Guatemala enfrentó una seria crisis de seguridad el 18 de enero de 2026, marcada por motines carcelarios y ataques simultáneos contra la Policía Nacional Civil (PNC), acciones atribuidas a la pandilla Barrio 18. Estos incidentes dejaron un saldo de siete agentes de policía asesinados y forzaron al presidente Bernardo Arévalo a decretar el estado de sitio por 30 días en todo el territorio nacional.
El asalto coordinado: Motines y ataques a la PNC
La jornada de violencia se desató como respuesta directa a una acción del Estado: la puesta bajo custodia del máximo líder de la banda, Aldo Duppie Ochoa, conocido por el alias de El lobo.
El caos en las cárceles comenzó el sábado, cuando reos del Barrio 18 se amotinaron y tomaron tres centros penitenciarios en distintos puntos del país, quemando oficinas administrativas de cada prisión. La mañana del domingo, minutos después de que la PNC hiciera público un video y fotografías de la detención de Ochoa, se produjeron 10 ataques simultáneos contra sedes de la fuerza de seguridad en Ciudad de Guatemala y sus alrededores.
Como resultado de estos atentados, el Gobierno confirmó la muerte de siete policías, además de 10 agentes heridos y un pandillero fallecido, con siete capturados. El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, expresó su dolor por el suceso, calificando a los atacantes como “terroristas” que respondían “cobardemente” a las acciones del Estado.
Rehenes y recuperación carcelaria
Durante la revuelta, los pandilleros tomaron a un grupo importante de personas como rehenes. La cifra de rehenes varió según las fuentes consultadas. Las autoridades aseguraron haber liberado a todos los rehenes, que habían llegado a ser al menos 37, incluyendo guardias penitenciarios y un psicólogo, tras retomar el control de las prisiones el domingo por la tarde.
No obstante, en el detalle de los operativos, se menciona que los grupos de pandilleros tomaron inicialmente 46 personas como rehenes en las tres cárceles (45 custodios y un psiquiatra).
La recuperación de los centros se llevó a cabo por etapas. El domingo, las autoridades lograron retomar el control del penal de máxima seguridad de Renovación I, ubicado en la localidad de Escuintla, a unos 75 kilómetros al sur de Ciudad de Guatemala. Según Marco Antonio Villeda, el operativo en Renovación I se desarrolló sin bajas, empleando tanquetas y gases lacrimógenos para liberar a los nueve custodios retenidos. Sin embargo, los pandilleros mantenían aún 28 personas retenidas en el centro penitenciario Fraijanes II y otras nueve en Preventivo, al este y en la periferia de la capital guatemalteca, respectivamente.
El blanco de las pandillas: Aldo Duppie Ochoa
El objetivo principal de los motines y la toma de rehenes era presionar a las autoridades para conseguir el traslado de Aldo Duppie Ochoa a una cárcel donde pudiera obtener diversas comodidades, además de mayores privilegios para el resto de la pandilla.
Ochoa, de 41 años, purga una condena de 2,000 años de prisión. Su primer ingreso a prisión se registró cuando tenía 16 años. Un detalle significativo es que está casado con María Marta Castañeda Torres, sobrina de Sandra Torres, quien fue exprimera dama de la Nación (2008-2012) y excandidata presidencial.
El Barrio 18, junto con su enemiga la Mara Salvatrucha (MS-13), son organizaciones criminales designadas como “terroristas” por el gobierno de Estados Unidos y el Congreso guatemalteco desde el año pasado. A estos grupos se les acusa de extorsión, sicariato y venta de droga.
Respuesta estatal: Declaración de estado de sitio y luto nacional
Al finalizar la tensa jornada, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, anunció en una cadena nacional que había decretado estado de sitio en todo el país.
El decreto comenzó a regir ese mismo domingo por un periodo de 30 días, con el objetivo de “garantizar la protección y la seguridad de los ciudadanos”, según el mandatario. La medida permite utilizar toda la fuerza del Estado, especialmente la de la Policía Nacional Civil y la del Ejército de Guatemala, para actuar contra las pandillas y las maras e impedir sus acciones terroristas.
Adicionalmente, Arévalo declaró tres días de luto nacional en honor a los policías caídos.
Posición del gobierno: «No negociamos con criminales»
El presidente Arévalo se mostró firme respecto a la postura del Gobierno frente a la escalada de violencia, enfatizando que la medida restrictiva no modifica la vida cotidiana de los ciudadanos ni el funcionamiento de las instituciones públicas o privadas. Las clases fueron suspendidas únicamente para el día lunes como medida preventiva.
La aplicación del estado de sitio, explicó Arévalo, se restringe estrictamente a los actos de combate contra la criminalidad organizada, las mafias y las acciones de violencia destinadas a aterrorizar a la población.
El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, había dejado clara la posición del Ejecutivo, que rechazó la petición de los pandilleros de trasladar a sus cabecillas a prisiones con menor seguridad. Villeda fue explícito: “No estoy dispuesto ni a pactar ni a retornarles sus privilegios, ni a conceder ningún tipo de consideración para que esta situación deje de producirse”.
El presidente Arévalo reafirmó esta postura con contundencia: «Quiero decirlo alto y claro no negociamos con criminales, ni toleramos acciones terroristas».
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La decisión de confrontar de frente las demandas de los grupos criminales, negándose a negociar privilegios carcelarios para líderes como Aldo Duppie Ochoa, establece un precedente complejo para el gobierno de Bernardo Arévalo. La declaración del estado de sitio busca recuperar la autoridad, pero la respuesta violenta de las pandillas, declaradas organizaciones terroristas, plantea la pregunta real: ¿Es esta demostración de fuerza estatal suficiente para desmantelar la capacidad operativa de Barrio 18 y MS-13 desde dentro de las prisiones?
