentes de 850 mil millones de pesos, equivalentes al 2.3% del Producto Interno Bruto, destinados a los Programas para el Bienestar. Se enfatizó que estos recursos llegan de manera directa y sin intermediarios a 32 millones de familias, a través de la red del Banco del Bienestar.
El resultado más celebrado de esta inversión es una reducción histórica de la pobreza multidimensional. El informe retoma con orgullo las cifras que muestran una caída del 41.9% de la población en esta condición en 2018 al 29.5% en 2024. Esto significa que más de 13.5 millones de personas salieron de la pobreza. Este logro, heredado de la administración anterior pero reivindicado como propio, se presenta como la prueba irrefutable del éxito del modelo. Además, la presidenta destacó la creación de nuevos programas con enfoque de género, como la pensión para mujeres de 60 a 64 años, como una innovación de su gobierno y el cumplimiento de una promesa de campaña para atender a un sector históricamente desprotegido.
Leyendo entre líneas: El costo fiscal y la lógica política
Sin embargo, detrás de esta narrativa de éxito social se esconden profundos riesgos fiscales y un diseño institucional que genera serias dudas sobre su neutralidad política. El enorme costo de los programas sociales, especialmente las pensiones universales, está ejerciendo una presión fiscal insostenible. Análisis de centros de investigación como el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) advierten que las pensiones, el costo de la deuda y las transferencias federales ya consumen cerca del 80% del presupuesto. Esto deja un margen cada vez menor para la inversión en otros sectores críticos como la salud, la infraestructura, la educación y la seguridad.
Más allá del costo, la arquitectura misma de los programas suscita preocupación. Investigaciones de organizaciones como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y Gestión Social y Cooperación (Gesoc) han señalado los riesgos inherentes al modelo de transferencias monetarias directas, operado por los «servidores de la nación» y centralizado en el Banco del Bienestar. Este esquema, al eliminar a los intermediarios institucionales y crear un vínculo directo entre el beneficiario y el poder ejecutivo, difumina la línea entre los programas de Estado y la lealtad partidista, abriendo la puerta al uso clientelar y electoral de los recursos públicos.
El informe omite una discusión sobre un cambio de paradigma fundamental en la política social: el abandono progresivo del financiamiento de servicios públicos universales (como el extinto Seguro Popular) en favor de transferencias monetarias individualizadas. Esta decisión, no explicitada como tal, tiene consecuencias profundas en la naturaleza del Estado de bienestar mexicano.
El modelo implementado por la «cuarta transformación» va más allá de la simple mitigación de la pobreza; representa una reconfiguración estratégica de la relación entre el ciudadano y el Estado. Al desmantelar las instituciones intermediarias y entregar recursos directamente, el gobierno establece un vínculo transaccional y altamente personalizado con el beneficiario. Esta relación directa fomenta una dependencia y una lealtad política que convierte a los programas en herramientas electoralmente muy poderosas y políticamente intocables. Se transita de un Estado que provee servicios a través de instituciones a un Estado que ejerce un patronazgo directo sobre el individuo.
Esta estrategia, si bien políticamente rentable a corto plazo, crea una «bomba de tiempo» fiscal y política. Los programas sociales, ahora elevados a rango de derechos constitucionales, son fiscalmente inflexibles. A medida que la población mexicana envejece, el costo de la pensión universal para adultos mayores se disparará exponencialmente. Esto genera una trampa fiscal a largo plazo, donde los futuros gobiernos se verán obligados a destinar una porción masiva y creciente del presupuesto a estas transferencias, independientemente de otras necesidades nacionales urgentes como la inversión en infraestructura, salud o seguridad. El beneficio político inmediato de la reducción de la pobreza y la alta aprobación popular se está obteniendo a costa de una rigidez fiscal futura que podría estrangular la capacidad del Estado para cumplir con otras funciones esenciales.
La estrategia de seguridad: Una realidad de cifras selectivas e impunidad persistente
En materia de seguridad, el primer informe de gobierno proyectó una narrativa de avances decisivos y una victoria tangible contra la violencia. La estrategia se presentó como un éxito rotundo, validado por una selección de indicadores a la baja que, sin embargo, ocultan una realidad mucho más compleja y sombría.
La narrativa oficial: Una victoria decisiva contra la violencia
El discurso presidencial se centró en dos cifras principales: una reducción del 25% en los homicidios dolosos a nivel nacional y una disminución aún más pronunciada, del 34%, en el delito de feminicidio durante los primeros once meses de la administración. Para reforzar este mensaje, se citaron casos de éxito espectaculares en entidades federativas que habían sido focos rojos de la violencia, como Zacatecas, con una supuesta reducción del 75%, y Guanajuato, con un 60%.
Este éxito se atribuyó a una estrategia integral de cuatro ejes, cuyo pilar discursivo es la «atención a las causas» de la violencia. Esta se complementa con el fortalecimiento de las capacidades de inteligencia e investigación y una mejor coordinación interinstitucional. La narrativa oficial, por tanto, es la de una estrategia que está funcionando y revirtiendo la tendencia de violencia heredada.
Leyendo entre líneas: Los «otros datos» de la violencia
Un análisis crítico de la situación de seguridad en México revela que la selección de estos indicadores ofrece una visión parcial y engañosa de la crisis. Organizaciones de la sociedad civil como México Evalúa han cuestionado sistemáticamente la fiabilidad de las cifras de homicidios. Señalan la posibilidad de una reclasificación de delitos —donde homicidios dolosos podrían ser registrados como culposos o muertes de intención no determinada— y el uso de años base con picos de violencia para magnificar las reducciones porcentuales.
La omisión más flagrante del informe es la crisis de desapariciones forzadas. Mientras el gobierno celebra la caída en los homicidios, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas muestra una tendencia al alza que no se detiene. Informes de colectivos como la Red Lupa indican que la cifra ya supera las 128,000 personas en 2025, un aumento alarmante que está completamente ausente del discurso de éxito oficial. Esta «otra cifra» de la letalidad sugiere un posible desplazamiento del tipo de violencia, más que una reducción de la misma.
Otro delito de alto impacto que ha experimentado un crecimiento alarmante es la extorsión. Datos del propio Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), analizados por el Observatorio Nacional Ciudadano, muestran que este delito alcanzó un máximo histórico en el primer semestre de 2025. La extorsión, que afecta directamente el patrimonio y la tranquilidad de ciudadanos y pequeños negocios, es un indicador clave de la penetración del crimen organizado en la vida cotidiana, pero fue convenientemente ignorado en el informe.
Finalmente, la narrativa de una estrategia exitosa choca con la realidad de una impunidad casi absoluta y una profundización de la militarización. Informes de organizaciones como Human Rights Watch y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) documentan un sistema de justicia penal inoperante, donde la gran mayoría de los delitos no se resuelven. Además, la política de seguridad depende cada vez más de las Fuerzas Armadas, lo que ha conllevado a un aumento en las denuncias de violaciones a los derechos humanos.
| Indicador | Variación % (Gobierno) | Datos Absolutos (Ene-Jul 2024) | Datos Absolutos (Ene-Jul 2025) | Fuente de Datos |
| Homicidio Doloso | -25% | (Cifras de referencia) | (Cifras de referencia) | SESNSP |
| Feminicidio | -34% | (Cifras de referencia) | 369 (Ene-May) | SESNSP / OCNF |
| Personas Desaparecidas | No mencionado | 114,069 (Total 2024) | 128,064 (Total a 2025) | Red Lupa |
| Víctimas de Extorsión | No mencionado | 5,509 (1er Semestre) | 5,887 (1er Semestre) | SESNSP / ONC |
Tabla 3.1: El balance real de la seguridad (comparativo 2024-2025). Nota: Las cifras absolutas varían según el periodo exacto de corte de cada fuente.
El enfoque exclusivo del gobierno en la tasa de homicidios resulta profundamente engañoso. Una posible reducción en esta métrica, incluso si se aceptan las cifras oficiales, no implica necesariamente una disminución de la violencia letal. Por el contrario, puede ser un indicio de una adaptación táctica por parte de las organizaciones criminales, un fenómeno conocido como el «efecto hidra«. En lugar de cometer homicidios visibles que generan estadísticas negativas y presión mediática, los grupos criminales podrían estar optando por la desaparición forzada para eliminar a sus víctimas y, al mismo tiempo, la evidencia del crimen. Simultáneamente, estarían diversificando sus actividades hacia delitos de menor riesgo y alta rentabilidad, como la extorsión generalizada. Desde esta perspectiva, el Estado no está derrotando al crimen organizado, sino que simplemente está observando cómo este muta: al cortar una cabeza (homicidio), crecen otras dos (desaparición y extorsión).
Existe, además, una contradicción insalvable entre el discurso oficial y la realidad operativa de la estrategia de seguridad. La narrativa pública se mantiene anclada en el lema de «abrazos, no balazos» y la «atención a las causas». Sin embargo, la política sobre el terreno, como documentan múltiples organizaciones de derechos humanos, es de un despliegue militar sin precedentes en tareas de seguridad pública. Esta disonancia no es una simple inconsistencia, sino una estrategia de comunicación deliberada. La narrativa «social» proporciona una cobertura política y una justificación moral para una estrategia de mano dura, predominantemente militarizada, que históricamente no solo ha fracasado en reducir la violencia de manera sostenible, sino que ha sido una fuente constante de violaciones a los derechos humanos. El gobierno vende públicamente una estrategia de construcción de paz mientras ejecuta, en la práctica, una de confrontación militar.
El nuevo poder judicial: ¿Mandato democrático o erosión del estado de derecho?
La reforma al Poder Judicial representa la apuesta estructural más ambiciosa y controvertida del primer año de la administración Sheinbaum. Fue presentada en el informe no como una simple modificación legal, sino como el acto fundacional de una nueva era de justicia en México.
La narrativa oficial: Democratizando la justicia
El discurso oficial enmarcó la reforma, que culminó con la elección por voto popular de todos los jueces, magistrados y ministros federales en junio de 2025, como un «hecho inédito y profundamente democrático«. La narrativa del gobierno se construyó sobre la idea de que este cambio radical era necesario para poner fin a una «era de nepotismo, corrupción y privilegios» que, según esta visión, caracterizaba al sistema judicial anterior. Al someter a los juzgadores al escrutinio de las urnas, se argumentó, se inauguraría un «verdadero Estado de derecho» en el que la justicia respondería finalmente al pueblo y no a intereses fácticos o élites económicas. La bienvenida al «nuevo poder judicial» fue uno de los momentos culminantes del informe, simbolizando la consumación de una de las promesas centrales de la «cuarta transformación».
Leyendo entre líneas: El asalto a la independencia judicial
Esta visión triunfalista contrasta de manera dramática con la profunda preocupación expresada por la comunidad jurídica, académica y de derechos humanos. Análisis de la Barra Mexicana de Abogados, México Evalúa y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, entre otros, han advertido que la elección popular de jueces introduce un grave riesgo de politización de la justicia. Al obligar a los juzgadores a competir en campañas electorales, se corre el peligro de que sus decisiones dejen de basarse estrictamente en la Constitución y las leyes para responder a presiones políticas, cálculos electorales o la influencia de los partidos que los postularon.
Desde una perspectiva institucional, la reforma es vista como un ataque directo a la división de poderes, uno de los pilares de cualquier democracia liberal. Al subordinar al Poder Judicial a la misma lógica electoral que domina al Ejecutivo y al Legislativo —ambos controlados por el partido gobernante—, se elimina de facto uno de los contrapesos más importantes al poder presidencial. El Poder Judicial, que en años recientes había actuado como un freno a varias de las iniciativas más controvertidas del gobierno, queda así neutralizado, concentrando un poder inmenso en el Ejecutivo.
Además, la legitimidad de este supuesto «mandato popular» es altamente cuestionable. Informes periodísticos y de observadores electorales señalaron una participación ciudadana extremadamente baja en las elecciones judiciales de junio, con algunas estimaciones situándola en apenas un 13%. Este nivel de abstencionismo sugiere un profundo desinterés, desconocimiento o incluso rechazo por parte de la ciudadanía hacia un proceso complejo y apresurado, lo que debilita el argumento de que el nuevo Poder Judicial cuenta con un respaldo democrático masivo.
La reforma judicial no puede ser entendida como un evento aislado. Es, en realidad, la pieza culminante de un proyecto transexenal de la «cuarta transformación» para desmantelar o capturar los organismos autónomos y los contrapesos institucionales que se construyeron durante la transición democrática de México a finales del siglo XX. Instituciones como el Instituto Nacional de Transparencia (INAI) o los órganos reguladores de la competencia y las telecomunicaciones ya habían sido debilitados presupuestal y políticamente. El Poder Judicial representaba el último gran contrapeso institucional independiente al poder presidencial. Al someterlo a la lógica de la elección popular, un terreno que la maquinaria electoral del partido gobernante domina con eficacia, el Ejecutivo logra un grado de concentración de poder que no se había visto en México desde la época del régimen de partido único.
En este proceso, la administración ha empleado una hábil estrategia discursiva, utilizando el lenguaje de la democracia para legitimar un acto que, según sus críticos, tiene consecuencias antidemocráticas. Conceptos como «la voluntad del pueblo» y el «voto popular» se esgrimen para justificar una reforma que socava el principio liberal-democrático de la independencia judicial y el Estado de derecho. Esta táctica crea una narrativa poderosa pero falaz, en la que cualquier oposición a la reforma, por más fundamentada que esté en principios jurídicos, puede ser descalificada como un ataque «al pueblo» o una defensa de «privilegios». Se trata de la instrumentalización del concepto de democracia para desmantelar los mecanismos que, paradójicamente, la protegen del abuso de poder.
Los déficits ocultos: Salud, educación y soberanía energética en cuestión
Más allá de las grandes reformas estructurales, el informe presidencial dibujó un panorama de avances significativos en la provisión de servicios públicos esenciales. Sin embargo, un análisis detallado de los datos presupuestarios y los informes de organismos especializados revela una brecha considerable entre el discurso oficial y la realidad operativa en sectores clave como la salud, la educación y la energía.
Salud: El espejismo del abasto y la inversión
La afirmación oficial: el gobierno aseguró haber alcanzado un abasto de medicamentos del 90% en el sistema público de salud y destacó la construcción de 31 nuevos hospitales como prueba de su compromiso de garantizar la salud como un derecho y no como un privilegio.
La realidad subyacente: esta afirmación choca frontalmente con la evidencia documentada por la sociedad civil. El Colectivo Cero Desabasto y la organización Fundar han registrado de manera sistemática la persistencia de graves y generalizados desabastos de medicamentos en todo el país. Estos afectan a pacientes con enfermedades crónicas, cáncer y otras condiciones graves. El problema se agudizó con la anulación, por irregularidades y sobreprecios, de la mega-compra consolidada de medicamentos que debía gestionar la empresa estatal Birmex, revelando fallas sistémicas en la nueva arquitectura de adquisiciones del gobierno. Además, análisis presupuestarios de México Evalúa y el CIEP muestran que, a pesar de los anuncios, existen recortes en términos reales en los presupuestos de hospitales de alta especialidad y en fondos clave para la salud estatal como el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), lo que contradice la narrativa de una inversión creciente.
Educación: Becas universales, infraestructura precaria
La afirmación oficial: el informe destacó una expansión histórica del acceso a la educación, principalmente a través de la creación del nuevo Bachillerato Nacional y el aumento en los presupuestos para becas y programas educativos.
La realidad subyacente: el enfoque en programas de transferencias (becas) y nuevas estructuras curriculares oculta una crisis crónica de infraestructura en el sistema educativo. Informes de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) revelan un panorama desolador: el 58.3% de las escuelas del país carecen de acceso a internet, el 45.3% no tiene computadoras para uso pedagógico y un alarmante 72.3% no cuenta con infraestructura adaptada para estudiantes con discapacidad. La política educativa parece priorizar la distribución de recursos económicos directos a los estudiantes, una medida popular, por encima de la inversión a largo plazo en las condiciones materiales básicas necesarias para un aprendizaje de calidad.
Energía: El discurso de la soberanía y la realidad de la dependencia
La afirmación oficial: se presentó el «rescate energético» de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como un pilar del desarrollo nacional, una estrategia que ha garantizado la soberanía y la autosuficiencia energética de México.
La realidad subyacente: la narrativa de la autosuficiencia es, en el mejor de los casos, engañosa. Una verificación de datos realizada por el portal Animal Político demostró que, a pesar del aumento en la capacidad de refinación, México sigue dependiendo de manera crítica de la importación de gasolina y diésel para satisfacer su demanda interna. Casi la mitad de la gasolina consumida en el país sigue siendo de origen extranjero. Proyecciones de la Agencia Internacional de Energía sugieren que esta dependencia, lejos de disminuir, podría incrementarse en los próximos años debido a la caída en la producción de crudo. La soberanía energética, por tanto, sigue siendo más una aspiración retórica que una realidad tangible.
Al analizar estos tres sectores en conjunto, emerge un patrón de gobernanza claro. La administración demuestra una gran habilidad para lanzar nuevos programas, realizar anuncios ambiciosos y establecer metas audaces. Sin embargo, muestra una debilidad recurrente en los aspectos logísticos, presupuestarios y administrativos de la implementación. Este patrón sugiere un modelo de gobierno que privilegia la comunicación política y la construcción de narrativas por encima del complejo y a menudo poco visible trabajo de una administración pública eficaz.
La retórica de «poner fin al neoliberalismo» se ha utilizado para justificar el desmantelamiento de sistemas y regulaciones anteriores, como el Seguro Popular o los mercados energéticos competitivos. No obstante, los modelos de gestión estatal que los han reemplazado, como el IMSS-Bienestar o el sistema de compra de medicamentos centralizado en Birmex, han demostrado estar subfinanciados y plagados de ineficiencias. El resultado no es un Estado más fuerte y capaz, sino un Estado «vaciado», donde las instituciones existen nominalmente pero carecen de la capacidad real para prestar servicios esenciales de manera efectiva. Esto deja a los ciudadanos, en muchos casos, en una situación de mayor vulnerabilidad que antes.
La agenda de género: El abismo entre el símbolo y la sustancia
La llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia de México es un hito histórico innegable, un momento de profundo significado simbólico para un país con arraigadas estructuras patriarcales. El primer informe de gobierno buscó capitalizar este hecho, presentando a la administración como intrínsecamente comprometida con la causa de las mujeres.
La narrativa oficial: Un tiempo para las mujeres
El discurso presidencial reconoció explícitamente la trascendencia de su posición, refrendando la frase que se ha convertido en uno de sus lemas: «no llegué sola, llegué con todas«. Esta declaración busca posicionar su presidencia no como un logro individual, sino como la culminación de una lucha colectiva de las mujeres mexicanas.
Para dar sustancia a este simbolismo, el informe destacó políticas diseñadas específicamente para mujeres. Se hizo hincapié en la creación de la nueva pensión para mujeres de 60 a 64 años y en iniciativas culturales como la fundación de un museo dedicado a las heroínas de la historia de México, medidas presentadas como prueba fehaciente del compromiso de la administración con la igualdad de género y el reconocimiento del papel de las mujeres en la vida nacional.
Leyendo entre líneas: Una emergencia persistente
Sin embargo, este poderoso simbolismo se ve ensombrecido por la persistencia de una crisis de violencia de género que no cede. Aunque el gobierno celebró una supuesta reducción del 34% en los feminicidios, las cifras absolutas siguen siendo alarmantes. Análisis de datos del SESNSP realizados por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) confirman que, en promedio, más de 10 mujeres son asesinadas cada día en México. Esta realidad configura una emergencia nacional que las estadísticas porcentuales, por más positivas que parezcan, no logran ocultar.
Más preocupante aún es el aparente debilitamiento de las herramientas institucionales diseñadas para combatir esta violencia. Informes de organizaciones feministas y de derechos humanos como Amnistía Internacional han expresado una grave preocupación por el desfinanciamiento y la inoperancia de mecanismos clave como las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM). En lugar de fortalecer la capacidad del Estado para responder a la crisis, se percibe una regresión que deja a las mujeres en una situación de mayor indefensión.
La violencia, además, trasciende la cifra de feminicidios. La crisis de desapariciones afecta de manera desproporcionada a mujeres jóvenes y adolescentes, con un aumento exponencial en algunos estados, mientras que la violencia familiar sigue registrando cientos de miles de casos al año. Estas otras manifestaciones de la violencia de género, que forman parte del mismo continuo de opresión, no ocuparon un lugar central en la narrativa de logros del informe.
La administración está capitalizando fuertemente el símbolo de tener a una mujer en la presidencia. Sin embargo, existe el riesgo de que esta victoria simbólica oculte la falta de acciones sustantivas y eficaces para combatir las causas estructurales de la violencia de género. El enfoque en beneficios sociales específicos para mujeres, como una pensión, si bien es una política de bienestar, no sustituye la necesidad urgente de una estrategia de Estado integral, con presupuesto suficiente, para la prevención, investigación y sanción del feminicidio y otras formas de violencia. Se percibe una disonancia entre las políticas para el bienestar de las mujeres y las políticas para su supervivencia.
La presencia de una mujer en el poder ejecutivo puede ser utilizada, intencionadamente o no, para neutralizar o desviar las críticas de los movimientos feministas. El gobierno puede adoptar el lenguaje de la igualdad de género en su discurso mientras, en la práctica, implementa políticas presupuestarias y de seguridad que no protegen adecuadamente a las mujeres. Esto crea un entorno político complejo para las activistas, quienes, al criticar las fallas del gobierno en materia de violencia de género, pueden ser acusadas de tener motivaciones políticas o de «no apoyar a una mujer presidenta», una táctica que busca silenciar el disenso y cooptar la legitimidad de la agenda feminista.
Leyendo entre líneas: Un balance del primer año de gobierno
El primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se erige como un ejercicio magistral de construcción de narrativa política. A través de una cuidadosa selección de indicadores positivos y un discurso anclado en la continuidad de un proyecto popular, la administración ha logrado mantener un notable respaldo ciudadano. La narrativa de estabilidad económica, justicia social y avances en seguridad resuena con una parte significativa de la población, consolidando la percepción de que «vamos bien y vamos a ir mejor».
Sin embargo, un análisis crítico y exhaustivo, que va más allá de los titulares y se adentra en los datos omitidos y las realidades subyacentes, revela un panorama marcadamente distinto. Este informe ha demostrado que la narrativa oficial oculta sistemáticamente una serie de desafíos estructurales profundos y contradicciones insalvables que definirán el futuro del país.
En síntesis, la realidad no declarada del primer año de gobierno se puede resumir en cinco puntos críticos:
- Una economía estancada: Detrás de la fachada de estabilidad macroeconómica, se esconde una economía con un crecimiento casi nulo, altamente dependiente de flujos externos como las remesas y el capital especulativo, y con un mercado laboral marcado por la precariedad y la informalidad.
- Una política social con altos riesgos: El celebrado modelo de bienestar, si bien ha contribuido a reducir la pobreza, genera una presión fiscal insostenible que canibaliza la inversión en otros sectores vitales y crea un andamiaje institucional con un alto potencial para el clientelismo político.
- Una crisis de seguridad diversificada: La selectiva presentación de una baja en los homicidios enmascara la alarmante escalada de otros delitos como la desaparición forzada y la extorsión, indicando una mutación de la violencia criminal más que una reducción real de la misma, todo ello en un contexto de impunidad endémica.
- Una peligrosa concentración de poder: La reforma judicial, presentada como un acto de democratización, representa en la práctica la culminación de un proyecto para erosionar los contrapesos institucionales, subordinando el último poder independiente al control del Ejecutivo y debilitando el Estado de derecho.
- Un aparato estatal vaciado: En sectores clave como la salud, la educación y la energía, se observa una brecha creciente entre las promesas políticas y la capacidad real del Estado para proveer servicios de calidad, producto de un desmantelamiento de sistemas previos sin la construcción de alternativas eficientes y bien financiadas.
El desafío fundamental para la administración Sheinbaum en los próximos años será decidir si puede, o si tiene la voluntad, de transitar de una estrategia de gestión de la narrativa a una de confrontación real con estos problemas estructurales. La popularidad actual, sostenida por la inercia del proyecto anterior y por una comunicación política eficaz, no es inmune a los efectos acumulativos del estancamiento económico y el deterioro de los servicios públicos. El abismo que hoy separa el optimismo del discurso oficial de la crudeza de la evidencia empírica no es sostenible a largo plazo. La forma en que se gestione esta brecha determinará no solo el legado de la primera presidenta de México, sino la trayectoria política, económica y social del país en la próxima década.
