En 2013, la necesidad de protegerse del crimen organizado dio origen a la policía comunitaria de Coahuayana. Hoy, casi una década después, la región Sierra-Costa de Michoacán es un campo minado donde los antiguos protectores se enfrentan a graves señalamientos, desafiando la política del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.
Origen y supervivencia de los grupos de civiles armados
La guardia comunitaria de Coahuayana se fundó en el año 2013. Esta formación fue una respuesta de los habitantes, quienes se sentían agraviados por la presencia y las actividades del crimen organizado en La Ruana, municipio de Buenavista, y en la cabecera municipal de Tepalcatepec. Desde entonces, los habitantes vigilan la zona armados.
- Liderazgo histórico: Desde la formación de este grupo de autodefensas, Héctor Zepeda, conocido como «El comandante Teto», estuvo al frente.
- Resistencia al desarme: Tras el proceso de desarme ejecutado en 2014, Zepeda fue uno de los líderes que se negaron a retirarse.
- Impacto local: Desde 2013, «El comandante Teto» se ha encargado de la seguridad de esa localidad cercana a la costa, que limita con el estado de Colima. Al momento, ha laborado para que aproximadamente 17 mil habitantes permanezcan seguros, de tal manera que la gente lo respeta y confía en él.
La visión del gobernador y el estatus legal
A pocos meses de haber iniciado su gestión, el gobernador morenista Alfredo Ramírez Bedolla fijó una postura institucional sobre la presencia de civiles armados. El mandatario dejó en claro que no permitiría la presencia de grupos de civiles armados, argumentando que se trata de organizaciones delictivas que infringen la ley.
Los costos del liderazgo en Ostula y Aquila
El movimiento de autodefensas se extendió por la región, generando líderes que pagaron un alto costo personal:
- Cemeí Verdia Zepeda, originario de Ostula, municipio de Aquila, fue otro líder relevante en este movimiento armado. Estuvo preso en dos ocasiones y fue víctima de dos atentados. Además, su padre y ocho comuneros fueron asesinados por presuntos integrantes de grupos criminales, quienes son señalados de despojar a los pueblos nahuas de sus recursos naturales.
- Agustín Villanueva Ramírez, líder en Aquila, logró beneficios a favor de más de 450 pobladores a través de un movimiento comunitario que consiguió las regalías de la mina de hierro Ternium. El dirigente estuvo preso de 2013 a octubre de 2017 y, posteriormente, desapareció de la escena pública. Aunque pobladores aseguran que también andaba en “malos pasos”, no hay denuncias en su contra y siempre tuvo buena reputación en la cabecera municipal de Aquila.
Acusaciones de infiltración y las pugnas actuales
La complejidad de la situación ha escalado a un nivel de confrontación interna con señalamientos de vínculos con el crimen organizado. En la actualidad, Germán Ramírez, apodado «El Toro», ocupa el cargo que dejó Cemeí Verdia Zepeda.
- «El Toro» acusa directamente a Verdia Zepeda de ser parte del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
- A pesar de esta acusación, Verdia Zepeda no tiene registrada alguna orden de aprehensión en su contra.
- Por otro lado, a «El Toro» se le señala de estar involucrado con una agrupación delictiva local; sin embargo, el pueblo nahua de Ostula lo respalda.
La violencia reciente subraya la gravedad del conflicto. La Cofradía, localidad vecina de la tenencia de Ostula, ha sido atacada en tres ocasiones entre enero y julio de este año. Una de las agresiones fue con armas y explosivos que destruyeron la vivienda donde despachan las autoridades comunales, quienes acusaron directamente a los integrantes del CJNG de ser los agresores.
La riqueza incalculable de la sierra-costa como telón de fondo
El territorio donde se desarrolla este conflicto es de vital importancia económica. La región Sierra-Costa michoacana abarca grandes territorios poco habitados y posee riquezas naturales incalculables. Esta área comprende a los municipios de Lázaro Cárdenas, Aquila, Chinicuila, Coalcomán y Coahuayana, entre otros. Sus recursos incluyen maderas preciosas, minerales, zona selvática y costas.
El hilo narrativo de las autodefensas en Michoacán es una tragedia recurrente: nacidas para protegerse de la delincuencia, terminan a menudo en un gris legal y moral, señaladas ellas mismas de colusión o de ser grupos delictivos. Mientras las autoridades comunales acusan al CJNG de ataques directos y el gobernador insiste en el desarme, la pregunta que persiste en la Sierra-Costa es inevitable: ¿quién vigila realmente a los vigilantes y quién puede garantizar la ley cuando el orden ha sido reemplazado por la supervivencia armada?
