El asesinato de Carlos Alberto Manzo Rodríguez, alcalde independiente de Uruapan, Michoacán, el 1 de noviembre de 2025, se ha convertido en un sismógrafo de la violencia política y una fuente de profunda crisis en Morena por asesinato Uruapan. Este magnicidio expuso no solo la penetración criminal en la política federal, sino también una fractura ideológica en la cúpula de la Cuarta Transformación.
Uruapan: La capital del aguacate bajo asedio y la anatomía de un magnicidio
Uruapan, conocida mundialmente como la capital del aguacate, constituye una plaza estratégica cuyo control garantiza ingresos multimillonarios derivados de la exportación agrícola y la extorsión sistemática. La violencia en el municipio es estructural. En este escenario operan facciones rivales, principalmente células afiliadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y remanentes de Cárteles Unidos (Los Viagras), disputando el dominio territorial.
El fenómeno político de Carlos Manzo
Carlos Manzo no era un político convencional. Su victoria como candidato independiente bajo la bandera del «Movimiento del Sombrero» significó un repudio ciudadano a los partidos tradicionales. Específicamente, representó una crítica a la gestión estatal de Morena, encabezada por Alfredo Ramírez Bedolla.
Manzo basó su capital político en una retórica confrontativa. Denunciaba abiertamente la corrupción de la Guardia Civil y señalaba vínculos entre la administración local y el crimen organizado.
- Su desconfianza hacia el gobierno estatal fue tal que solicitó protección directa al Gobierno Federal.
- Esta protección fue gestionada a través de Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.
- La decisión aisló administrativamente al alcalde y creó una fricción constante con el gobernador Bedolla y figuras clave de Morena en el estado, como Leonel Godoy y Raúl Morón.
La operación criminal y la filtración digital del CJNG
El asesinato se ejecutó el 1 de noviembre de 2025, durante el «Festival de Velas» por el Día de Muertos. La elección del lugar y la hora constituyó un mensaje de impunidad y poder, siendo coordinado por una célula del CJNG.
La Fiscalía General de la República (FGR) y los informes de inteligencia reconstruyeron la cronología operativa:
- Vigilancia: Los sicarios, identificados como «halcones» o vigías (referidos como «la paloma» en chats interceptados), monitorearon los movimientos del alcalde. Sabían que Manzo estaba transmitiendo en vivo por redes sociales, lo que facilitó su geolocalización.
- La orden: El presunto autor intelectual, Jorge Armando «N» («El Licenciado»), emitió instrucciones precisas a través de mensajería encriptada. La directriz era eliminar al objetivo «a como diera lugar», incluso con daños colaterales.
- La ejecución: Víctor Manuel Ubaldo Vidales, un joven de 17 años, fue el tirador designado. Abrió fuego contra el alcalde en la plaza principal.
- Reacción y evasión: La reacción de los escoltas de Manzo fue inmediata, abatiendo al tirador en el lugar. Cómplices logísticos, identificados como «Ramiro» y «Fernando», lograron huir, reportando el «éxito» de la misión vía WhatsApp.
La respuesta del crimen organizado fue brutal: el CJNG ordenó la ejecución de «Ramiro» y «Fernando» para cortar los lazos con la cúpula. Sus cuerpos fueron hallados el 10 de noviembre en la carretera Uruapan-Paracho. Sin embargo, esta «limpieza» fracasó, pues los teléfonos celulares de los ejecutados no fueron destruidos. Estos dispositivos recuperados contenían los historiales de chat sin encriptar que vincularon directamente a la célula operativa con «El Licenciado».
«El Licenciado»: ¿Asesor del congreso o jefe de plaza criminal?
El 18 de noviembre, fuerzas federales detuvieron a Jorge Armando Gómez Sánchez, alias «El Licenciado», en el Centro Histórico de Morelia.
La estrategia de defensa: Negación y legitimidad institucional
Durante su audiencia inicial en el penal de máxima seguridad del Altiplano, Jorge Armando «N» desplegó una estrategia diseñada para desmantelar la narrativa de la fiscalía.
- Negación del alias: Negó categóricamente ser miembro del CJNG o conocer a sus integrantes, argumentando que «El Licenciado» se refiere a su título académico real.
- Perfil político: En un movimiento para establecer una coartada de respetabilidad, afirmó haber sido asesor en el Congreso de la Unión durante la LXIV Legislatura (2018-2021), trabajando «al servicio de varios diputados federales».
- Trayectoria civil: Se presentó como Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Periodismo. Aportó datos sobre su trabajo como contratista de obra pública para la Comisión Federal de Electricidad (CFE) desde 2012, incluyendo labores de reconstrucción en Xochimilco tras el sismo de 2017, y contratos recientes de obra pública con el ayuntamiento de Santa Ana Maya, Michoacán.
- Alegatos de tortura: Denunció haber sido víctima de tortura física y psicológica por los agentes aprehensores, quienes presuntamente lo amenazaron para forzar una confesión, poniendo en riesgo el debido proceso.
Evidencia en su contra
La FGR sostiene que «El Licenciado» es el jefe de plaza y enlace directo con «El R-1» (Ramón Ángel Álvarez Ayala), líder regional del CJNG. La evidencia se basa en:
- Comunicaciones digitales: Mensajes de WhatsApp donde «El Licenciado» ordena «Muévanse todos», recibe confirmación de la ubicación de Manzo («Ya anda la paloma cuidando la zona») y coordina la ruta de escape de los sicarios.
- Señalamiento anónimo: Una denuncia anónima proporcionó su nombre, dirección en Morelia, características de su vehículo y número celular, coincidiendo con los datos extraídos de los teléfonos de los sicarios muertos.
El reclutamiento del terror: Los anexos y los soldados desechables
La detención de Jaciel Antonio «N», alias «El Pelón», arrojó luz sobre la maquinaria sociológica detrás de la violencia. «El Pelón» fungía como reclutador.
Su modus operandi consistía en infiltrar centros de rehabilitación de adicciones («anexos»). En estos lugares, identificaba a jóvenes vulnerables, adictos a la metanfetamina y marginados, para integrarlos a las filas del CJNG bajo promesa de dinero o coacción.
Víctor Manuel, el tirador de 17 años, y sus cómplices, fueron descritos como productos de este sistema: soldados desechables, intoxicados y prescindibles, reclutados directamente de los espacios donde buscaban sanación.
Grecia Quiroz versus la «Vieja Guardia»: Fractura en el movimiento
Tras el asesinato, Grecia Quiroz asumió el liderazgo político del «Movimiento del Sombrero» y la alcaldía sustituta, adoptando una postura beligerante e inmediata.
Las acusaciones directas contra Morena
Quiroz rompió los protocolos de la alianza tácita al acusar públicamente a figuras de alto nivel de Morena de estar detrás del clima de violencia que mató a su esposo. Señaló directamente a:
- Leonel Godoy Rangel, exgobernador de Michoacán y actual diputado federal.
- Raúl Morón Orozco, senador de la República por Michoacán.
Quiroz sostuvo que su esposo había señalado a estos personajes en vida por «pactos oscuros y corrupción», exigiendo que renunciaran a su fuero para ser investigados.
La respuesta del oficialismo: Sheinbaum y la contención de daños
Las acusaciones de Quiroz provocaron la ira del Presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, quien asumió la defensa del partido.
La narrativa del «Fascismo» y la «Ambición»
Noroña descalificó a Quiroz utilizando términos de peso ideológico, buscando deslegitimarla y transformarla de «víctima» a «operadora política de la oposición».
- Noroña declaró que a Quiroz «se le despertó la ambición» tras la muerte de su esposo.
- Sugirió que sus acusaciones eran una plataforma para buscar la gubernatura de Michoacán en 2027.
- Etiquetó a la alcaldesa como una «figura fascista» e instrumento de la ultraderecha.
- Calificó sus peticiones contra Godoy y Morón como «declaraciones irresponsables» y le exigió formalizar las denuncias.
La intervención presidencial
El ataque frontal de Noroña contra una viuda reciente generó una crisis de óptica, forzando la intervención de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su conferencia matutina («La Mañanera del Pueblo»).
- Llamado a la sensibilidad: Sheinbaum pidió «sensibilidad» y respeto, declarando: «Tiene que haber sensibilidad… si hay un asunto de debate político ya es otro tema, todo a su tiempo».
- Contención de daños: Aunque evitó condenar a Noroña, su mensaje funcionó como una orden de «alto al fuego», buscando desactivar la bomba mediática al separar el duelo del debate político.
Citlalli Hernández, titular de la Secretaría de las Mujeres, también intervino, criticando las formas sin romper con el ala radical. Hizo un llamado público a Noroña y a todos los legisladores a debatir «sin machismo ni misoginia» y con mayor empatía. Ofreció una defensa parcial del senador, argumentando que se le juzga «doble o triplemente» por su estilo directo, aunque insistió en que «se puede expresar de otra forma».
Implicaciones estructurales: Narcopolítica en el Congreso y la encrucijada
El caso de Carlos Manzo y las revelaciones sobre «El Licenciado» exponen el fracaso del modelo de seguridad. Manzo rechazó el Mando Único estatal por corrupto, prefiriendo una policía municipal que, irónicamente, demostró complicidad o negligencia (siete escoltas detenidos).
Si se confirma que Jorge Armando Gómez Sánchez fue asesor del Congreso Federal durante la LXIV Legislatura, se estaría ante una prueba documental de que la narcopolítica ha evolucionado, pasando de ser un agente externo de presión a un componente integrado en la burocracia estatal y federal.
La muerte de Manzo no eliminó a su movimiento; lo radicalizó. Grecia Quiroz, con el manto de mártir y el ataque de Noroña como combustible, se perfila como una fuerza disruptiva para las elecciones y la gubernatura de 2027. La estrategia de Morena de atacarla frontalmente podría ser contraproducente, consolidando el voto de castigo en una región clave para la economía nacional.
El análisis del asesinato de Carlos Manzo ha destapado una red de complicidades que obligan al gobierno federal a enfrentar una crisis política interna. La insistencia de «El Licenciado» en su rol como asesor legislativo y periodista plantea un desafío directo a la narrativa de «limpieza» de la 4T, mientras que el enfrentamiento entre Noroña y Quiroz forzó a la Presidenta Sheinbaum a trazar líneas rojas. ¿Puede el sistema político procesar la verdad sobre la infiltración criminal, o sacrificará la justicia en el altar de la estabilidad partidista? La paz en Uruapan sigue siendo una quimera.
