La promesa de una Fiscalía autónoma se frustró entre 2019 y 2025. El mandato del doctor Alejandro Gertz Manero al frente de la Fiscalía General de la República (FGR) culminó en una regresión institucional. Caracterizado por la ineficacia y el uso personalista de la acción penal, su renuncia anticipada marca el fin de un sexenio de justicia selectiva.
El sexenio de la regresión institucional (2019-2025)
El periodo de enero de 2019 a noviembre de 2025, bajo la dirección de Alejandro Gertz Manero, será recordado como un ciclo de regresión institucional. La transición de la Procuraduría General de la República (PGR) a la FGR, materializada en 2018 y concebida como un órgano independiente del Poder Ejecutivo, no logró romper la simbiosis histórica entre poder político y aparato persecutorio.
En lugar de instaurar una era de justicia técnica, la gestión de Gertz se caracterizó por:
- El uso patrimonialista de la acción penal.
- La politización selectiva de la justicia.
- Una ineficacia administrativa que perpetuó índices de impunidad superiores al 95%.
La renuncia de Gertz Manero, presentada el 27 de noviembre de 2025 y procesada «fast track» por el Senado de la República, representó el colapso de un modelo que, siendo autónomo en el papel, operó bajo una lógica de «autarquía selectiva». Fue autónomo para perseguir vendettas personales, pero subordinado a los intereses del régimen. Su salida a la Embajada de México en Alemania, un destino estratégicamente seleccionado por sus implicaciones jurídicas, cerró este ciclo de tensión.
El perfil del fiscal: Del veterano a la visión punitiva
Para comprender la Fiscalía General de la República (FGR) de 2019-2025, es crucial analizar la figura del Doctor Alejandro Gertz Manero. Llegó al cargo a los 79 años, respaldado por una larga trayectoria que incluyó la Operación Cóndor en los años setenta, la Secretaría de Seguridad Pública federal (2000-2004) en el gabinete panista de Vicente Fox, y la administración perredista de Cuauhtémoc Cárdenas en la Ciudad de México.
Sin embargo, su designación en enero de 2019, a propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), fue criticada por su visión del derecho penal, anclada en el modelo inquisitivo, jerárquico y punitivo del siglo XX.
Desde el inicio, Gertz centralizó la toma de decisiones, operando como un «súper ministerio público» y generando una parálisis operativa en áreas no prioritarias para su agenda personal.
El contexto de la salida: El quiebre con el nuevo régimen
Aunque Gertz Manero sobrevivió los seis años del gobierno de López Obrador gracias a una relación de lealtad personal y mutua conveniencia (sirviendo como brazo ejecutor contra adversarios a cambio de protección política), la llegada de Claudia Sheinbaum Pardo a la presidencia en octubre de 2024 alteró la ecuación de poder.
La nueva administración, enfocada en una coordinación estricta del Gabinete de Seguridad y resultados tecnocráticos, percibió a la FGR de Gertz como un obstáculo. Las tensiones escalaron a través de filtraciones de información sensible que amenazaron la estabilidad política y diplomática del nuevo gobierno.
La ruptura definitiva se acumuló por deslealtades institucionales, incluyendo:
- El manejo del caso Sinaloa y su confrontación con el gobernador morenista Rubén Rocha Moya.
- Las filtraciones sobre investigaciones contra empresarios cercanos al círculo presidencial.
La «renuncia» de noviembre de 2025 fue, en realidad, una remoción negociada. El análisis de las horas finales en la FGR revela que Gertz fue desplazado en menos de 24 horas cuando su utilidad política fue superada por el riesgo que representaba para la gobernabilidad.
Arquitectura del fracaso: Gestión y contrarreforma
La transformación de la PGR a la Fiscalía General de la República (FGR) exigía una reingeniería profunda y la implementación de un Plan de Persecución Penal estratégico. Gertz Manero, en cambio, optó por una contrarreforma institucional.
La ley de la FGR de 2021: El retroceso normativo
En lugar de implementar la Ley Orgánica de 2018 (construida con consenso civil), Gertz impulsó una nueva Ley de la Fiscalía General de la República, aprobada en 2021, que representó una regresión al modelo verticalista.
Entre los cambios más criticados de la nueva legislación se encontraron:
- Eliminación de contrapesos: Se debilitó el Consejo Ciudadano, reduciéndolo a un órgano testimonial sin capacidad de auditar al fiscal.
- Salida del Sistema Nacional de Búsqueda (SNB): Gertz intentó sustraer a la FGR de las obligaciones coordinadas en la búsqueda de personas desaparecidas, argumentando una interpretación rígida de la autonomía. Esto generó conflictos abiertos con la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Búsqueda.
- Centralización del mando: Se formalizó la concentración de facultades en la oficina del Fiscal General, permitiéndole atraer casos de cualquier fiscalía especializada a través de la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECC), su brazo ejecutor predilecto.
Desmantelamiento de capacidades y capital humano
La FGR experimentó una crisis de capital humano. Hubo despidos masivos de agentes del Ministerio Público, peritos y policías de investigación, justificados como una «limpia» de corrupción, pero que terminaron en litigios laborales millonarios contra la institución.
La falta de un Servicio Profesional de Carrera robusto resultó en que los puestos clave fueran ocupados por personal de confianza leal a Gertz, a menudo sin la experiencia técnica requerida en el nuevo sistema penal acusatorio. La rotación constante impidió consolidar equipos de investigación especializados.
| Indicador | Situación al inicio (2019) | Situación al cierre (2024/25) | Impacto en la Justicia |
| Autonomía Real | Expectativa alta de independencia. | Autonomía utilizada como escudo para la opacidad y agenda personal. | Politización de la justicia; percepción de «fiscal carnal». |
| Plan de Persecución Penal | Inexistente (pendiente de diseño). | Documento formal sin aplicación práctica; gestión reactiva. | Ausencia de estrategia contra fenómenos macro-criminales. |
| Índice de Impunidad Federal | ~94% (México Evalúa). | >95% (Estancado/Empeorado). | La probabilidad de castigo para delitos federales es casi nula. |
| Coordinación Interinstitucional | Tensia (Transición). | Rota en áreas clave (Búsqueda, Seguridad). | Fragmentación del Estado frente al crimen organizado. |
| Transparencia | Opacidad heredada de PGR. | Opacidad agravada; clasificación masiva de expedientes. | Imposibilidad de escrutinio público sobre el gasto y resultados. |
A pesar de presupuestos anuales robustos, la FGR no invirtió significativamente en la modernización de sus laboratorios forenses ni en sistemas de inteligencia digital. La falta de inversión tecnológica se hizo evidente en casos de alto perfil, obligando a la fiscalía a depender de testimonios de oídas.
Los casos emblemáticos: La crónica de una impunidad anunciada
El legado de Alejandro Gertz Manero se mide en el fracaso técnico, el uso político de los tiempos procesales y la impunidad en los expedientes de «alto impacto».
El caso Odebrecht y Emilio Lozoya: La farsa del testigo colaborador
El caso Odebrecht representa la mayor derrota jurídica y política de la Fiscalía General de la República (FGR). A diferencia de otros países, en México la investigación se centró y murió en Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex.
- La estrategia fallida: Tras la extradición de Lozoya desde España en 2020, Gertz apostó por el «Criterio de Oportunidad», otorgándole un trato privilegiado (sin prisión inicial) a cambio de pruebas contra «peces gordos» como el expresidente Enrique Peña Nieto y el exsecretario Luis Videgaray.
- La cena en el Hunan: La credibilidad del pacto se derrumbó en octubre de 2021, cuando el periodista Lourdes Mendoza fotografió a Lozoya cenando pato laqueado en el lujoso restaurante Hunan de las Lomas de Chapultepec, mientras supuestamente colaboraba con la justicia.
- El colapso procesal: La FGR nunca pudo validar las pruebas de Lozoya. Los intentos de imputar a Ricardo Anaya y otros legisladores por supuestos sobornos se diluyeron por falta de solidez técnica. Hacia 2025, Lozoya revirtió la prisión preventiva y enfrenta sus procesos en libertad, sin una sola sentencia condenatoria firme contra los altos mandos del peñanietismo.
La Estafa Maestra y Rosario Robles: Venganza disfrazada de justicia
El trato a Rosario Robles Berlanga, exsecretaria de Desarrollo Social, reveló la aplicación selectiva de la ley. Acusada de «ejercicio indebido del servicio público», la FGR utilizó una licencia de conducir falsificada para justificar un riesgo de fuga inexistente, logrando que el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna (sobrino de Dolores Padierna) la encarcelara.
Tras tres años de reclusión sin sentencia, y ante la evidente violación de derechos humanos, el Poder Judicial ordenó su liberación y sobreseyó la causa penal. El revés fue humillante para Gertz: perdió el caso en el fondo y en la forma, dejando intacta la estructura financiera de la Estafa Maestra.
El caso Ayotzinapa: La ruptura de la verdad
La gestión del caso de los 43 normalistas ilustra cómo Gertz Manero priorizó la política sobre la verdad. Aunque se creó una Unidad Especial (UEILCA) con autonomía técnica bajo Omar Gómez Trejo, Gertz pronto interfirió.
- El Sabotaje a la UEILCA: El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) acusó a Gertz de entrometerse, cancelando órdenes de aprehensión contra militares solicitadas por la unidad especial.
- Renuncia del fiscal especial: La intervención provocó la renuncia de Gómez Trejo y la salida del GIEI del país, denunciando que la FGR se había convertido en un obstáculo.
- La detención de Jesús Murillo Karam se empantanó en litigios, y la extradición de Tomás Zerón desde Israel (una promesa de Gertz) nunca se concretó.
Segalmex: El agujero negro de la 4T
En el caso de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), que involucra un desfalco estimado en más de 15,000 millones de pesos, la actuación de la FGR fue sospechosamente lenta. A pesar de la evidencia masiva, la FGR dirigió sus baterías contra mandos medios, evitando tocar al director general de la dependencia, Ignacio Ovalle, antiguo jefe político de López Obrador. Esta omisión reforzó la percepción de que la Fiscalía operaba bajo consigna de proteger a los amigos del régimen.
La persecución a la ciencia: El caso Conacyt
La obsesión de Gertz por la academia fue evidente en la persecución contra 31 científicos y exfuncionarios del Conacyt. El fiscal, frustrado por haber sido rechazado para ingresar al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), utilizó el poder de la Fiscalía para acusar a miembros del Foro Consultivo Científico y Tecnológico de delincuencia organizada y lavado de dinero.
La FGR solicitó órdenes de aprehensión para ingresarlos al penal de máxima seguridad del Altiplano. En 2024, un tribunal colegiado sobreseyó definitivamente el caso, confirmando que no existía delito, dejando una mancha indeleble de autoritarismo en el legado de Gertz.
Escándalos personales: El fiscal contra su propia familia
La incapacidad de Alejandro Gertz Manero para distinguir entre el interés público y el privado fue una característica definitoria de su mandato, utilizando la FGR para litigar asuntos personales.
La vendetta familiar: El caso Cuevas-Morán
El encarcelamiento de Alejandra Cuevas Morán (69 años) y la orden de aprehensión contra su madre, Laura Morán (95 años, expareja del hermano de Gertz), es uno de los episodios más oscuros. Gertz acusó a ambas mujeres de «homicidio por omisión de cuidados» por la muerte de su hermano Federico Gertz en 2015.
- Abuso de poder: Con la colaboración de la Fiscalía de la Ciudad de México (encabezada entonces por Ernestina Godoy), logró encarcelar a Alejandra Cuevas en Santa Martha Acatitla por 528 días.
- Intervención de la corte: En marzo de 2022, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) votó unánimemente para otorgar un amparo liso y llano, ordenando su liberación inmediata. Los ministros determinaron que la figura de «garante accesorio» inventada por la FGR carecía de fundamento y era inconstitucional.
La guerra patrimonial: Gertz vs. Santiago Nieto (UIF)
La rivalidad entre Gertz y Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), desató una guerra de filtraciones.
Mientras la FGR investigaba a Nieto, la prensa reveló reportes sobre Gertz: la posesión de una colección de más de 120 automóviles de lujo (incluyendo Rolls Royce y Mercedes Benz), propiedades en zonas exclusivas de París, Nueva York, Madrid y Santa Mónica, y transferencias internacionales millonarias que no concordaban con sus ingresos históricos. A pesar de la contundencia de los datos, el presidente López Obrador removió a Nieto, manteniendo a Gertz.
La era de las filtraciones: Del golpeo político al riesgo de estado
Las filtraciones de información confidencial fueron una constante en la gestión de Gertz, pero su objetivo mutó radicalmente en 2025.
Sexenio de AMLO: Los audios de la impunidad (2022)
Durante el mandato de López Obrador, grabaciones telefónicas ilegales expusieron el modus operandi de Gertz, pero no lograron su caída.
- Audio Caso Cuevas: Se escuchó a Gertz conversando con su subprocurador Juan Ramos sobre un proyecto de sentencia de la SCJN al que habían tenido acceso ilegalmente, planeando cómo presionar a los ministros.
- Audio Caso Lozoya: Se evidenció cómo Gertz presionaba al padre de Emilio Lozoya para que cambiaran de abogado y se desistieran de amparos.
Estas filtraciones revelaron una fiscalía que litigaba mediante la extorsión y el tráfico de influencias, pero AMLO minimizó los hechos.
Sexenio de Sheinbaum: Las filtraciones como amenaza de seguridad nacional (2025)
Con la llegada de Claudia Sheinbaum, la dinámica cambió. En noviembre de 2025, comenzaron a circular expedientes completos de la FGR sobre temas sensibles:
- Caso Raúl Rocha Cantú: Filtración de investigaciones contra el empresario, socio estratégico de la nueva administración, buscando dañar la imagen del entorno presidencial.
- Huachicol Fiscal: Revelación de tramas de contrabando de hidrocarburos que implicaban a funcionarios de aduanas y militares.
Sheinbaum sugirió en conferencias matutinas que estas filtraciones, que debilitaban su presidencia, alimentaban narrativas de intervencionismo, insinuando que la FGR jugaba un «doble juego». Esta fue la hipótesis política más robusta para el «punto de no retorno».
El factor Sinaloa: El quiebre con el gobernador Rocha Moya
Un capítulo crucial para entender la caída fue el conflicto abierto con el poder político de Sinaloa, bastión de Morena.
El 25 de julio de 2024, tras la detención de Ismael «El Mayo» Zambada, su defensa afirmó que el capo iba a reunirse con el gobernador Rubén Rocha Moya y con Héctor Melesio Cuén Ojeda. Según el capo, Cuén fue asesinado en una finca y no en una gasolinera, como sostenía la versión oficial.
Gertz Manero, en una de sus últimas demostraciones de cálculo político, ordenó atraer el caso y realizó peritajes exhaustivos que demolieron la versión de la Fiscalía de Sinaloa:
- Demostraron que el video de la gasolinera era un montaje burdo.
- Hallaron sangre de Cuén en la finca señalada por «El Mayo».
- Identificaron un vehículo de la propia Fiscalía de Sinaloa involucrado en el montaje.
Esta investigación colocó al gobernador Rocha Moya en una posición insostenible, validando indirectamente la palabra de un narcotraficante sobre la del gobernador. Políticamente, Gertz se convirtió en un problema para Morena.
La caída y el exilio: El pacto de salida
La operación “renuncia fast track”
El 27 de noviembre de 2025, la operación legislativa fue inédita por su velocidad. Adán Augusto López se reunió con la presidenta y, horas después, Gertz envió su carta. En menos de una hora, el Senado aprobó la renuncia, a pesar de la denuncia de la oposición (PAN y PRI) sobre la ilegalidad constitucional.
La Constitución exige una «causa grave» para la renuncia del fiscal, y senadores argumentaron que «irse de embajador» no lo era. Morena impuso su mayoría, estableciendo un precedente de facto: la causa grave es la pérdida de confianza del Presidente, consumando la subordinación de la autonomía.
¿Por qué Alemania? El mensaje político y jurídico
El destino de Gertz no es casual; Alemania representa un refugio estratégico que configura un «blindaje de impunidad».
- Ausencia de tratado de extradición: México y Alemania no tienen un tratado de extradición bilateral vigente. Los procesos se rigen por reciprocidad y leyes internas, haciéndolos lentos y complejos.
- Protección a nacionales: Si Gertz Manero posee o reactiva su ciudadanía alemana (debido a su ascendencia documentada), sería constitucionalmente inextraditable a México, ya que la Ley Fundamental de Alemania (Grundgesetz, Art. 16) prohíbe, como regla general, la extradición de sus propios ciudadanos.
Enviar a Gertz a Berlín es un «pacto de caballeros». El gobierno de Sheinbaum le garantiza estatus diplomático y tranquilidad a cambio de que entregue la FGR sin resistencia y sin detonar las «bombas informativas» que posee.
La transición: Ernestina Godoy en la FGR
Antes de irse, Gertz ejecutó su último movimiento: nombró a Ernestina Godoy (quien renunció a la Consejería Jurídica de la Presidencia) como titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECC).
Según el Artículo 21 de la Ley Orgánica, ante la ausencia del Fiscal General, el titular de la FECC asume automáticamente el despacho. Esto permitió saltarse el proceso de designación del Senado y colocar inmediatamente a una incondicional de la presidenta al frente de la institución.
Godoy llega con el reto de desactivar la estructura de Gertz, purgar a los leales, reactivar casos dormidos como Ayotzinapa y Segalmex, y alinear la política criminal con la Estrategia Nacional de Seguridad de Omar García Harfuch, terminando con la ficción de una autonomía aislacionista.
El mandato de Alejandro Gertz Manero (2019-2025) pasará a la historia como una oportunidad histórica desperdiciada para construir una fiscalía democrática y eficaz. En su lugar, se consolidó una institución opaca, ineficiente y profundamente vengativa, donde el cargo público se entendió como patrimonio privado. La impunidad sistémica, que ronda el 99% en delitos denunciados, no se movió un ápice. Si la llegada de Ernestina Godoy resultará en una mejor justicia o en una mayor instrumentalización política de la persecución penal, es la interrogante que definirá el sexenio de Claudia Sheinbaum. Por ahora, el saldo es inequívoco: en la búsqueda de justicia, México ha perdido otros seis años.
