Tras un intenso debate y fracturas internas en el Partido del Trabajo (PT), la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley General de Salud. Esta decisión histórica establece la prohibición vapeadores México, buscando desmantelar un mercado de ganancias millonarias en detrimento de la salud juvenil.
Prohibición de vapeadores México: la reforma que fracturó al PT
La Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley General de Salud el 9 de diciembre de 2025 en San Lázaro, Ciudad de México, poniendo fin a la comercialización de ciertos productos de consumo. El elemento central de la reforma es la prohibición total de los vapeadores y cigarrillos electrónicos.
La ley, además, prohíbe cualesquiera otros dispositivos que calienten tabaco o vaporicen cualquier sustancia tóxica, así como toda forma de publicidad de estos productos.
La votación en lo particular demostró la división entre las bancadas. La ley fue aprobada por 292 votos en favor, provenientes de:
- Morena.
- El Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
- Un sector reducido del PT.
En contra, sumaron 132 votos los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC). A este bloque se añadieron 30 sufragios de parlamentarios petistas y uno de Julio Scherer Pareyón, quien forma parte del PVEM.
La crisis interna del Partido del Trabajo
El asunto de la prohibición de vapeadores evidenció una notable fractura en el PT. La instrucción inicial de su dirigente nacional, Alberto Anaya, había sido votar en contra de la reforma.
No obstante, después de una discusión interna, la bancada optó por un voto libre, lo que resultó en que 10 legisladores, incluido el coordinador Reginaldo Sandoval, votaran a favor de la prohibición.
La reserva clave para evitar criminalización de usuarios
Durante la discusión del dictamen, uno de los puntos más controversiales fue la supuesta criminalización de los usuarios de los vapeadores. El artículo 282 quáter de la norma, en su redacción original, establecía penas de prisión y multas para quienes adquieran dichos productos, abriendo la puerta a castigar la posesión o el consumo.
Para aclarar y corregir este punto, el bloque mayoritario presentó una reserva. El coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal Ávila, subió a tribuna para presentar la modificación en conjunto con su correligionario Pedro Zenteno, presidente de la Comisión de Salud, y la petista Margarita García.
Monreal Ávila precisó el objetivo de la reforma:
> “Vamos a modificar el artículo 282 para que no existan efectos sancionadores a los usuarios, porque el verdadero objetivo no es castigar el consumo personal; nuestro objetivo era desmantelar el mercado que produce, distribuye y obtiene ganancias impresionantes, millonarias, en detrimento de la salud de los jóvenes”, puntualizó.
De esta forma, se agregó un párrafo al artículo 282 quáter para especificar que: “Queda prohibido en todo el territorio nacional la adquisición con fines de comercialización. Se exceptúa de la prohibición su consumo y posesión.”
El blindaje legal contra los cabilderos
La reserva también incluyó adecuaciones al artículo 282 ter, que aborda la definición de los dispositivos prohibidos (cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogos). El fin era «cerrar el vacío probable y no dejar una fórmula ambigua».
Se definió que estos aparatos son sistemas mecánicos, electrónicos o de cualquier tecnología usados para calentar, vaporizar y atomizar sustancias tóxicas. Se especificaron las sustancias líquidas que quedan incluidas en la prohibición, contengan o no nicotina:
- Geles, sales, ceras, aerosoles secos, resinas.
- Aceites cerosos u otras formulaciones sintéticas.
- Todas ellas susceptibles de ser inhaladas por los consumidores.
Finalmente, Ricardo Monreal Ávila reveló la intensa presión que ejerció la industria en el Legislativo. El coordinador de Morena confesó que fue visitado por los cabilderos «de las empresas productoras de vapeadores y cartuchos» quienes insistieron con «alegatos u ofrecimientos», pero no lograron convencerlo.
La nueva Ley General de Salud, reportada por Fernando Camacho y Enrique Méndez el 10 de diciembre de 2025, sienta un precedente de regulación estricta contra la industria del tabaco y sus derivados electrónicos. Sin embargo, la contundencia de la prohibición de comercialización, aunado a la resistencia de los cabilderos y la división partidista, ¿será suficiente para desmantelar un mercado ilícito que ahora podría migrar a la clandestinidad total, o simplemente creará un nuevo nicho para el crimen organizado?
