No deja de ser cómico-trágico-musical que el exgobernador Mario Villanueva insista en erigirse en mártir y se autorretrate como víctima de una vendetta política por negarse a ser cómplice de actos de corrupción del entonces presidente Ernesto Zedillo.
Lo curioso es que, antes de ser señalado como amigo y socio de narcos, Villanueva ya tenía bien ganada la fama de usar las instituciones de justicia para vendettas personales.
El exgobernador se dice víctima de un modus operandi de la política que él mismo usó —y varias veces— contra sus adversarios políticos.
Hace 27 años, el célebre Julio Hernández López, en su columna “Astillero”, hizo una apretada relatoría de los abusos de poder en los que incurrió Mario Villanueva como gobernador.
De hecho, el columnista estableció que Villanueva protagonizó “historias de corrupción, amenazas, represión, manipulación de las leyes y enfermizo caciquismo”.
Y Julio Hernández refirió:
“Un ejemplo claro de las terribles desviaciones de poder que se dan en Quintana Roo lo ofrece el procurador de Justicia del estado, Miguel de Jesús Peyrefitte Cupido, a quien en cinco ocasiones se le ha acusado de pervertir leyes y procedimientos, aunque, claro, tales denuncias —que deberían llegar a la instauración de sendos juicios políticos— fueron atajadas por la mayoría priísta del Congreso estatal o por chicanadas legales.
“En septiembre de 1994, el diputado local panista Luis Romero Rivera fue muy insistente en solicitar que legisladores de oposición participaran en las comisiones revisoras de la cuenta pública del gobierno estatal y, además, mantuvo una actitud crítica respecto a la gestión del gobernador. Pero, casualidades del destino quintanarroense, el diputado incómodo fue acusado de violación por su sirvienta y la mayoría parlamentaria decidió desaforarlo. Al final del proceso fue absuelto. Denunció que el procurador Peyrefitte Cupido le había fabricado el delito, pero al ver que no prosperaban sus demandas prefirió irse de la entidad.
“El 15 de abril de 1995 hubo un accidente en la carretera Cafetal-Majahual, en el que murieron Felipe Amaro Betancur (hijo del exsenador y expresidente municipal de Cancún, Felipe Amaro Santana), su esposa y dos de sus tres hijos. Según testigos, e inclusive un video, el responsable fue Isidro Gaytán Medina, quien manejaba una camioneta en estado de ebriedad. Isidro es sobrino de Marciano Medina, entonces presidente de la Canaco y persona muy cercana al gobernador y al procurador. El exsenador y exalcalde Amaro Santana acusó al procurador Peyrefitte Cupido de alterar el peritaje para salvar a Isidro. La demanda de juicio político fue desechada por la mayoría priísta del Congreso.
“En 1996, el litigante José Luis Martínez Sánchez acusó al procurador del estado de vender expedientes e información de los procesos en curso. La denuncia penal que presentó no fue aceptada y finalmente salió de la entidad.
“En 1997, Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Asamblea Ciudadana de Deudores de la Banca, fue detenido, junto con otras once personas, cuando se dirigían al Centro de Convenciones de Cancún a tratar de presentar sus demandas en una reunión nacional de banqueros. Un retén coordinado por el procurador les impidió su objetivo. Fueron inicialmente acusados de terrorismo y sedición y permanecieron incomunicados más de 50 horas en una cárcel clandestina ubicada en las inmediaciones de la presidencia municipal de Cancún. Sólo tres de los doce detenidos fueron consignados, aunque únicamente por los delitos de injurias y ataques a la autoridad, y al final sólo Fernández Noroña se quedó una semana en la cárcel, de donde salió bajo fianza y, meses después, fue absuelto.
“Ese mismo año, la diputada local priísta, Alicia Ricalde, crítica del gobernador, fue acusada de registrar a su hija en Yucatán y en Quintana Roo, lo que constituiría un delito de falsificación de documentos. No hubo tal ilícito, y la diputada culpó a las instancias de procuración de justicia de fabricar delitos”.
También refiere el columnista el caso del exdirigente de la CROC, Salvador Ramos Bustamante, quien fue víctima de un “golpe de Estado” tejido por Villanueva y líderes de Ciudad de México de esa central obrera. Posteriormente fue aprehendido en Mérida, con base en un antiguo proceso judicial pendiente.
Y este es un recuento de 1998, un año antes de que Mario Villanueva dejara la gubernatura por la puerta de atrás.
Pero, en el sur del estado, el exgobernador ha logrado imponer su narrativa de víctima por encima de su ejercicio caciquil del poder.
