El círculo rojo se estremece ante la solicitud de destitución inmediata de Javier Tapia Santoyo, actual secretario de Administración del Instituto Politécnico Nacional (IPN). Las acusaciones por presuntas irregularidades millonarias abarcan dos instituciones clave, el IPN y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), señalando posibles vínculos con el «cártel de la limpieza» y empresas fantasma. Este es un análisis profundo del expediente que revela desvío de recursos y enriquecimiento inexplicable.
La solicitud de destitución y el riesgo de interferencia
El 1 de diciembre de 2025, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno solicitó formalmente la destitución inmediata de Javier Tapia Santoyo al director del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Arturo Reyes Sandoval. La petición se fundamenta en presuntas irregularidades en contratos millonarios y por no declarar el origen de recursos financieros durante su paso por el servicio público.
De acuerdo con documentación obtenida por Reforma, el funcionario es investigado por desvío de recursos, enriquecimiento no declarado y abuso de funciones, tanto en el IPN como en el ISSSTE, donde se desempeñó anteriormente como tesorero. La preocupación central es que su permanencia en el cargo pueda entorpecer las indagatorias. El expediente cita:
> “Existe un riesgo real inminente de que, de continuar desarrollando las funciones inherentes al cargo, pueda entorpecer, manipular o eliminar alguna prueba que pudiese resultar contraria a sus intereses”.
Como parte de las medidas precautorias, la Secretaría Anticorrupción ordenó retirar a Tapia Santoyo de sus funciones de forma inmediata y restringirle todo acceso institucional, con el fin de evitar que pueda interferir con la investigación o alterar evidencia. Las medidas incluyen:
- Cancelar su correo institucional.
- Bloquear el acceso a cuentas de sistemas internos.
- Limitar el uso de recursos públicos financieros, humanos y materiales.
Cabe señalar que la Asociación de Ciudadanos Unidos para Erradicar la Corrupción (ACUEC) había denunciado previamente al funcionario ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por delitos como tráfico de influencias, cohecho, evasión fiscal, enriquecimiento inexplicable, falsificación de documentos y fraude en la asignación de contratos de aseo.
El frente IPN: contratos con el “cártel de la limpieza”
Una de las principales líneas de investigación se centra en su gestión como secretario de Administración del IPN. Las indagatorias señalan que Tapia Santoyo autorizó un contrato por 2 mil 500 millones de pesos a la empresa Servicios Integrales Retimar, identificada en reportes oficiales como parte del llamado “cártel de la limpieza”.
Este contrato de servicios de limpieza fue otorgado de forma plurianual, cubriendo los años 2025, 2026, 2027 y hasta 2028.
Las irregularidades detectadas en el proceso de licitación apuntan a un posible abuso de funciones y violación de principios de competencia:
- Se le acusa de limitar la libre participación de posibles proveedores.
- Se cuestiona que la adjudicación se dirigió hacia una persona moral en específico.
- La Secretaría Administrativa del Politécnico fungió como área requiriente, con Tapia Santoyo como el titular responsable de la operación.
El caso tomó visibilidad luego de que personal de limpieza del Politécnico realizara protestas, poco más de una semana antes de la solicitud de destitución, debido a la falta de pagos oportunos.
El frente ISSSTE: desvío por empresas fantasma
La investigación abarca el periodo 2019-2022, cuando Javier Tapia Santoyo se desempeñaba como tesorero general de la Dirección Normativa de Inversiones y Recaudación del ISSSTE.
Durante esta gestión, se investiga la presunta desviación de recursos públicos por mil 613 millones de pesos (o más de mil millones) a empresas fantasma para la compra de insumos médicos.
- La Secretaría Anticorrupción señala que una parte de los recursos públicos terminó en una red de empresas fantasma, entre ellas Interacción Biomédica.
- El expediente revela que Tapia Santoyo recibió depósitos en cuentas bancarias propias, así como en las cuentas de dos empresas vinculadas con él: Human Mobile Systems y Labi Scientific.
Se precisa que se investiga la “presunta obtención de recursos financieros que no fueron declarados mediante los instrumentos de rendición de cuentas previstos en la ley”. En cuanto a su transparencia, su última declaración patrimonial pública fue de 2017. Para 2019, declaró no estar de acuerdo con que se publicaran sus datos patrimoniales, ni con hacer público un posible conflicto de interés.
Trayectoria extensa y perfil académico
Javier Tapia Santoyo, nacido el 30 de septiembre de 1976 (actualmente tiene 49 años y es Libra), tiene una larga trayectoria como servidor público, iniciada al menos desde 2001.
En cuanto a su formación, es:
- Licenciado en Economía por el IPN.
- Maestro en Ingeniería Económica y Financiera por la Universidad La Salle, graduado con Mención Honorífica.
- Doctor en Administración Pública por la Universidad Anáhuac y la Universidad de la Sorbona de París en Francia.
Su carrera incluye diversos puestos clave en la administración pública federal:
- 2001 a 2004: Jefe de departamento de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
- 2006 a 2007: Subdirector de Investigación e Innovación de la Oficialía Mayor del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
- 2008 a 2013: Director General de Programación y Organización de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
- 2014 a 2015: Director General Adjunto de Vinculación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
Además, ha ocupado cargos como Coordinador de áreas técnicas de la Dirección de Programación y Presupuesto de Salud, Educación y Laboral (2001 a 2002); Subdirector de Planeación y Organización de la Dirección de Programación y Presupuesto (2004 a 2006); Director de Relaciones Públicas de la Profeco (2013); y Director de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Economía (2014). Respecto a su vida personal, se sabe que tiene esposa, aunque su nombre y edad son desconocidos, y se ignora si tiene hijos.
Perspectivas del proceso y responsabilidades
El procedimiento puede derivar en responsabilidades administrativas graves y posibles denuncias penales, de acreditarse el desvío de recursos públicos. Asimismo, abre la puerta a la revisión de contratos otorgados tanto en el IPN como en el ISSSTE, y la posible inhabilitación para ejercer funciones públicas.
Este escándalo reaviva la discusión sobre el «cártel de la limpieza» y cómo estos esquemas continúan obteniendo contratos multianuales millonarios en organismos federales, generando alertas sobre la necesidad de profundizar las reformas anticorrupción.
El caso de Javier Tapia Santoyo desnuda las fallas estructurales en los mecanismos de rendición de cuentas en instituciones clave de México como el IPN y el ISSSTE. La solicitud de destitución inmediata no solo busca castigar los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y desvío de fondos, sino también enviar una señal clara al círculo rojo sobre la intolerancia a los pactos de impunidad. La pregunta que queda en el aire es: ¿Se permitirá que el titular del IPN actúe con la contundencia requerida, o el funcionario logrará evadir la justicia aprovechando los vacíos legales del sistema?
