En el crepúsculo de 2025, bajo la égida de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la Cuarta Transformación (4T) reactiva la herida del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa). Camila Martínez, vocera y secretaria de Comunicación de Morena, denuncia el «rescate bancario», pero este discurso funciona como una cortina de humo. El Fobaproa y corrupción 4T es una narrativa selectiva diseñada para ocultar desfalcos contemporáneos de igual o mayor magnitud, como Segalmex y el Huachicol Fiscal.
La arquitectura del olvido: el Fobaproa como distracción política
El panorama político mexicano de 2025 se encuentra en una paradoja discursiva. Mientras el gobierno consolida su «segundo piso», la maquinaria propagandística de Morena reactiva el Fobaproa, apelando a una narrativa de conspiración donde el «PRIAN» habría saqueado a la nación.
La premisa central de la vocera Camila Martínez es contundente: «la derecha no quiere que se sepa el rescate bancario». No obstante, al someter esta narrativa a un escrutinio forense, emerge una contradicción insalvable:
- Los «verdugos» que levantaron la mano en la LVII Legislatura de 1998 para socializar la deuda bancaria no han sido desterrados.
- Por el contrario, ocupan curules, gubernaturas y puestos clave dentro de la propia estructura de Morena.
Más grave aún es la asimetría moral. Mientras se exige un juicio sumario contra los fantasmas de 1998, la administración actual despliega un manto de silencio y protección sobre escándalos contemporáneos. El desfalco de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) y el «Huachicol Fiscal», cuya afectación se estima en 600 mil millones de pesos, son tratados como anomalías administrativas o invenciones mediáticas.
Este ejercicio sofisticado de Cinismo Retórico y Purificación Narrativa busca que el pueblo acepte una reescritura de la realidad. La corrupción deja de ser un acto objetivo para convertirse en una categoría subjetiva, definida exclusivamente por la lealtad al proyecto político en turno.
El fantasma recurrente: la anatomía económica del Fobaproa
Para comprender la potencia del Fobaproa como arma política, es necesario revisitar su construcción mitológica. El Fobaproa es recordado como el momento exacto en que el Estado mexicano decidió salvar a los banqueros a costa del bienestar de las familias.
La magnitud del trauma financiero y su vigencia en 2025
El argumento de Morena se sustenta en una realidad fiscal innegable: México sigue pagando, y seguirá pagando por décadas, la deuda contraída en 1998. Las cifras oficiales reveladas al tercer trimestre de 2025 por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) confirman su vigencia.
- El saldo de la deuda neta del IPAB asciende a aproximadamente 1 billón 235 mil millones de pesos.
- Los más de 50 mil millones de pesos anuales destinados al pago de intereses (sin amortizar capital) representan un agravio tangible para las presiones presupuestarias de 2026.
Morena utiliza este dato para externalizar la responsabilidad de cualquier carencia fiscal. El culpable no es la gestión actual, sino Ernesto Zedillo y sus aliados de hace 27 años.
El olvido selectivo del 12 de diciembre de 1998
La fecha clave en la narrativa de Camila Martínez es el 12 de diciembre de 1998. Ese día, la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Protección al Ahorro Bancario, que creaba el IPAB y asumía los pasivos del Fobaproa como deuda pública.
La narrativa de Morena en 2025 simplifica este evento como una traición monolítica del «PRIAN». Se evita poner nombres y apellidos a los diputados individuales que emitieron esos votos, salvo cuando se trata de figuras que permanecen en la oposición. Este «olvido selectivo» es la primera prueba del cinismo retórico: condenar el pecado pero absolver al pecador, siempre y cuando este haya abrazado la Cuarta Transformación.
Los perpetradores en la nómina: la paradoja del «chapulín»
Si el Fobaproa es el pecado original del neoliberalismo mexicano, Morena es, paradójicamente, el refugio de muchos de sus perpetradores. La estrategia de la 4T ha sido ofrecer un «bautismo político» donde el historial legislativo queda borrado o blindado.
Ignacio Mier Velazco: de operador del PRI a líder de Morena
El caso más emblemático es el de Ignacio Mier Velazco. En 2025, Mier es una figura central del poder legislativo, coordinador de bancada y senador. Su retórica es incendiaria contra la corrupción neoliberal.
Sin embargo, los registros históricos señalan que en 1998, Mier era diputado federal del PRI en la LVII Legislatura. Más aún, las crónicas parlamentarias lo identifican como un operador político clave que aseguró la disciplina partidaria necesaria para que la conversión de la deuda privada en pública fuera aprobada la madrugada del 12 de diciembre.
La contradicción es absoluta: el hombre que hoy denuncia el saqueo bancario facilitó legislativamente ese saqueo. Su lealtad actual, bajo esta lógica, cancela su responsabilidad histórica.
Manuel Bartlett Díaz: el patriarca del sistema autoritario
Manuel Bartlett Díaz representa una contradicción de diferente índole. Aunque en 1998 mantenía una postura crítica hacia los tecnócratas, es el arquitecto del sistema autoritario que hizo posible la opacidad del Fobaproa.
- Como secretario de Gobernación en 1988, presidió la Comisión Federal Electoral durante la infame «caída del sistema».
- Este evento es considerado por la izquierda como el fraude fundacional que impidió la llegada de la democracia.
Al atacar el Fobaproa como símbolo de la corrupción priista mientras se empodera a uno de los jerarcas máximos de ese priismo, Morena demuestra que su interés no es la justicia histórica, sino la utilidad política.
Patricia Armendáriz: la policía bancaria que denunciaba el robo
El caso de Patricia Armendáriz añade una capa de conflicto de interés. Hoy diputada de Morena y defensora acérrima del proyecto, Armendáriz tuvo un rol protagónico durante la crisis bancaria.
- En 1998, fungía como vicepresidenta de Supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
- Críticos y analistas señalan que fue bajo su supervisión que los bancos realizaron los autopréstamos y operaciones fraudulentas que eventualmente fueron absorbidos por el Fobaproa.
Su inclusión y su papel como vocera empresarial del movimiento evidencian que el criterio de admisión no es la pureza del pasado, sino la utilidad mediática y financiera en el presente.
Otros conversos: Navarro y Corral
La lista de implicados continúa. Miguel Ángel Navarro Quintero, gobernador de Nayarit por Morena, fue diputado del PRI en la LVII Legislatura y votó a favor del Fobaproa. De igual forma, Javier Corral Jurado, ex panista y ahora aliado estratégico de la 4T, formó parte de la bancada del PAN que negoció y avaló el rescate.
Estos perfiles demuestran que el Fobaproa fue un proyecto de Estado avalado por una clase política que, en gran medida, simplemente ha cambiado de color partidista.
El espejo de la impunidad: Segalmex y el desfalco de la 4T
La estrategia de la 4T no solo se basa en recordar selectivamente el Fobaproa, sino en olvidar activamente sus propios desfalcos. El caso de Segalmex es el contraejemplo que desmonta la supuesta superioridad moral del gobierno actual.
La estafa maestra de la Cuarta Transformación
Segalmex, creada en 2019, se convirtió en el epicentro del mayor escándalo de corrupción administrativa del sexenio lopezobradorista y sus continuaciones.
- Las auditorías de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) han documentado irregularidades que oscilan entre los 9,500 millones y los 15,000 millones de pesos.
- El mecanismo del fraude es dolorosamente similar a los esquemas del pasado: compras fantasma, contratos a empresas fachada y la inversión ilegal de recursos públicos en instrumentos bursátiles de alto riesgo, como bonos basura.
La protección de Ignacio Ovalle: el «buen hombre»
La prueba definitiva del cinismo retórico es el tratamiento político y judicial de Ignacio Ovalle Fernández, director de Segalmex durante el desfalco.
A pesar de ser el responsable directo de la institución saqueada:
- Ovalle no pisó la cárcel.
- Fue removido silenciosamente y reubicado en un puesto de bajo perfil pero seguro: Coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), adscrito a la Secretaría de Gobernación.
La narrativa oficial fue que Ovalle era una «gente buena» que fue «engañada» por priistas corruptos infiltrados. Esta defensa infantiliza la corrupción y crea una categoría de impunidad basada en el afecto presidencial.
El «Fobaproa aduanero»: el silencio sobre el Huachicol Fiscal
Si Segalmex es la piedra en el zapato moral, el Huachicol Fiscal es la bomba de tiempo financiera que amenaza con socavar toda la narrativa de honestidad.
La magnitud del saqueo: 600 mil millones de pesos
El término «Huachicol Fiscal» se refiere a la importación masiva de gasolinas y diésel, principalmente desde Estados Unidos, que ingresan al país evadiendo el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
- En octubre de 2025, la Procuradora Fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, reveló que el daño acumulado al erario por este concepto asciende a 600 mil millones de pesos.
Para poner esto en perspectiva frente al Fobaproa: el monto original del rescate bancario en 1998 rondaba los 552 mil millones de pesos. El Huachicol Fiscal generado en un solo sexenio y su continuación en 2025 equivale o supera al monto original del Fobaproa.
La implicación de la Marina y el fracaso de la militarización
La gravedad de este desfalco radica en quién permitió que sucediera. Bajo la 4T, el control de las aduanas y puertos fue transferido a la Secretaría de Marina (SEMAR) y a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), bajo la premisa de que los militares eran «incorruptibles».
La realidad ha demolido ese mito. Investigaciones han llevado a la detención y procesamiento de altos mandos navales, como el contraalmirante Salvador González Guerrero y el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, acusados de operar redes de protección para el contrabando de combustible en colusión con cárteles y empresarios corruptos.
El silencio de Morena sobre este «Fobaproa Aduanero» busca proteger el pilar central de la gobernabilidad de la 4T: la alianza con las Fuerzas Armadas.
Análisis de la estrategia discursiva: cinismo retórico como arte de gobierno
La evidencia recopilada apunta inequívocamente hacia el cinismo retórico. Morena y sus voceros no ignoran el pasado de Ignacio Mier ni el presente del Huachicol Fiscal; ejercen el poder de dictar la relevancia.
El cinismo como herramienta de Estado
El cinismo radica en la aserción implícita de que la corrupción es una posición política:
- Si robas para el neoliberalismo (Fobaproa): Eres un traidor a la patria.
- Si robas o permites el robo dentro de la Transformación (Segalmex, Huachicol): Eres una víctima de las circunstancias, un «priista infiltrado», y la estructura moral del movimiento permanece inmaculada.
Esta doble moral permite que Camila Martínez denuncie un robo que su jefe de bancada (Mier) votó, pues la lealtad identitaria es más fuerte que la coherencia fáctica.
La teoría de la «cobija corta» de la atención pública
La estrategia se basa en la saturación y el desplazamiento. Al saturar el debate con el Fobaproa, Morena obliga a la oposición a gastar su tiempo explicando un evento de hace 27 años.
Cada minuto que se gasta en el pasado es un minuto que no se gasta atacando el desfalco de 600 mil millones del Huachicol Fiscal en 2025. Es una maniobra de distracción táctica: revivir un «monstruo» muerto para que nadie mire al «monstruo» vivo que está en la sala.
La campaña de diciembre de 2025 sobre el Fobaproa es un ejemplo paradigmático de la política de la posverdad en México.
La 4T ha absorbido la maquinaria operativa del viejo régimen, creando lo que se puede denominar el «PRIMOR», para mantenerse en el poder, mientras utiliza la retórica anti-régimen para legitimarse. Económicamente, los escándalos de la 4T (Huachicol Fiscal más Segalmex) tienen un peso fiscal comparable al Fobaproa. La diferencia es que el Fobaproa fue legalizado y público, mientras que el Huachicol Fiscal opera en la sombra de la ilegalidad y la corrupción militar, lo que lo hace más corrosivo para el Estado de Derecho.
La apuesta final es que el control narrativo es suficiente para reescribir la realidad. Sin embargo, a medida que el costo financiero del Huachicol Fiscal y la deuda pública (que sigue creciendo) presionen el bolsillo de los ciudadanos, el fantasma del Fobaproa podría dejar de asustar. Los votantes podrían empezar a exigir cuentas no a los fantasmas de 1998, sino a los gobernantes de carne y hueso de 2025. La estrategia de la 4T no es borrar la historia, sino editarla en tiempo real, cortando las escenas donde aparecen sus líderes actuales cometiendo los pecados que hoy denuncian.
