Por Gilberto Avilez
El 1 de agosto de 2024, la inefable presidenta municipal de Felipe Carrillo Puerto, Mary Hernández Solís, suscribió una defensa indigesta del Gran Consejo Maya, avalándolo -sin ninguna justificación jurídica, administrativa o histórica posible- como el único representante de los mayas en Quintana Roo.
Hace unas semanas, a las manos de este articulista, llegó un documento firmado por Hernández y con sello de su presidencia, obtenido de los autos del litigio que actualmente prosigue una facción de los dignatarios mayas contra Grupo Xcaret por apropiación indebida del patrimonio cultural del pueblo maya (a Xcaret, este importante grupo de jefes mayas le reclaman que se abstenga de utilizar elementos patrimoniales de esta cultura para uso y explotación comercial como sucede con sus recreaciones del juego de pelota maya, algunas danzas rituales, la mercantilización del janal pixán en el Festival de Vida y Muerte, o las abigarradas bodas mayas) donde hace constar, da “constancia”, aquella presidenta ladina, que “el Gran Consejo Maya es el único órgano Máximo de Representación indígena del Estado de Quintana Roo” (véase el documento que anexamos al final de este texto).
Como señalamos en un artículo anterior para la prensa (Avilez, 2024) esta queja, puesta ante el Indautor, data de mayo de 2023 y la puso al principio el Gran Consejo Maya, un órgano emanado del poder estatal, que guarda antecedentes desde 1970 y 1998, y que en reiteradas ocasiones ha sido cuestionado su legitimidad –tanto por los mismos jefes mayas, así como algunos estudiosos del derecho indígena en Quintana Roo- para representar a los mayas de Quintana Roo, que en su historia de casi 180 años, crearon órganos de representación propios que les ha servido para resistir, negociar y confrontarse a los poderes del Estado nación, el Estado regional yucateco, y la creación del aparato estatal en la zona. De a un tiempo a esta parte, el mal ejemplo del autoritarismo indigenista del sexenio de Villanueva Madrid, que en el año de 1998 creó con un corte denodadamente clientelar el Gran Consejo Maya (una “excrecencia estatal” salida no de las comunidades mayas, sino de los despachos y recintos legislativos ladinos de Chetumal), fue retomado en 2017 por el gobierno joaquinista al reformar las leyes en materia indígena en el estado, y la irrazón histórica de ese primer Gran Consejo Maya, fue convertido en un burdo órgano servil de los poderes ladinos estatales y, ahora, hasta municipales.
Retomando la queja contra Grupo Xcaret de mayo de 2023, apuntemos que cuando los “mayas hidalgos” –es decir, los mayas al servicio del poder ladino en Quintana Roo- del Gran Consejo Maya llegaron a una amigable composición con los abogados del Grupo Xcaret para declinar de sus quejas y aceptar las migajas del grupo Xcaret, un grupo tradicional de jefes mayas, los herederos directos del espíritu combativo del desaparecido General José Isabel Sulub, no aceptaron ninguna amigable composición, y decidieron proseguir la lucha en solitario, a pesar de que se iban a topar con la cerrazón estatal, municipal y con el enorme mecanismo corruptor del poder económico del Grupo Xcaret.
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Actualmente, me comentan los que siguen pormenorizadamente la litis interpuesta por los jefes mayas contra el grupo Xcaret, se formula, con razones jurídicas de peso, una moción de inconstitucionalidad contra el Gran Consejo Maya, que contraviene a las claras la Constitución federal en materia de consulta legítima a los pueblos indígenas: ni en tiempos del oscurantismo villanuevista, y tampoco en tiempos del joaquinismo, se había consultado formalmente a los pueblos mayas para la creación de leyes supuestamente en “materia indígena”, pero legisladas según la lógica jurídica blanca. Y esto en el entendido de que el Gran Consejo Maya es un órgano estatal, otra correa de trasmisión violatorio de la autonomía organización indígena cruzoob, que le fue impuesto a los mayas de Quintana Roo para el control político, social y ahora hasta cultural, y también en el sobreentendido que el Gran Consejo Maya favorece los intereses de Xcaret, al prostituir, y mercadear, éste último, la cultura de los pueblos indígenas. Al menos en varias cláusulas constitucionales en materia indígena del artículo 2 de la Constitución federal, una vez analizado los orígenes estatales –y no comunitarios, emanados de la tradición de los pueblos cruzoob- del espurio y apócrifo Gran Consejo Maya de Quintana Roo, podemos entender las exigencias de su desaparición formuladas por los jefes mayas que hoy realizan la batalla por su dignidad contra Xcaret, como mociones necesarias que se formulan de cara a su crasa inconstitucionalidad. El Gran Consejo Maya –y, por ende, las leyes en materia indígena que lo respaldan y lo normativizan- es inconstitucional porque violenta la letra y el espíritu de al menos la fracción I, III y IV del apartado A del artículo 2 de la Constitución Federal, con su última reforma en materia indígena entrada en vigor el 1 de octubre de 2024. Dichas fracciones (escrito en cursiva), señalan lo siguiente: Se reconoce a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio para:
- Decidir, conforme a sus sistemas normativos, y de acuerdo con esta Constitución, sus formas internas de gobierno, de convivencia y de organización social, económica, política y cultural: el Gran Consejo Maya, como excrecencia del poder estatal, no tiene nada que ver con las formas de gobierno interno de las comunidades mayas cruzoob, estructuradas mediante sus centros ceremoniales. No existe un “gran centro ceremonial” o un “general de generales” que gobierne a todos los centros. Ergo, violenta la letra y el espíritu de la Constitución Federal, y, por lo tanto, se hace necesario su desaparición por inconstitucional.
- Elegir de acuerdo con sus sistemas normativo a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno: por supuesto, el Gran Consejo Maya, sus miembros no fueron electos de acuerdo con el sistema normativo indígena, sino con el sistema normativo estatal, de acuerdo con la Ley de Derechos, Cultura y Organización indígena, ley creada bajo los auspicios legislativos estatales.
- Preservar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural, material e inmaterial, que comprende todos los elementos que constituyen su cultura e identidad. Se reconoce la propiedad intelectual colectiva respecto de dicho patrimonio, en los términos que dispongan las leyes: Por supuesto, y como hemos apuntado, el Gran Consejo Maya, como excrecencia del poder estatal, al aceptar que Xcaret siga lucrando con la cultura maya, no preserva, no protege y no desarrolla su patrimonio cultural ante los extraños, y por ende contribuye al deterioro cultural y la identidad del pueblo maya cruzoob. Se hace entonces forzoso su eliminación. Por el contrario, el grupo de jefes mayas de los centros ceremoniales, son los que sí han proseguido la defensa cultural de su pueblo, y a ellos, los órganos estatales, vía las leyes ladinas, lo han considerado ilegítimos para representar a los mayas, por más que sus formas de organización sean anteriores no solo a las leyes en materia indígena, no solo anteriores al Inmaya y a su Gran Consejo Maya, sino hasta al municipio ladino que dirige Mary Hernández y hasta anterior al Estado quintanarroense. Es producto directo de la larga lucha por su autonomía de los pueblos cruzoob.
El Gran Consejo Maya, en ese sentido, no tiene razón de ser. No sé consultó al pueblo maya para su constitución, ni en 1998, ni menos en 2017. Es un producto del estado regional, de tiempos del villanuevismo y del vulgar Joaquinismo. Ergo, se puede alegar su inconstitucionalidad siguiendo lo estipulado en el 2 Constitucional.
Tanto la primera edil carrilloportense, como el “caxlaán” Gran Consejo Maya, siguen las órdenes de su patrón Grupo Xcaret, para violentar los derechos de los verdaderos pueblos mayas de Quintana Roo.
Mary Hernández, se presta a los dictums de Xcaret, y siguiendo órdenes de sus patrones comerciales, firma documentos oficiales reconociendo, como presidenta municipal, que el Gran Consejo Maya es el único representante de los mayas en Quintana Roo. ¿Con qué derecho, con qué cara puede suscribir esto, si vemos a las claras su desprecio al pueblo maya? Por supuesto, recibe órdenes de sus patrones Quintana Pali y sus “xueños” extractivistas, etc.
Hace unos meses, apuntamos que el Gran Consejo Maya actual, es una prueba evidente de la conculcación de derechos indígenas que existe en Quintana Roo, pues siendo una creación del estado, ha servido como el brazo militar para acallar la rebeldía indígena y querer imponer una voluntad autoritaria a diestra y siniestra. Desde hace unos años los jefes mayas de Tixcacal, de Chumpón y Chancá Veracruz han pedido al gobierno la desaparición de ese Gran Consejo Maya, y actualmente están haciendo valer su autonomía y libre determinación, yendo en contra de los abusos de autoridad y prepotencia de Gabino Cruz Yeh y Simón Caamal, que hace unos años le hicieron un golpe de estado al General José Isabel Sulub para destituirlo del cargo de presidente del Gran Consejo Maya con ayuda del INMAYA de Delta Moo, en tiempos del oscurantismo joaquinista. Valiéndose de su cercanía con el poder regional, Gabino Cruz Yeh ha destituido como dignatario maya –además de quitarle los pocos recursos que bimestralmente apoya el estado quintanarroense a los dignatarios- a más de uno que ha osado cuestionarle su mal proceder. Aun así, el estado regional lo sigue apapachando sin conocer de cerca ese ya largo pleito interno que ha provocado la intromisión estatal en las comunidades y centros ceremoniales, mediante el INMAYA y su órgano represor, el Gran Consejo Maya. Frente a esto, las comunidades indígenas, mediante sus centros ceremoniales, están dando la batalla final por su autonomía. Incluso en Chancá Veracruz, de donde es general Gabino Cruz Yeh, el pueblo lo cambió como general porque no hacía nada salvo cuando obtendría un beneficio personal, y en su lugar se puso a Candelario Yeh Alcocer, un líder maya preocupado por su pueblo y pueblos comarcanos, que es firmante y uno de los continuadores contra la demanda a Xcaret. Pero Gabino, con la fuerza del estado, lo destituyó –tal y como lo hizo con el general Sulub- y hasta lo expulsó de su comunidad, y siguió imponiendo su grado de generalote maya al servicio del poder ladino (Avilez, noviembre de 2024).
Lo cierto es que la categorización como inconstitucionalidad del Gran Consejo Maya, que se podría resolver en tribunales, sentaría un gran precedente en materia indígena en el país. El precedente de no aceptar pantomimas y simulacros de órganos seudo indígenas al servicio de los poderes ladinos.
Mientras que desde hace un año los dignos jefes mayas de los centros ceremoniales mayas de Chumpón, Chancá Veracruz (una facción maya abiertamente opuesta al “maya hidalgo” vendido a Xcaret y al gobierno, Gabino Cruz Yeh) y TIXCACAL Guardia, retomaron una denuncia contra el grupo Xcaret por “apropiación cultural”; en Carrillo Puerto las autoridades ladinas de ese municipio no se han detenido para darle la bienvenida a Quintana Pali y su consorcio extractivista, y más cuando ahí viene la “puerta al mar” dónde pasarán un sinfín de piratas de cuello blanco y otros bucaneros del turismo salvaje. Los jefes mayas (no los vendidos al gobierno, a Xcaret, al Inmaya) de Quintana Roo están en pie de guerra otra vez -y cuantas veces sean necesarias- para defender no solo su histórica autonomía, sino para exigir con muchas razones que una empresa vampírica como es Xcaret, sea solidaria y contribuya con proyectos directos a las comunidades mayas para su desarrollo.
Los jefes mayas que no se venden por 30 denarios a Xcaret, ni menos hacen caso a los cantos indigenistas del gobierno regional, desde hace unos años –al menos desde 2019- han pedido, una y otra vez, la desaparición del Gran Consejo Maya Xcaretizador. En diciembre de 2019, con el General José Isabel Sulub todavía vivo, exigieron en el Congreso estatal, vía la reforma a la Ley De Derechos, Cultura y Organización indígena en Quintana Roo, la desaparición de ese ente execrable, de ese gamonal moderno del Estado indigenista xcaretizador. El 4 de febrero de 2020, este grupo de jefes mayas, generales de varios centros ceremoniales, con Sulub a la cabeza, insistieron en la eliminación del Gran Consejo Maya “al considerar su creación como un medio de controlar a los guardianes de Centros Ceremoniales e iglesias tradicionales para fines políticos”. Y no solamente, como hemos visto recientemente con la genuflexión del Gran Consejo Maya a Xcaret, el control para fines políticos sino también para fines turisteros, con la venta impune de la cultura maya. La más reciente manifestación de los Dignatarios Mayas antes de actuar por vías de los tribunales jurisdiccionales, buscando la eliminación del Gran Consejo Maya, se dio en diciembre de 2022 (Por Esto! 12 de diciembre de 2024). En aquella ocasión, los jerarcas de Tixcacal Guardia, de Chumpón, de Chancah Veracruz y de la Cruz Parlante, apuntaron algunas razones para la eliminación del Gran Consejo Maya:
- Solo ha creado divisionismo entre los jerarcas, y con suma prepotencia ha separado y puesto y dispuesto de Dignatarios mayas sin consultar a los Centros Ceremoniales y a toda la estructura religiosa militar. Es decir, contrario a lo dispuesto por la ley ladina, los jerarcas mayas consideran que el órgano de control y decisión final de los mayas cruzoob, no es ese supuesto Gran Consejo Maya, sino todos los Centros Ceremoniales y su estructura religiosa militar.
- En ese sentido, el INMAYA, una institución ladina, se sirve del Gran Consejo Maya y no dialoga directo con los que históricamente son antes que el GCM: los centros ceremoniales y su estructura religiosa militar.
- En aquella ocasión, los jerarcas mayas referían que el Gran Consejo Maya se estableció como una asociación civil y posteriormente fue “notariada”. Estas figuras jurídicas, apuntaban los jefes mayas, “no existen en la religión militar de nosotros, los Dignatarios Mayas. También el Gran Consejo Maya no existía en la estructura religiosa militar de los centros ceremoniales, esto fue invento del ex gobernador Carlos Joaquín González y fue decretado por los legisladores que estaban en ese momento”.
- En ese sentido, los jefes mayas también mencionaron que el Gran Consejo Maya “va en contra de nuestras tradiciones, usos y costumbres, y la autonomía y la libre determinación de los centros ceremoniales.
Si los jefes mayas lo tienen bien claro, de que se hace forzoso, necesario la desaparición del Gran Consejo Maya, y que la historia y los derechos de los pueblos originarios le otorgan sustento legal, argumental y racional, por violentar claramente el orden constitucional en materia indígena; desde la academia se ha trabajado igual para eso. Recientemente leí un trabajo al respecto (Landrove, 2021) donde se analizaba estos conflictos generados entre los jefes mayas por la intromisión del estado regional mediante el Gran Consejo Maya y el INMAYA. Landrove apuntaba que cada uno de los centros ceremoniales cuentan con una historia y un desarrollo propio: “En ningún caso, las relaciones entre los centros requieren de una figura que agrupe a sus autoridades a que las constituya en un grupo jerárquico superior que le otorgue el derecho de tomar decisiones de unos sobre otros. Es así que se vuelve innecesaria, y por lo tanto ilegítima, la existencia de una entidad tal como el Gran Consejo Maya, que se presenta como el organismo rector que agrupa y tiene capacidad de decisión sobre los centros ceremoniales”. Es un hecho que, en la práctica, el Gran Consejo Maya no es sino una “re-edición de los esquemas anterior de gobernar” a los mayas a través de representantes mayas, pero que están al servicio del gobierno estatal (lo mismo podemos decir para el INMAYA, incluso para el INPI). Para Landrove –secundado esto por las apreciaciones mismas de los jefes mayas, como hemos visto con anterioridad- “el surgimiento mismo del Gran Consejo Maya se constituye como una violación de la autonomía política del pueblo maya macehual, que debe ser entendida más bien dentro de las dinámicas del paternalismo estatal y a la luz de intereses particulares de figuras políticas”.
Por supuesto, los jefes mayas ya están dando no solo la batalla a Xcaret, sino que ahora van a sentar un precedente en todo el país: el hacer valer sus derechos al exigir la desaparición inmediata del Gran Consejo Maya, el mecanismo autoritario de control político que han querido imponer los ladinos en el poder, a costa de la autonomía del pueblo de los herederos de la Cruz Parlante.
Bibliografía
Avilez, Gilberto (2024). “Contra la Xcaretización galopante, la facción más tradicionalista de los mayas cruzoob prosiguen una lucha contra la apropiación cultural del grupo Xcaret”. Caribe Peninsular. 4 de noviembre.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Última reforma, 1 de octubre de 2024 (entrada de vigencia).
Ley de Derechos, Cultura y Organización Indígena de Quintana Roo.
Landrove, Hilda (2021). “Los conflictos del Gran Consejo Maya: Dinámicas de la relación entre los mayas y el Estado de Quintana Roo”.
Xiu Chan, Justino (2022). “Dignatarios Mayas promueven la eliminación del Gran Consejo Maya”. Por Esto! 12 de diciembre.
