La indignación crece entre los ahorradores de Came, la Sociedad Financiera Popular (Sofipo) cuya licencia fue revocada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) este lunes. Con la institución ahora en proceso de liquidación, la promesa de recuperar hasta 213 mil pesos a través del seguro de depósito no disipa el clamor de quienes denuncian un «fraude» y una prolongada agonía de incertidumbre.
La indignación de los ahorradores frente a un «fraude» anunciado
Las reacciones no se hicieron esperar: «esto es un fraude», «¿dónde está todo el dinero?» o «son seis meses de vivir un infierno» son solo algunas de las voces que resuenan entre los afectados. Para Edna Ávila, una de las voceras del grupo de ahorradores que ha mantenido protestas desde abril, la situación es clara. «Esto no es una quiebra, es un fraude, no debería existir una sola Sofipo más, no seremos el nuevo Ficrea», sentenció.
Lizbeth Morales Rohde, otra de las voceras, expresó su frustración. «Estoy enojada con las autoridades, la indiferencia de todos es aplastante, en mi caso, han sido seis meses de un infierno, de no dormir, vendes lo poco que te queda… La liquidación era algo que sabíamos que podría pasar, sin embargo, da mucha impotencia y frustración que una vez más pase algo como lo de Ficrea», lamentó, aludiendo a un doloroso precedente en el sector.
Cronología de una desatención regulatoria
El caso Came no surgió de la noche a la mañana, sino que se gestó entre señales de alarma y una perceptible inacción de las autoridades.
Los primeros indicios y la opacidad de CAME
El problema comenzó en enero, cuando la financiera dejó de entregar información a las autoridades financieras sin motivo aparente. Los datos disponibles, al cierre de 2024, indicaban que Came contaba con recursos del público por mil 600 millones de pesos y tenía más de un millón 300 mil ahorradores.
Para finales de marzo, la situación escaló drásticamente cuando la financiera empezó a cerrar sucursales, dejando a los ahorradores sin acceso a sus recursos. Esto motivó el inicio de movilizaciones y protestas frente a la CNBV y acudieron a diversas instancias, como la Secretaría de Gobernación, para exigir respuestas sobre el paradero de su dinero.
El diálogo tardío y la inacción de las autoridades
El 24 de abril, durante la primera protesta, algunos ahorradores lograron establecer una mesa de diálogo con funcionarios de la CNBV. Entre ellos se encontraba Armando Martínez Ramírez, quien fungía como director general de supervisión de Sofipos B y hoy ya no ocupa el cargo.
Martínez Ramírez reveló que la autoridad tenía conocimiento del caso desde el 10 de marzo. Sin embargo, a pesar de este aviso temprano, la financiera continuó recibiendo depósitos por parte del público y ofreciendo créditos en sus medios oficiales, una contradicción que hoy genera profundas suspicacias.
De la intervención a la liquidación: Un desenlace polémico
Luego de varias protestas y de que Came cambiara de domicilio fiscal, las autoridades finalmente determinaron su intervención el 13 de junio. La justificación oficial fue la existencia de “elementos que denotan irregularidades contables que ponen en riesgo los intereses de los ahorradores”.
Tras la intervención, el grupo de ahorradores no cesó en sus manifestaciones. Incluso viajaron a Morelos, donde se realizó la décima convención de la Asociación Mexicana de Sofipos, recibiendo como única respuesta que la forma de ayudarles era «escuchándolos». Esta respuesta fue el detonante para que el grupo decidiera presentar una demanda en contra de la CNBV y exigir, de forma inmediata, que la Sofipo entrara en proceso de liquidación para recuperar parte de sus recursos.
Es relevante señalar que el caso se desarrolló bajo la presidencia de Jesús de la Fuente Rodríguez al frente de la CNBV, quien fue sustituido por Ángel Cabrera el pasado 1 de septiembre. Finalmente, este lunes, Came entró en liquidación, y sus ahorradores podrán recuperar hasta 213 mil pesos a través del seguro de depósito.
La lucha continúa: Más allá del seguro de depósito
A pesar de la decisión de liquidación, algunos de los afectados, como Edna Ávila y Lizbeth Morales, aseguran que su lucha no terminará. Sus ahorros superan el monto cubierto por el seguro de depósito, por lo que continuarán en su búsqueda para saber «dónde está todo su dinero». Además, han prometido hacer «lo que sea necesario» para que se dé con los responsables de este presunto fraude.
La liquidación de Came reabre la herida de la desconfianza en el sistema financiero y plantea preguntas ineludibles sobre la eficacia de la supervisión regulatoria. ¿Cuántos «Ficreas» son necesarios para que las autoridades actúen con la contundencia y anticipación que los ahorradores merecen y exigen?
