El año 2026 comenzó en Argentina con la promulgación del Decreto de necesidad y urgencia (DNU 941/2025) emitido por el presidente ultraderechista Javier Milei. Esta medida ha desatado una ola de críticas, al ser percibida por la oposición y diversas organizaciones como el cimiento de un estado policial Milei Argentina, que podría poner en riesgo las libertades individuales y garantías constitucionales.
La amenaza de la dictadura encubierta
Organizaciones de trabajadores y de derechos humanos rechazaron inmediatamente la decisión presidencial. La abogada Claudia Roca, presidenta de la Asociación Americana de Juristas (AAJ), afirmó a La Jornada que la nueva normativa convertirá a este gobierno en una virtual dictadura encubierta.
Según Roca, el DNU está diseñado para crear un “servicio de inteligencia con una operatividad similar a un grupo parapolicial, poniendo en riesgo todas las garantías constitucionales y convencionales”. Además, denunció que la norma subordina a las Fuerzas Armadas, utilizándolas para servir en inteligencia y seguridad interior, lo cual violenta el artículo 99 de la Constitución nacional.
La presidenta de la AAJ fue enfática: > «La norma no deja ninguna posibilidad de recurrir a la justicia, que es un tema del Congreso de la Nación, y Argentina no es un país en conflicto, ni en guerra, que amerite en forma alguna las violaciones de todas las normas y convenciones internacionales”.
El decreto, añadió, está destinado a imponer un Estado represor e imponer las reformas que se vienen, buscando acallar la resistencia política, sindical y de la sociedad toda. En el ámbito económico, el objetivo es fundamentar un estado depredador. Roca sostuvo que esto coloca a Argentina “bajo un sistema similar al régimen nazi como el de 1933 en Alemania”.
La arquitectura del espionaje: nuevas agencias y la SIDE
Los medios locales han señalado que uno de los puntos clave del decreto es la consolidación de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) como el órgano rector y superior del sistema. Esta entidad tendrá, entre sus órganos descentralizados, las siguientes dependencias:
- El Servicio de Inteligencia Argentino.
- La Agencia Nacional de Contrainteligencia.
- La Agencia Federal de Ciberinteligencia.
- La Inspectoría General de Inteligencia.
La Central de Trabajadores Argentinos (CTA) denunció que el decreto cristaliza una “arquitectura legal para la vigilancia masiva y la persecución política, sindical y social, constituyendo un retroceso gravísimo y un peligro extremo para las libertades individuales”. La CTA advirtió que la SIDE “incrementará su opacidad y su poder sin control parlamentario” y que todas sus actividades de espionaje pasarán a ser “encubiertas”. Esto transformaría a los agentes de inteligencia en “policía secreta” o “fuerza parapolicial”, y lo más grave: habilita la detención de personas sin orden judicial.
El antecedente israelí en ciberseguridad
En el contexto de la nueva Agencia Federal de Ciberinteligencia, es importante recordar que la ciberseguridad argentina ya está en manos de la inteligencia israelí. Este acuerdo data de 2017, cuando la actual senadora y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, lo acordó con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, durante su visita a Tel Aviv.
La resistencia política y social inmediata
La oposición anunció que actuará en forma inmediata a todos los niveles ante lo que consideran “la mayor amenaza contra la democracia en los últimos tiempos”, afirmó Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria.
Acción de la oposición legislativa
Desde la misma mañana de la publicación del DNU, comenzaron a generarse una cantidad de demandas y presentaciones ante la Cámara de Diputados. El bloque de Provincias Unidas elevó un pedido a la vicepresidenta Victoria Villarruel y al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para que ordenen la conformación de las siguientes comisiones bicamerales:
- La de trámite legislativo.
- La de seguimiento de las actividades de inteligencia.
El bloque de Unión por la Patria hizo lo propio, por medio de su jefe, Germán Martínez, quien exigió: “No hay necesidad ni urgencia. Llamen a extraordinarias y manden el proyecto de ley”.
El rechazo sindical y de derechos humanos
Tanto la Confederación General del Trabajo (CGT) como las dos organizaciones sindicales que conforman la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) emitieron comunicados con un fuerte rechazo a la reforma.
La CGT sostuvo que estas iniciativas, divorciadas de las genuinas prioridades del pueblo, “nos remontan a experiencias trágicas de nuestro pasado, épocas nefastas de persecución ideológica y violencia social”. Además, agregó que el decreto surge como el “complemento represivo indispensable de un programa económico y social de ajuste continuo que se está llevando a cabo y que no resultará sustentable en el tiempo”.
El Servicio de Paz y Justicia, que preside el Premio Nobel de la Paz (1980) Adolfo Pérez Esquivel, así como Madres, Abuelas de la Plaza de Mayo y otras organizaciones, repudiaron el decreto. Anunciaron gestiones a nivel nacional e internacional, pues consideran que, sumado a los decretos anteriores que violan derechos humanos y sociales, esto significa “el fin de la escasa democracia que nos queda”.
Un dilema para el futuro democrático
Mientras el gobierno defiende que los cambios buscan “modernizar estructuras, evitar la superposición de funciones y mejorar el intercambio de información estratégica”, el consenso de la oposición denuncia la creación de un estado policial. Este DNU, junto con la ley que busca atraer dólares “debajo del colchón” y la ampliación de poderes de los servicios de inteligencia en Argentina para detener personas, parece configurar un Estado de excepción. ¿Podrá la movilización social y la acción legislativa detener lo que muchos ya catalogan como un avance inconstitucional y el riesgo de una persecución política generalizada?
