La polémica alrededor de Miss Universo ha mutado, pasando de un chisme de belleza a una grave crisis de seguridad nacional. El empresario Raúl Rocha Cantú, copropietario del certamen, enfrenta una orden de aprehensión por liderar una red de tráfico de drogas, armas y combustible. Este escándalo de Raúl Rocha crimen organizado ha salpicado a funcionarios de alto nivel y a la Presidencia de la República, revelando una compleja trama de intereses.
De lo kitsch a la delincuencia organizada: La caída de Rocha
Cada paso de Fátima Bosch hacia la corona de Miss Universo ha estado acompañado de controversias. Sin embargo, la madeja de polémicas creció a una velocidad vertiginosa hasta escalar de un supuesto trato de favor a señalamientos directos de delincuencia organizada contra el presidente del certamen, el empresario Raúl Rocha.
Las críticas por tratos de favor hacia Bosch, proveniente de una familia acomodada del sur de México con influencia en el mundo político y económico, venían de tiempo atrás. En septiembre, durante el certamen que la coronó como la candidata de México a Miss Universo, veintisiete de las treinta y una concursantes abandonaron el escenario durante la entrega de su corona.
Ya en Tailandia, sede del premio mundial, la polémica continuó. El organizador local increpó a la mexicana por no haber subido contenido de Tailandia a sus redes sociales, a lo que Bosch respondió: “Me llamó tonta. Es inaceptable. Somos mujeres empoderadas, nadie puede callar nuestra voz”. El día antes de que se confirmara su victoria, dos de los ocho miembros del jurado decidieron renunciar. Uno de ellos, el músico francolibanés Omar Harfouch, afirmó en Instagram que se había formado un jurado improvisado para seleccionar a las treinta finalistas de entre los ciento veinte países participantes, conformado por «personas con un importante conflicto de intereses».
Contratos millonarios y conflictos de interés
El guion se enredó aún más al revelarse que una de las empresas de Rocha tiene un contrato con Petróleos Mexicanos (Pemex) por casi 750 millones de pesos. Este hecho adquiere relevancia al considerarse que Bernardo Bosch, padre de la ganadora de Miss Universo, ha trabajado como directivo en la petrolera estatal mexicana desde hace casi tres décadas.
Raúl Rocha, dueño de un conglomerado empresarial que incluye desde casinos hasta distribución de combustible, reconoció el contrato, pero se defendió argumentando que lo había firmado en 2023. Esto fue un año antes de que se convirtiera en el dueño del certamen de belleza a través de su empresa Legacy Holding Group, que adquirió el 50% de la Organización Miss Universo por dieciséis millones de dólares.
En un hecho que buscó rizar el rizo, Pemex felicitó públicamente a Fátima Bosch. Posteriormente, la paraestatal se retractó, negando cualquier vinculación y justificando que la felicitación «se realizó en el marco del entusiasmo popular por su triunfo».
El sacrificio de Rocha: La FGR y el criterio de oportunidad
La orden de detención contra Rocha por crimen organizado es el punto culminante de una semana de vértigo. El miércoles 27 de noviembre de 2025, se destapó que un juez federal de Querétaro emitió una orden de aprehensión a solicitud de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), que había comenzado a investigar al empresario en 2024.Los detalles de la investigación (carpeta 928/2024, iniciada el 29 de noviembre de 2024, por denuncia anónima):
- Acusación: Formar parte de una red dedicada al contrabando de hidrocarburos, armas y drogas.
- Ruta: Los productos ingresaban a México desde Guatemala en lanchas por el río Usumacinta (frontera natural) y eran trasladados en pipas desde Chiapas y Tabasco hacia Querétaro y la Ciudad de México.
- Clientes: La FGR señala al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Querétaro y a La Unión Tepito en la Ciudad de México.
- Rol de Rocha: El empresario funge también como Cónsul Honorífico de México en Guatemala.
Aunque Rocha ha negado su involucración, fuentes federales confirmaron que, previo a que la FGR obtuviera la orden de aprehensión, el empresario se acercó para solicitar un criterio de oportunidad. Este beneficio, contemplado en el Código Nacional de Procedimientos Penales, permite al imputado entregar información a la Fiscalía a cambio de inmunidad.
El testimonio colaborador y la orden presidencial
La Fiscalía General de la República (FGR) emitió un comunicado el 26 de noviembre de 2025, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum le «ordenara» informar sobre el asunto. La FGR precisó que:
- El caso contra Rocha Cantú no ha concluido.
- Su situación jurídica será dada a conocer una vez que se confirme toda la información que está aportando como testigo colaborador.
- «Se están obteniendo datos fundamentales que le permitirán al Ministerio Público Federal continuar y ahondar en esta investigación”.
La presidenta Sheinbaum, que inicialmente defendió la victoria de Bosch ante las críticas, moderó su entusiasmo pidiendo a la FGR que aclare la situación. En su conferencia mañanera del miércoles, la mandataria manifestó: “Si hay una investigación a esta persona, pues tiene que informar la Fiscalía; hoy sale en un medio, pero tiene que informarse”.
De distractor a bomba: Implicaciones en el círculo rojo
Expertos señalan que la decisión de la FGR de filtrar que se otorgó un criterio de oportunidad a Rocha fue un claro «control de daños» para desviar la atención de las múltiples crisis que enfrenta la presidenta Sheinbaum. El empresario se habría convertido en una pieza desechable para efectos de opinión pública.
Sin embargo, el escándalo tiene alas para convertirse en una «bomba» mayor debido a los altos funcionarios y agentes de seguridad involucrados, un patrón ya visto en otras investigaciones de contrabando de combustible.Funcionarios señalados y alianzas criminales:
La orden de detención emitida por la FEMDO incluye más de una decena de nombres, entre los que destacan policías y funcionarios de la propia Fiscalía:
- La fiscal Mari Carmen Ramírez Rodríguez, citada con los alias de «La Fiscal» o «La lic.».
- El comandante de la FEMDO, Paul Manrique Miranda, citado también con el alias «El Comandante».
- El director de Seguridad de Acolman, Jacobo Reyes León, quien, según los documentos, recibía pagos de Rocha por darle información de la FEMDO.
- La jueza federal Elizabeth Muzquiz Pineda, adscrita a San Juan del Río, Querétaro, figura en la causa penal abierta en ese estado.
La investigación también revela que Rocha tiene vínculos con el Grupo Virreyes, que encabeza Mario Giordano. Dicho grupo está siendo investigado porque una de sus empresas, Mada Energy (con sede en Querétaro), operaba gasolineras en Tamaulipas que compraban combustible de origen desconocido a 19 pesos el litro, cuando el mercado local lo vendía en 21.69 pesos.
Reportes de inteligencia señalan que el Grupo Virreyes tiene relaciones abiertas con el coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, y con el expresidente de Morena, Mario Delgado, quienes han sido señalados en investigaciones en México y Estados Unidos como parte de redes de contrabando de combustible.
Investigaciones congeladas y la ruta del huachicol
La investigación contra Rocha se enmarca en la prioridad del Gobierno por combatir el huachicol, el contrabando de combustible, especialmente tras el destape de otra red de tráfico incrustada en las altas esferas de la Marina hace apenas un par de meses.
La causa penal original (307/2025) fue rechazada por una jueza federal en el Estado de México por carecer de competencia territorial. Esto obligó a la FEMDO a llevar el caso a Querétaro, donde se abrió la causa penal 495/2025 el 15 de noviembre.
El caso Rocha coincide con la ruta criminal detectada en Tabasco. La denuncia anónima que detonó la investigación se presentó apenas dos semanas después de que el gobernador de Tabasco, Javier May, iniciara una investigación contra La Barredora, un brazo criminal del CJNG que manejaba Hernán Bermúdez Requena (exdirector de Seguridad), operando la misma ruta de contrabando desde Guatemala hasta Tamaulipas.
De manera extraña, la investigación contra los oficiales de la Marina, Fernando y Manuel Farías Lagunas, sobrinos políticos del exsecretario, el almirante Rafael Ojeda, por el huachicol fiscal, está congelada. La de Bermúdez Requena también está parada, y los exgobernadores de Tabasco no están siendo investigados.
El criterio de oportunidad exige a Rocha aportar información «esencial y eficaz» sobre un delito más grave del que se le imputa. Esto implicaría que la información no puede ser sobre sus subordinados, sino sobre aquellos que, por sus funciones, entran en el supuesto de alto nivel. Si el caso sigue el patrón de otras investigaciones de huachicol, podría detenerse en seco una vez que cumpla su propósito de desviar los reflectores de las múltiples crisis que enfrenta Palacio Nacional.
El caso Raúl Rocha, que inició con un vestido de lentejuelas y una corona, ha escalado a la primera línea de la política mexicana, implicando a cárteles, la FGR y a figuras clave del régimen. ¿Logrará la Fiscalía utilizar esta «bomba» para limpiar su imagen o terminará comprometiendo, por el nivel de los implicados, al propio régimen, forzando un nuevo silencio en la cloaca del poder?
