Tras un año de gestión, el secretario Omar García Harfuch ha desgranado cifras monumentales sobre la lucha contra el crimen organizado. La estrategia de seguridad en Michoacán, un estado clave, se erige como el eje central de las prioridades del gabinete, revelando la intensidad del combate a la violencia y a las redes de extorsión.
Cifras históricas en el combate al crimen organizado
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, presentó un balance detallado de los esfuerzos federales en materia de seguridad. Los datos, que cubren el periodo del 1 de octubre de 2024 al 30 de noviembre pasado, revelan la magnitud de las operaciones realizadas a nivel nacional:
- Detenciones de alto impacto: Se reportaron 38 mil 700 personas detenidas por delitos graves.
- Aseguramiento de armamento: Fueron incautadas 20 mil 169 armas de fuego.
- Golpe a la producción de drogas: Se aseguraron 311 toneladas de droga, incluyendo más de cuatro millones de pastillas de fentanilo.
Específicamente, el Ejército y la Marina han desempeñado un papel crucial en la infraestructura del narcotráfico al desmantelar mil 760 laboratorios dedicados a la producción de metanfetaminas. Según la SSPC, esta acción representa una afectación económica de miles de millones de pesos para la delincuencia organizada.
En el ámbito de las acciones directas coordinadas por la SSPC, el secretario García Harfuch precisó que se ha detenido a mil 761 personas generadoras de violencia, decomisado 15 toneladas de droga y mil 100 armas de fuego. Además, se desmantelaron 146 laboratorios y áreas de concentración para la producción de metanfetaminas.
Michoacán: prioridad estratégica y protección de ciclos productivos
Omar García Harfuch resaltó que «fortalecer la seguridad en Michoacán es una prioridad para el gobierno». La estrategia implementada en la entidad se fundamenta en el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el cual, según el secretario, ha permitido una actuación «más precisa, coordinada y efectiva» para dos objetivos primordiales: proteger a la población y salvaguardar los ciclos productivos de aguacate y limón.
Para lograrlo, se han intensificado las acciones conjuntas con la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la propia Secretaría de Seguridad. Este despliegue incluye equipos especializados en investigación e inteligencia, además de fortalecer a las autoridades locales con equipamiento, capacitación y acompañamiento, dotándolas de capacidades tácticas, tecnológicas y operativas bajo la supervisión del Gobierno de México.
Los resultados específicos de las operaciones coordinadas en Michoacán, abarcando el periodo del 1 de octubre de 2024 al 30 de noviembre de 2025, incluyen:
- 972 personas detenidas.
- 945 armas de fuego y más de 133 mil cartuchos asegurados.
- 23 toneladas de droga aseguradas.
- 17 laboratorios para la elaboración de metanfetaminas inhabilitados.
Como ejemplo de las acciones recientes, se destacó la operación realizada en el municipio de Uruapan, donde se detuvo a un sujeto al que se le aseguró un tractocamión que transportaba cinco toneladas de precursores químicos y 19 mil 600 litros de precursores químicos.
Combate frontal a la extorsión desde centros penitenciarios
García Harfuch abordó el avance de la estrategia nacional contra la extorsión. Destacó el aumento en el número de denuncias recibidas a través de la línea telefónica 089, donde se han registrado más de 102 mil 800 llamadas a la fecha.
Los resultados de esta atención ciudadana han sido clave: 75 de las llamadas correspondieron a extorsiones no consumadas, ya que los operadores lograron orientar a los ciudadanos e interrumpir la acción delictiva. Del total de las llamadas, solo el 11 por ciento fueron extorsiones consumadas, las cuales fueron turnadas a las fiscalías locales para su seguimiento.
“Gracias a ello se generaron tres mil 684 carpetas de investigación en las fiscalías locales”, dijo el funcionario. Además, con apoyo de las autoridades locales de 22 estados de la República, han sido detenidas 615 personas por este delito.
Un foco crucial de la estrategia es el control de las cárceles, ya que 12 centros penitenciarios concentran el 56 por ciento del total de las líneas telefónicas reportadas para extorsionar. Ante esto, se han implementado acciones conjuntas de bloqueo de señal, revisión tecnológica y operativos de supervisión. Las medidas incluyen:
- Instalación de inhibidores de señal.
- Implementación de sistemas de circuito cerrado avanzados, sensores de movimiento y escáneres de seguridad y tecnología en centros penitenciarios federales.
Hasta ahora, el 33 por ciento de las líneas detectadas han sido bloqueadas mediante el retiro de la antena. El secretario aseguró que, durante el primer trimestre de 2026, los 14 reclusorios federales y los 13 centros penitenciarios de la Ciudad de México contarán con el bloqueo completo de señal.
La visión presidencial y la tendencia a la baja del homicidio doloso
En el contexto de la presentación de resultados, la administración federal subrayó los avances en la disminución de la violencia. De acuerdo con datos proporcionados por Marcela Figueroa, los homicidios dolosos sostienen una tendencia a la baja en los últimos 14 meses, con una reducción del 37 por ciento.
La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inició con un promedio de 86.9 homicidios dolosos diarios en el país. En noviembre de 2025, este promedio cerró en 54.7 de forma mensual.
Adicionalmente, el gobierno informó sobre estrategias contra la violencia y programas sociales que han impactado a la población: más de 3 millones de personas han sido atendidas, se han llevado a cabo 404 ferias de paz para acercar programas y servicios a comunidades, y más de 61 mil familias han sido beneficiadas con los Tianguis del Bienestar en Guerrero, Oaxaca y Michoacán.
Finalmente, García Harfuch reiteró que, por instrucciones directas de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el gabinete de seguridad continuará visitando de manera permanente los estados de Sinaloa y Michoacán.
Las cifras presentadas por Omar García Harfuch dibujan un panorama de ofensiva institucional sin precedentes, especialmente en Michoacán. Sin embargo, la persistencia de la extorsión originada en los penales, que obliga a enfocar recursos tecnológicos hasta 2026, sugiere que la batalla por el control territorial y la seguridad interna del Estado mexicano aún enfrenta desafíos estructurales profundos, más allá de la reducción de la estadística de homicidios. ¿Será suficiente la presión operativa para desarticular las redes criminales que han logrado infiltrarse hasta la médula del sistema productivo del país?
