Las políticas de mano dura implementadas por el presidente Nayib Bukele en El Salvador, que han llevado al encarcelamiento de cerca de 91,000 personas desde 2022, han provocado que más de 62,000 menores de 15 años queden en la pobreza, estigmatizados o traumatizados, según la ONG Cristosal. Este es el costo social de la reducción drástica de la violencia en el país.
El régimen de excepción: cifras y consecuencias humanas
La ofensiva del presidente Bukele ha logrado reducir la violencia a mínimos históricos en El Salvador. Sin embargo, este resultado se apoya en un estado de excepción que autoriza arrestos sin orden judicial desde 2022. Grupos de derechos humanos señalan que miles de detenidos podrían ser inocentes, una postura que el gobierno rechaza. Pese a ello, las autoridades han reconocido la liberación de cerca de 8,000 personas debido a la falta de pruebas.
Según la reconocida ONG Cristosal, la aplicación de estas políticas ha afectado a unos 62,000 menores de 15 años, quienes han sufrido alguna forma de abandono o impacto negativo. Cristosal denuncia detenciones arbitrarias y reporta que la falta de atención estatal a estos jóvenes personifica una «crisis silenciosa». La organización advierte que el verdadero «impacto se observará en las décadas por venir».
El estigma y el trauma de la separación forzada
El trauma de la separación se une al estigma social, especialmente entre compañeros de escuela. Los menores no solo pierden el sustento familiar sino que deben cargar con la etiqueta de ser hijos de un delincuente.Caso de José Urquía y su hija Jade
Jade, de 16 años (nombre ficticio), vive en El Rosario, 50 kilómetros al este de San Salvador. Su padre, José Urquía, fue detenido en agosto de 2023. Jade y su hermano de 13 años quedaron al cuidado de su abuela, Sara Rivas.
Jade relató a Afp la dificultad de enfrentar la acusación de sus compañeros: «Me lastima cuando me dicen (vaya) a saber qué marero (pandillero) es (…). Siempre hay personas que me lo mencionan diciéndome que mi papi es un delincuente». Ella sostiene que su padre, de 37 años, es inocente. La joven ha decidido cambiar de colegio al entrar a la secundaria para intentar «comenzar de cero» y huir del estigma.Caso de los gemelos Carmen y Manuel
En Zacatecoluca, 60 kilómetros al este de San Salvador, la vida de los gemelos Carmen y Manuel (nombres ficticios), de 17 años, cambió radicalmente en junio de 2022 tras la detención de su padre, José Ángel Ruiz, un distribuidor de pan de 36 años.
Carmen describió la detención como «horrible porque no fue un abandono que él haya decidido, sino que nos lo quitaron de nuestros brazos». Los gemelos, quienes aseguran que Ruiz tampoco tenía antecedentes criminales, han tenido que aportar al sustento de la familia y de sus tres hermanos menores. Carmen trabaja limpiando casas y bañando mascotas, mientras que Manuel se desempeña como albañil. Pese a la interrupción forzada de su niñez —»Me tocó madurar demasiado rápido, me quitaron la infancia»—, Carmen finalizó su bachillerato con honores.
Respuestas institucionales y el riesgo de abandono escolar
Cristosal subraya que muchos niños separados de sus padres, o de ambos, abandonan la escuela para trabajar al quedar bajo custodia de familiares que viven en la pobreza. Esto representa una pérdida educativa que agrava su situación futura.
La entidad encargada de la niñez en el gobierno, Conapina, fue consultada por Afp y detalló que proporciona «atención sicológica y emocional» a los hijos de los presos y asiste a las familias que los cuidan para que emprendan negocios. Sin embargo, Conapina argumentó que, en algunos casos, los padres que pertenecían a pandillas eran «los principales responsables de la vulneración de derechos de sus hijos».
La estadística fatal en prisión
La posibilidad de reunión no existe para todos. Entre 2022 y 2024, Cristosal asegura que casi 180 menores han sufrido la muerte de su padre o madre mientras estaban encarcelados bajo el estado de excepción. Adicionalmente, la ONG Socorro Jurídico reporta un total de 470 muertos en prisión durante la vigencia del régimen.
El dato apunta a un panorama oscuro para aquellos que esperan que sus seres queridos regresen.
Los datos indican un coste social sin precedentes. Mientras El Salvador celebra la baja criminalidad, el verdadero desafío para el presidente Bukele y las futuras administraciones será cómo sanar el trauma de 62,000 jóvenes cuya infancia fue truncada, y cómo reintegrar a las 8,000 personas liberadas que fueron reconocidas como detenidas sin pruebas suficientes.
