El Instituto Nacional Electoral (INE) modernizó sus sistemas de seguridad, instalando videocámaras y torniquetes nuevos en sus 40 inmuebles. La institución justificó la acción debido a la antigüedad de 15 años del equipo previo y a la existencia de “puntos ciegos”. Sin embargo, el Comité de Transparencia declaró que el costo y los detalles del contrato son información reservada por razones de seguridad nacional.
La justificación del INE: Sistemas anticuados y puntos ciegos
Funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE), quienes ofrecieron un recorrido a medios de comunicación el 23 de enero de 2026, defendieron la instalación de nuevos sistemas de control y accesos, que incluyen más videocámaras y torniquetes. Este plan abarca la totalidad de las instalaciones del Instituto, es decir, 40 inmuebles que comprenden 32 sedes estatales y ocho centrales.
La razón principal, según los funcionarios, fue que el equipo anterior había operado con una antigüedad de casi 15 años y presentaba “puntos ciegos” críticos para la seguridad. El INE señaló en una tarjeta informativa que esta actualización era un paso de modernización largamente postergado, ya que la institución había operado con sistemas manuales y tecnología rebasada durante ese lapso.
Asimismo, los funcionarios descartaron que este proyecto respondiera a alguna amenaza específica contra la institución. Rechazaron la acusación de espionaje o vigilancia excesiva, asegurando que la meta es únicamente tener «algo robusto que nos cuide», similar a las medidas aplicadas para resguardar los paquetes electorales, el cómputo de votos o el padrón del Registro Federal de Electores.
El detalle de la tecnología instalada
El titular de la Unidad Técnica de Servicios de Informática, José Alberto Pérez de Acha, fue directo al describir las especificaciones de los nuevos dispositivos. Confirmó que el fabricante de los equipos es Verkada.
Pérez de Acha mencionó que los insumos nuevos utilizan “tecnología estándar, que cualquier dependencia usa”, y aunque tienen funciones múltiples que incluyen “las de inteligencia artificial”, el audio está “deshabilitado de fábrica”.
Detalles clave de los equipos:
- Fabricante: Verkada.
- Tipo de función: Se limitan exclusivamente a videograbación y son solo cámaras “chiquitas, nada más de tráfico”.
- Funciones avanzadas: Incorporan tecnología de inteligencia artificial.
- Características deshabilitadas: El audio está deshabilitado. No cuentan con registro biométrico.
- Costo estimado: El rango de precios básicos, basado en búsquedas en internet, oscila entre los 499 hasta los 3 mil dólares, dependiendo de la gama de las cámaras, licencias y soportes.
La polémica de la reserva por seguridad nacional
Aunque el INE convocó a medios para mostrar el avance de la modernización, todo lo relacionado con el aspecto económico del plan fue negado. Esta semana, el comité de Transparencia del INE declaró que los datos sobre la inversión en los sistemas de control y accesos son “información reservada por razones de seguridad nacional”.
Esta decisión implica que el Instituto no hará público:
- El nombre de la empresa beneficiada con el contrato.
- Las características específicas del mismo.
- Los costos totales que significó esta actualización tecnológica.
¿Vigilancia o protección? La postura de las autoridades
Ofelia Sánchez, coordinadora de Seguridad y Protección Civil del INE, abordó directamente la preocupación sobre si la instalación de cámaras de videovigilancia tan sofisticadas constituye una medida desmedida.
Sánchez expuso que la intención es “solo con fines de seguridad”. Subrayó que la meta institucional “no es de alguna u otra forma vigilarlos, obstaculizarlos” a los trabajadores o visitantes. Aunque reconoció que los nuevos sistemas puedan parecer “algo totalmente excesivo”, insistió en que responden a la necesidad de resguardar funciones estratégicas del Estado.
Esta modernización, postergada por 15 años y ejecutada finalmente en 2026, pone en tensión la necesidad de proteger infraestructura estratégica —como la que resguarda el voto y la identidad de los ciudadanos— contra la obligación de transparencia en el manejo de recursos públicos, especialmente cuando involucra contratos millonarios y tecnología con capacidades de inteligencia artificial. ¿Es la «seguridad nacional» una justificación suficiente para opacar los detalles de una inversión tecnológica de esta magnitud?
