Raúl Rocha Cantú, el empresario regiomontano y copropietario de la franquicia Miss Universo, se convirtió en el centro de una investigación de alto impacto que expone la conexión entre el círculo empresarial y el crimen organizado. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reaccionó con contundencia, ordenando el bloqueo de sus cuentas bancarias el 4 de diciembre de 2025.
La caída del zar de Miss Universo y el bloqueo de la UIF
El empresario Raúl Rocha Cantú, dueño del 50 por ciento de la franquicia Miss Universo, es cabeza de un vasto conglomerado que, según la información oficial, servía como fachada para operaciones ilícitas. Su emporio incluye casinos, hospitales y empresas de seguridad.
La Unidad de Inteligencia Financiera actuó el 4 de diciembre de 2025 tras las acusaciones que vinculan a Rocha Cantú con una red de tráfico de combustible ilegal, conocido popularmente como huachicol, y el trasiego de armas para grupos criminales.
Los cargos y el criterio de oportunidad
La investigación contra el empresario ya estaba en curso, según comunicó la Fiscalía General de la República (FGR) el 26 de noviembre de 2025, mientras obtenía datos sobre la operación.
Dos días después, el 28 de noviembre de 2025, Rocha Cantú obtuvo el beneficio de ser testigo colaborador tras acogerse al criterio de oportunidad de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).
A pesar de su colaboración, existía una orden de aprehensión librada en su contra y otras doce personas por:
- Delincuencia organizada.
- Narcotráfico.
- Huachicol.
- Tráfico de armas.
La carpeta de investigación, iniciada en 2024, se originó a partir de una denuncia anónima del 29 de noviembre de 2024, remitida por el Encargado de la Ventanilla Única de Atención de la FEMDO, señalando una «organización criminal».
Entre las personas identificadas en la orden de aprehensión se encuentran Jacobo Reyes León, Jorge Alberts Ponce, y Daniel Roldán, además de individuos identificados únicamente por sus alias: ‘Kevin’, ‘Alejandro’ e ‘Íker’. Este grupo se dedicaría al tráfico, compra y venta de armas, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos en materia de hidrocarburos.
Radiografía de una red criminal: de Guatemala a Deer Park
La investigación judicial revela el complejo andamiaje logístico y financiero que sostenía la organización, operando desde 2024 y con ramificaciones en Estados Unidos y Guatemala.
Jacobo Reyes León, alias «El Licenciado», junto con Daniel Roldán Morales, «El Inge», y Jorge Alberts Ponce, «Yoryi», son señalados como los cabecillas de la red. La trama de corrupción fue descubierta tras la intervención telefónica de un suboficial de la Guardia Nacional que, inicialmente, investigaba la venta ilegal de armas en diciembre de 2024.
Durante una de estas intervenciones, Reyes León le advirtió a un reclutado: «Conmigo se hace de todo: hay que mover armas, hay que mover huachicol, hay que hacer servicios en la empresa de seguridad y, de vez en cuando, jalarle al gatillo».
El papel de Rocha Cantú: socio capitalista y comercializador
La Fiscalía General de la República describe a Raúl Rocha Cantú como una especie de socio capitalista dentro de la estructura criminal. Se le atribuyen las siguientes funciones específicas:
- Inyectó, al menos, cerca de cinco millones de pesos para poner en marcha la conspiración.
- «Inyecta capital en la importación de combustible procedente de Guatemala y Estados Unidos de América».
- Se encargaba de comercializar al consumidor final el combustible obtenido ilícitamente a través de sus estaciones de servicio (gasolineras).
- Señalan que sus inversiones eran millonarias, obteniendo ganancias a partir del monto de su participación.
El tráfico de combustible y el contrabando internacional
La red se dedicaba al contrabando de combustible tanto desde Guatemala como desde Estados Unidos. En el caso de la importación desde el norte, las pruebas apuntan a la compra de 3,000 millones de litros de combustible a la refinería Deer Park, ubicada en Houston.
Para la operación sureña, Daniel Roldán Morales acudía a Guatemala para negociar los precios. El modus operandi, presumiblemente a través del río Suchiate, consistía en:
- Vaciar el combustible en 25 totes (contenedores industriales) de 1,000 litros.
- Acomodar los totes en lanchas ganaderas para cruzar el río.
- Cargarlo en pipas del lado mexicano, evitando el pago de impuestos al no pasar por aduanas.
Los sobornos eran un pilar del esquema. Roldán Morales explicó en una llamada que sus socios guatemaltecos cobraban $4,000 dólares por pipa cruzada, cubriendo el servicio de protección que incluía tanto a la «maña» como a la Guardia Nacional y la Fiscalía.
Ya en México, el combustible era trasladado a predios de Querétaro, específicamente a La Espuela, en el municipio de Epigmenio González, y a El Patio, también conocido como Quinta La Chingada, en El Marqués. En estos puntos, la organización adulteraba el combustible para aumentar su rendimiento, mezclando MTBE con nafta para venderlo como diésel. Buscaban que el producto tuviera los estándares establecidos para que no oliera a otra sustancia y fuera más fácil colocarlo en el mercado.
Desde La Espuela, que cuenta con conexión ferroviaria, el combustible era distribuido utilizando facturas de empresas como Pyth, Mada Energy, GN OIL, GMR o Tabasco Capital.
La infiltración institucional y el lavado de dinero
La magnitud de la red se demuestra en la profunda corrupción de instituciones federales. Las investigaciones revelaron pagos directos a funcionarios de la Fiscalía General de la República.
Durante un cateo en una vivienda de la colonia San Miguel Chapultepec, en Ciudad de México, se decomisaron libretas con notas y cantidades de cientos de miles de pesos, junto a la leyenda «Pago De Arreglos» y las siglas FGR Querétaro, FGR CDMX, FGR Querétaro MP y FEMDO.
El documento judicial señala directamente a Mari Carmen Ramírez Rodríguez, servidora pública adscrita a la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos en Materia de Hidrocarburos, Derechos de Autor, Asalto y Robo de Vehículos (parte de la FEMDO).
Se detalla que Ramírez Rodríguez se reunía con Jacobo Reyes León, incluso en las oficinas de la FEMDO, recibiendo dinero a cambio de proporcionar información y ser omisa en sus obligaciones como servidora pública. Esto fue confirmado mediante seguimientos en los que se vio a la fiscal subirse a un vehículo con Reyes León, poco después de que él comentara por teléfono que daría dinero a la MP de la FEMDO.
Vínculos con el crimen organizado
La estructura de Rocha Cantú no solo traficaba, sino que también lavaba activos para cárteles mayores. Los presuntos involucrados son socios de la empresa de seguridad ubicada en la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México. Esta empresa de seguridad era utilizada para:
- Lavar dinero de otras organizaciones delictivas como La Unión y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
- Facilitar la compra y venta de armas.
- Remarcar las armas y venderlas.
La trama criminal detrás de Raúl Rocha Cantú desmantela la narrativa de éxito empresarial, exponiendo cómo vastas estructuras corporativas pueden ser utilizadas para inyectar capital en el contrabando internacional de combustible y armamento, corrompiendo a funcionarios de las fiscalías más sensibles del país. ¿Hasta dónde se extienden las ramificaciones de esta red de complicidad institucional?
