En el corazón del Centro Histórico, el reciente desalojo en República de Cuba 11 desnuda una compleja trama. El gobierno capitalino se deslindó, pero las familias desalojadas denuncian un patrón judicial que apunta a un mismo juzgado en casos similares, revelando un escenario de vulnerabilidad persistente.
El deslinde oficial del gobierno capitalino
El Gobierno de la Ciudad de México se deslindó del desalojo que tuvo lugar el miércoles anterior en la calle República de Cuba número 11, en el Centro Histórico. Las autoridades indicaron que la acción fue resultado de un litigio entre dos particulares.
La participación de la policía capitalina se limitó a 24 elementos, cuya presencia, según se explicó, se dio por una instrucción directa del juzgado 54 de lo civil. Esta orden de lanzamiento tenía el propósito de resguardar al actuario encargado de la diligencia. La Secretaría de Gobierno subrayó con firmeza que «no se trató de una acción de la autoridad, sino que fue un desalojo de un juicio civil ordinario que instruyó el juez 54 de lo civil del Poder Judicial de la Ciudad de México.»
Tras la diligencia, personal de la Secretaría de Vivienda atendió a las personas afectadas. Estas solicitaron apoyo para obtener un lugar donde vivir, aunque no se proporcionó mayor información sobre las opciones que se les podrían dar.
La otra cara de la moneda: Denuncias de los afectados
Mientras se realizaba la diligencia, los afectados aseguraron que en ningún momento se les mostró una orden judicial. Afirmaron que, sin previo aviso, sacaron del edificio muebles, colchones, ropa y enseres domésticos, dejándolos amontonados sobre la banqueta y el arroyo vehicular. Esta situación forzó a las familias a instalar un campamento improvisado frente al inmueble, reflejando su urgente necesidad de vivienda.
El patrón de un mismo juzgado en desalojos del centro histórico
La situación en República de Cuba 11 se agrava con el testimonio de locatarios y personas desalojadas del inmueble, denominado Sol y Luna. Refirieron que el juez que emitió la orden de desalojo es el mismo que ha ordenado otros lanzamientos en el Centro Histórico.
Entre los casos mencionados se encuentra el de República de Cuba 18, en contraesquina del inmueble actual. Allí, al menos cuatro familias han sido sacadas y, hace apenas un mes, se instaló un espacio llamado Bellas Artes como sitio cultural. Comentaron también que en el edificio Combaluzier, en República de Cuba 12, se realizaron desalojos, aunque, dijeron, ese sí tiene dueño, con el fin de habilitarlo para servicios de hospedaje por aplicación.
La historia detrás del inmueble y las acciones de los inquilinos
Quienes permanecieron en el campamento informaron que, además del amparo que se promoverá en contra del desalojo, se prepara una denuncia colectiva. Esta decisión se da luego de que recibieron el apoyo de organizaciones solidarias que les llevaron víveres y lonas, las cuales comenzaron a instalar por la tarde y la noche ante la amenaza de lluvia.
Las familias explicaron que en algún momento intentaron comprar el edificio a Fernando Díaz Pérez de León, quien tenía la posesión legal del inmueble en copropiedad con una hermana. Sin embargo, debido a diferencias entre los inquilinos, no se logró llegar a un acuerdo. Posteriormente, los dueños fallecieron y el inmueble quedó intestado. Agregaron que hasta hace unos 10 o 12 años estuvieron pagando renta a quienes decían tener la representación legal de los propietarios. No obstante, estos dejaron de cobrar y se negaron también a proporcionar una cuenta para hacer los depósitos, aunque los inquilinos continuaron pagando los servicios como agua y luz.
