La Organización de Naciones Unidas (ONU) ha encendido las alarmas sobre la salud financiera de la economía mexicana, señalando que México es la nación de América Latina que destina la mayor proporción de sus ingresos tributarios al pago exclusivo de los intereses de la deuda pública. Este fenómeno, que recorta drásticamente el marco fiscal, posiciona al país frente a una presión inédita que exige un análisis riguroso y urgente.
México lidera la carga de intereses en América Latina
Según el más reciente informe de la ONU sobre la Situación Económica Mundial, el costo financiero de la deuda está mermando significativamente la capacidad de gasto del estado mexicano. Mientras que la región de América Latina y el Caribe vio un aumento en la carga de intereses —alcanzando cerca del 18 por ciento de los ingresos por contribuciones para el cierre de 2025 (cinco puntos porcentuales por encima de 2020)—, el caso de México es notablemente más grave.
El documento revela que la proporción de ingresos tributarios destinada a intereses en México pasó de estar por debajo del 19 por ciento a rozar el 25 por ciento para el cierre de 2025.
Entre las grandes economías comparadas por el organismo, México es la que más ve recortado su margen fiscal por el pago del costo financiero. Esta métrica coloca al país por encima de otras naciones significativas en el continente, incluyendo:
- Brasil.
- Argentina.
- Colombia.
- Chile.
El costo real de la deuda pública México
Los datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) corroboran la preocupación de la ONU. A noviembre de 2025, el país había gastado un billón 71 mil 671.5 pesos solamente en los intereses, comisiones y otros gastos relacionados con la deuda pública.
Este monto equivale al 21.8 por ciento de lo captado vía recaudación tributaria durante el mismo periodo, lo que demuestra la magnitud del compromiso financiero que absorbe recursos que podrían destinarse a inversión social o infraestructura.
El crecimiento de esta carga ha sido constante y acelerado:
- Hasta noviembre de 2025, el costo financiero de la deuda reportaba un incremento acumulado del 11.2 por ciento.
- Este incremento es significativamente mayor al 4.3 por ciento registrado en los primeros once meses de 2024.
La deuda interna presiona al sistema financiero
El aumento en el pago de intereses no es uniforme. Los datos de Hacienda indican un aumento del 9.2 por ciento en el pago de intereses por la deuda externa, pero el incremento más notable se localiza en la deuda interna, que repuntó un 11.9 por ciento.
Dos factores clave explican este fenómeno:
- Tasa de referencia: Los efectos del incremento de la tasa de referencia implementada por el Banco de México.
- Mercado en pesos: La estrategia de buscar más financiamiento en el mercado en pesos, lo que ata el costo financiero a las decisiones internas del Banxico.
El explosivo costo en Pemex y CFE
El análisis de la SHCP revela un dato crítico sobre la situación de las empresas productivas del Estado. Hasta el undécimo mes de 2025, el costo financiero de la deuda que más se disparó fue el de los organismos y empresas —entre las que se cuentan Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad—, con un repunte alarmante del 73.6 por ciento.
En contraste, la deuda del gobierno federal avanzó de forma mucho más moderada, con un 3.3 por ciento. Este desequilibrio subraya la vulnerabilidad financiera particular de las paraestatales estratégicas, cuyo creciente costo de deuda impacta directamente sobre el marco fiscal nacional.
El diagnóstico de la ONU, que señala a México como el país de la región que más recursos tributarios destina a pagar intereses, combinado con los datos de Hacienda que revelan un incremento acumulado del 11.2 por ciento, pinta un panorama de creciente estrechez fiscal. La deuda pública México, impulsada por las altas tasas y el financiamiento interno, se consolida como una de las principales amenazas a la estabilidad presupuestal, especialmente con el desmedido aumento del 73.6 por ciento en el costo de la deuda de gigantes como Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad. ¿Hasta qué punto puede la administración federal mantener la presión sobre sus ingresos tributarios sin comprometer la inversión futura y la estabilidad macroeconómica?
