El hartazgo se consumó la mañana del 13 de enero de 2026 en la zona oriente del Estado de México. Un mega bloqueo paralizó vialidades clave, exponiendo una crisis de extorsión institucional rampante. La inacción de las autoridades, a menos de un año del último gran paro, fue el detonante de la protesta.
La parálisis del 13 de enero: zonas de conflicto
Dirigentes y choferes de al menos 25 empresas concesionarias del transporte público, agrupados en Rutas Hermanas, iniciaron bloqueos en al menos seis puntos de la zona oriente del Estado de México (Edomex). A ellos se sumaron operadores del transporte de carga, uniendo fuerzas contra la corrupción sistémica que, aseguran, opera con la complacencia oficial.
Los cierres de vialidades comenzaron pasadas las 9 de la mañana del 13 de enero de 2026, ante la percibida falta de respuesta de las autoridades. Las carreteras afectadas por la manifestación incluyen:
- La carretera México-Cuautla.
- La carretera México-Puebla.
- El Circuito Exterior Mexiquense.
- Vialidades primarias en diversos municipios, incluyendo Nezahualcóyotl.
El catálogo de la extorsión: policías, grúas y ministerios públicos
La demanda central de los transportistas es clara: exigir un freno a la extorsión de grúas, agentes policiacos y ministerios públicos (MP). Asimismo, buscan el combate a los asaltos y la desarticulación de las bandas de extorsionadores ligadas al crimen organizado.
El líder de la Ruta 42 y dirigente de Rutas Hermanas, Jorge Zenil, detalló el abuso económico que sufren, señalando dos puntos de alta corrupción que impactan directamente en su operación diaria:
- Corralones privados: El caso de Grupo Aries de Chicoloapan fue expuesto, donde se exige a los transportistas hasta ocho mil pesos por día de permanencia de la unidad en resguardo.
- Ministerio Público: La extorsión escala aún más en esta institución, que exige hasta 25 mil pesos por liberar unidades involucradas en algún tema legal.
Zenil Fajardo, dirigente de la Ruta 42, denunció que el grado de corrupción no solo persiste, sino que «sigue escalando», mientras sus denuncias no son atendidas por las instituciones estatales.
Inacción gubernamental y antecedentes
Los transportistas responsabilizan directamente a la Secretaría de Movilidad estatal por no atender sus demandas. Esta inacción adquiere una relevancia particular al ocurrir a pocos días de cumplirse un año del megabloqueo que se efectuó el 16 de enero de 2025.
Tanto el Gobierno del Estado de México como la Fiscalía General de Justicia mexiquense (FGJEM) son señalados como responsables directos de la falta de solución que ha provocado la repetición de las protestas viales.
Ante la falta de soluciones efectivas, Jorge Zenil sentenció que el gremio no «va a quitar el dedo del renglón, porque queremos solución», advirtiendo que, si la Fiscalía y la Secretaría de Movilidad estatal no ofrecen una respuesta, continuarán manifestándose mediante bloqueos.
La repetición de bloqueos en el Edomex, con un año de diferencia, evidencia que la extorsión no es un problema aislado, sino una política de facto impuesta por agentes del Estado. ¿Hasta qué punto el costo de la impunidad será mayor que el costo de la solución que exigen los transportistas?
