El 1 de noviembre de 2025, el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, fracturó la política michoacana. Lejos de ser un evento estocástico, informes de inteligencia sugieren que el magnicidio fue una operación de alto nivel, ejecutada por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y orquestada para proteger una red de intereses políticos y financieros locales en Michoacán.
Anatomía de la traición: la eliminación del alcalde y el testigo
El asesinato de Carlos Manzo en el «Festival de la Vela» no fue un simple ajuste de cuentas, sino una maniobra de desestabilización institucional diseñada para reafirmar la hegemonía del CJNG y, simultáneamente, silenciar a un actor político disruptivo. Uruapan, epicentro global de la producción de aguacate, es un nodo logístico y financiero crítico.
El colapso deliberado del esquema de protección
Carlos Manzo operaba bajo un nivel de amenaza crítico, conocido por las agencias de inteligencia, lo que llevó a la asignación de un esquema de seguridad reforzado en mayo de 2025. Sin embargo, la fortaleza de este dispositivo de seguridad era ilusoria debido a la corrupción interna.
El dispositivo constaba de:
- Primer anillo (cercano): Escoltas personales de la policía municipal.
- Segundo anillo (periférico): Catorce elementos de la Guardia Nacional (GN).
- Soporte logístico: Dos vehículos oficiales, presumiblemente blindados.
La operación de inteligencia que llevó al crimen logró cooptar el primer anillo de seguridad. Los escoltas, en lugar de proteger, facilitaron el acceso de los sicarios al objetivo. La investigación condujo a la detención de siete escoltas personales bajo cargos de homicidio calificado por omisión, ya que fallaron en aplicar los protocolos de reacción y evacuación (código rojo).
La ejecución extrajudicial para cortar la cadena de mando
El punto de inflexión del crimen es la muerte de uno de los sicarios. El agresor (identificado preliminarmente como Ubaldo o Víctor Manuel «N», un menor de 17 años) fue neutralizado tras disparar, pero recibió un disparo letal por parte de los propios escoltas de Manzo.
En términos de inteligencia criminal, matar al tirador capturado tuvo un solo propósito: silenciarlo y evitar que delatara a los autores intelectuales y a los operadores en el momento. Esta acción transformó el evento en una conspiración.
Además, la purga continuó. Días después, los cuerpos sin vida de los logistas (Ramiro «N» y Fernando Josué «N», también menor de 16 años) fueron localizados. La célula operativa humana fue eliminada por completo.
Un dato crítico es la existencia de un octavo escolta que permanece prófugo. Su fuga sugiere que pudo haber sido el coordinador interno de la traición, cuyo escape fue pactado previamente.
La estructura criminal: reclutamiento y la falla judicial sistémica
La investigación ha permitido identificar una sofisticada jerarquía operativa del Cártel Jalisco Nueva Generación responsable del atentado, pero que evidencia las fallas graves del sistema judicial mexicano.
Nivel estratégico: Ramón Álvarez Ayala, alias «R-1»
En la cúspide de la operación se identifica a Ramón Álvarez Ayala, alias «R-1», señalado como el jefe de plaza y líder regional del CJNG. Las comunicaciones interceptadas lo refieren como «El Patrón», quien autorizó la operación y el presupuesto para su ejecución.
El perfil de «R-1» ilustra la crisis judicial: fue detenido en 2012 y encarcelado durante una década, pero fue liberado en noviembre de 2024 —apenas un año antes del magnicidio— tras ser absuelto por una jueza que desestimó pruebas, a pesar de múltiples carpetas por delincuencia organizada.
Nivel táctico-logístico: Jorge Armando «N», alias «El Licenciado»
Bajo el mando de «R-1» operaba Jorge Armando «N», alias «El Licenciado», cuyo rol era gerencial. Gestionó la logística financiera y operativa, siendo el encargado de administrar la oferta de 2 millones de pesos que el cártel puso por la vida del alcalde. Su detención en Morelia fue clave para desbloquear información en chats encriptados.
Nivel operativo: Jaciel Antonio «N», alias «El Pelón»
Jaciel Antonio «N», alias «El Pelón», actuaba como el reclutador y gestor de recursos humanos desechables. Fue capturado el 24 de noviembre de 2025 en Uruapan.
Su perfil delictivo es particularmente perverso, combinando la trata de personas con la extorsión agravada:
- Reclutamiento en anexos: El centro de rehabilitación «Renaciendo Uruapan» ha sido identificado como el punto focal de sus operaciones. Usaba estos lugares, que operan sin supervisión del Estado, como cantera de reclutas vulnerables (adicciones, precariedad).
- Extorsión familiar: Un hallazgo crítico es que «El Pelón» extorsionaba a las madres de los jóvenes reclutados, utilizando la información sobre las actividades delictivas de sus hijos —o el riesgo que corrían sus vidas— para exigir pagos a las familias empobrecidas.
Este modelo de negocio criminal usaba a los reclutas como mercancía de doble flujo: generaban valor al ejecutar la violencia y al ser utilizados como rehenes virtuales para extraer rentas.
La contradicción forense: evidencia sembrada en la escena del crimen
La versión oficial de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal se basa en el hallazgo de teléfonos celulares de los cómplices asesinados, cuyos mensajes condujeron directamente a «El Licenciado».
Esta evidencia presenta una contradicción insalvable. Se pide creer que una organización tan sofisticada como el CJNG para infiltrar la seguridad y ejecutar una purga interna, fue al mismo tiempo tan incompetente como para dejar dispositivos móviles desbloqueados, sin encriptar y llenos de mensajes explícitos que incriminan a su jefe regional.
La teoría de la evidencia paralela
En operaciones de inteligencia, esta técnica se conoce como evidencia paralela: se eliminan las fuentes humanas (impredecibles y volátiles) y se sustituyen por evidencia técnica (controlable y fabricada). Los mensajes sirven a una función narrativa específica:
- Vinculan el crimen exclusivamente al narcotráfico (CJNG).
- Proporcionan un nombre («El Licenciado») para una captura rápida.
- Desvinculan el crimen de cualquier motivación política.
La captura de «El Licenciado» junto a los siete escoltas cierra el círculo judicial perfecto: el Estado muestra eficacia, se culpa al narco (el enemigo conveniente), y se archiva la investigación política.
El móvil político: la triada de enemigos de Morena
La viuda, Grecia Quiroz (actual alcaldesa sustituta), ha roto el silencio señalando directamente a tres figuras de peso en Morena. El móvil no es el narcotráfico per se, sino el riesgo político y penal que Manzo representaba para estos actores.
Ignacio Campos Equihua: el miedo a la prisión
El exalcalde de Uruapan, Ignacio Campos, era el eslabón más débil y el más amenazado. Antes de morir, Manzo presentó más de 80 denuncias penales y administrativas contra la administración de Campos, documentando irregularidades por más de 320 millones de pesos. Para Campos, la muerte de Manzo significaba la parálisis de los expedientes y su libertad personal.
Leonel Godoy Rangel: el «padrino» y el control territorial
Leonel Godoy, exgobernador y actual diputado federal, representa el poder fáctico de Morena en la región. Manzo acusó públicamente a Godoy de ser el «Padrino» político de Ignacio Campos y de orquestar campañas de desestabilización. El triunfo independiente de Manzo y su rechazo a someterse a la línea de Morena desafiaban la hegemonía godoyista en Uruapan.
Raúl Morón Orozco: la rivalidad por la gubernatura
El senador Raúl Morón Orozco es aspirante natural a la gubernatura de Michoacán en 2027. Carlos Manzo, con su movimiento «La Sombreriza», estaba creciendo exponencialmente y amenazaba con dividir el voto, poniendo en riesgo la continuidad de Morena. El asesinato elimina a un competidor carismático y formidable.
La contraofensiva oficialista y la «cortina de humo»
El aparato político de Morena respondió con el senador, Gerardo Fernández Noroña, quien lanzó acusaciones contra Grecia Quiroz. Noroña declaró que a Quiroz «se le despertó la ambición» y que sus señalamientos buscan posicionarla para la gubernatura de Michoacán en 2027, desacreditando su testimonio como una estrategia de marketing político.
El objetivo de esta retórica es claro: transformar a la víctima en oportunista política y crear una «cortina de humo» inversa para evitar discutir el móvil político real.
La política de seguridad como detonante
Más allá de las rivalidades, la política de seguridad de Manzo representaba una ruptura inaceptable con el modelo de gobernanza criminal.
- Rechazo al mando único: Manzo se opuso frontalmente a la firma del Mando Único Policial impulsado por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. Al negarse a entregar el mando, cortaba el flujo de recursos ilícitos hacia la estructura estatal corrupta.
- La «Guardia Ciudadana»: El alcalde coqueteaba con la idea de la autodefensa ciudadana institucionalizada. Para el gobierno federal y estatal, el resurgimiento de un líder con una base armada amenazaba con romper el monopolio de la fuerza que el Estado comparte tácitamente con los cárteles hegemónicos.
El ciclo de reclutamiento y muerte
El asesinato de Carlos Manzo fue un crimen de Estado por omisión y una ejecución corporativa por acción. La detención de operadores tácticos como «El Licenciado» y Jaciel Antonio «N» («El Pelón») ha sido fundamental para destapar la maquinaria de reclutamiento y extorsión que se alimenta de la juventud michoacana en los centros de rehabilitación. Estos anexos, al operar sin supervisión, funcionan de facto como centros de reclutamiento forzado para el crimen organizado, una crisis de salud pública metamorfoseada en seguridad nacional.
Con la libertad de «R-1» (Ramón Álvarez Ayala), la cabeza estratégica del CJNG sigue activa. Mientras los autores intelectuales estratégicos permanezcan libres y la Fiscalía General de la República (FGR) no investigue con rigor las denuncias contra Ignacio Campos, Leonel Godoy y Raúl Morón, el caso Manzo se consolidará como un testimonio de que la maquinaria del Estado y el narco se sincronizan para eliminar la amenaza cuando un político local desafía a ambos poderes. El desafío será vincular sólidamente a los detenidos con el homicidio intelectual, utilizando la evidencia digital de los teléfonos de los jóvenes asesinados y los testimonios de las madres extorsionadas como piedra angular.
