La presidenta Claudia Sheinbaum ha utilizado su facultad ejecutiva para revertir una medida fiscal recién aprobada. A solo horas de su entrada en vigor, la Ley de Ingresos 2026 fue modificada vía decreto Sheinbaum IEPS videojuegos, eliminando el gravamen de 8% a los contenidos clasificados como violentos o para adultos. La medida subraya las complejidades de la instrumentación fiscal de última hora.
Un estímulo fiscal de 100% antes del año nuevo
Con la inminente entrada en vigor de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2026, la presidenta de la república, Claudia Sheinbaum, emitió un decreto el 31 de diciembre de 2025 que exime del pago del cien por ciento del impuesto a los videojuegos clasificados como violentos.
El gravamen, originalmente un Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) del 8%, había sido incluido en el paquete fiscal 2026. La mandataria declaró en días pasados que la instrumentación de dicho impuesto resultaba complicada y, además, no representaba una contribución fiscal relevante para las finanzas públicas.
El decreto, publicado el 31 de diciembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF), establece un estímulo fiscal para evitar el pago de ese 8%.
La alternativa a esta acción presidencial era que el Congreso modificara la Ley de Ingresos. Sin embargo, dado que la ley entraba en vigor el primero de enero de 2026, no había tiempo material para el proceso legislativo, por lo que la presidenta hizo uso de su facultad constitucional. El estímulo entra en vigor justamente el primero de enero de 2026.
Los beneficiarios del estímulo y las reglas operativas
El estímulo está dirigido específicamente a aquellos bienes o servicios relacionados con videojuegos con la clasificación «con contenido violento o extremo o para adultos, no aptos para menores de 18 años».
El decreto beneficia a dos grupos principales de contribuyentes obligados al pago del IEPS:
- Enajenantes de formato físico: Aquellos que vendan o distribuyan los bienes en formato físico, conforme al artículo 2o., fracción I, inciso K de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
- Proveedores de servicios digitales: Incluye tanto a residentes en el extranjero sin establecimiento en México como a residentes en el país que proporcionen servicios digitales (acceso o descarga) de dichos videojuegos, de conformidad con el artículo 2o., fracción II, inciso D) de la Ley del IEPS.
Restricciones para la aplicación del estímulo
El estímulo fiscal es una cantidad equivalente al 100% del IEPS que deba pagarse por las citadas actividades. No obstante, el decreto establece precisiones cruciales para su aplicación:
- El estímulo será acreditable contra el IEPS que deba pagarse por las actividades realizadas.
- Solo será procedente en tanto la cantidad eximida no se traslade al adquirente del bien o servicio. Esta condición busca evitar que los beneficiarios obtengan un beneficio indebido al cobrar el impuesto y al mismo tiempo recibir el estímulo.
- La aplicación del estímulo no dará lugar a devolución o compensación alguna.
Alivio fiscal en servicios digitales
Para los contribuyentes que proporcionan el acceso o descarga de videojuegos vía servicio digital (incluyendo plataformas digitales de intermediación), la aplicación del estímulo implica un beneficio adicional.
Dado que estos contribuyentes no pagarán cantidad alguna por concepto del IEPS por dicha actividad, el decreto también los releva de las obligaciones fiscales establecidas en los artículos 5o.-A BIS y 20-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
Esta dispensa evita que los contribuyentes se ubiquen en supuestos de incumplimiento que pudieran dar lugar al bloqueo temporal del acceso al servicio digital que permite la descarga o el acceso al videojuego. Finalmente, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha sido facultado para emitir las reglas de carácter general necesarias para la correcta aplicación del estímulo fiscal y de las demás disposiciones de este decreto.
La presidenta Claudia Sheinbaum había recordado previamente que no habría conferencias de prensa el 31 de diciembre ni el 1 de enero, reanudando sus actividades informativas el viernes 2 de enero.
La rapidez con la que se utilizó la facultad ejecutiva para eximir un impuesto recién aprobado en el Congreso, debido a la complejidad de su instrumentación y su poca relevancia fiscal, sienta un precedente sobre la dinámica de la legislación fiscal en México. ¿Este uso de los decretos, aunque oportuno para corregir un error legislativo inminente, podría sentar las bases para la modificación recurrente de leyes fiscales sin pasar por el debate parlamentario?
