La Suprema Corte de Justicia de la Nación enfrenta un nuevo capítulo en la batalla legal contra Grupo Elektra. El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz ha admitido un amparo que impugna un crédito fiscal de más de mil 389 millones de pesos, sumándose a un historial de litigios y tácticas dilatorias que desafían al máximo tribunal. Este caso, crucial para las finanzas públicas, marca un precedente en la nueva integración de la SCJN.
La admisión del amparo: Un desafío directo a la nueva corte
El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, quien ha debutado con la doble función de dirigir la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y contar con ponencia, admitió un nuevo recurso de revisión de Grupo Elektra este jueves. Este amparo impugna un crédito fiscal que asciende a mil 389 millones 387 mil 774 pesos, cantidad a la que se suman recargos, multas y actualizaciones.
La relevancia de esta decisión radica en que el propio ministro Aguilar decidió asumir el caso en su ponencia, lo que significa que será él quien presente el proyecto de resolución al Pleno. El acuerdo fue publicado en las listas electrónicas del Alto Tribunal, registrado como amparo directo en revisión 5145/2025. Este es uno de los primeros asuntos fiscales de alto perfil admitidos por la SCJN bajo su nueva integración, que entró en funciones el 1 de septiembre de este año.
Las tácticas dilatorias de grupo salinas y los antecedentes
Con la admisión de este nuevo recurso, ya son cuatro los juicios de amparo de este tipo pendientes de resolución en la Corte. Según cifras dadas a conocer en marzo por la ministra Lenia Batres, los tres primeros litigios, ingresados en 2024, impugnan créditos fiscales que, con recargos, multas y actualizaciones, suman un total de 34 mil 805 millones 108 mil 782 pesos.
Estos asuntos previos no fueron resueltos por la anterior integración del Pleno. La razón, según los propios ministros, fue que Grupo Salinas promovió más de 72 recursos de impedimentos, reclamaciones y consultas, acciones que fueron calificadas explícitamente como tácticas dilatorias para posponer la resolución de los casos.
El origen del litigio millonario
El nuevo litigio (amparo directo en revisión 5145/2025) deriva de un juicio de nulidad y del amparo directo 754/2023. En estos procedimientos, Grupo Elektra solicita la anulación del crédito fiscal que le fue impuesto el 11 de septiembre del 2018. Mediante dicho crédito, la autoridad fiscal determinó adeudos a la empresa por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR), actualización, recargos y multas.
El expediente judicial detalla que la controversia principal está vinculada a varios puntos clave:
- La negativa del SAT a reconocer pérdidas por enajenación de acciones bajo el régimen de consolidación fiscal del ejercicio 2012.
- La discusión sobre créditos accesorios.
- La aplicación de diversos artículos de la Ley del ISR en materia de:
- Costo fiscal de acciones.
- Fusión y escisión.
- La estricta indispensabilidad de las pérdidas.
Proceso y plazos en la suprema corte
En el acuerdo dictado por el ministro presidente Aguilar, la Corte ordenó al Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y a la autoridad responsable remitir los autos completos del amparo y del juicio de nulidad. Esto es indispensable para integrar debidamente el expediente en la SCJN.
Asimismo, se precisó que, por tratarse de materia tributaria, la Corte deberá resolver este asunto en un plazo de seis meses, contados a partir de este 25 de septiembre. Las partes involucradas cuentan con cinco días para promover un recurso de revisión adhesiva, conforme a lo establecido en la Ley de Amparo.
Un detalle relevante es que Grupo Elektra, representado legalmente por Yanet Sandoval, solicitó que sus datos personales no se publicaran en la versión pública del acuerdo. Sin embargo, la SCJN aclaró que, al no tratarse de datos sensibles, los nombres de las partes sí aparecerán en las listas de notificación, reafirmando el principio de transparencia en los procesos judiciales.
La decisión del ministro presidente Aguilar de asumir este caso no solo pone de manifiesto la magnitud de los intereses fiscales en juego, sino que también resalta el compromiso de la nueva integración de la SCJN con la resolución de litigios complejos y de alto impacto. ¿Podrá la Corte establecer un precedente claro y poner fin a un patrón de resistencia legal que ha demorado la resolución de miles de millones de pesos en adeudos? La respuesta determinará el pulso de la justicia fiscal en el país.
