El pleno de la Cámara de Diputados ha desatado un debate fiscal crucial. Con el respaldo de la mayoría, se aprobó el dictamen de la Ley Federal de Derechos, el primer eje de los ingresos federales para el próximo año. La medida, que eleva sustancialmente cuotas migratorias y de servicios públicos, confronta la visión recaudatoria de la oposición con la justificación oficial de fortalecer las finanzas públicas.
El consenso mayoritario: Un acto de justicia para las finanzas públicas
La discusión de la Ley Federal de Derechos inició el 15 de octubre de 2025 en el pleno de la Cámara de Diputados, logrando su aprobación en lo general con 355 votos a favor, provenientes de la bancada de Morena y sus aliados. La oposición sumó 132 votos en contra.
La bancada de Morena defendió el contenido de la ley argumentando que representa un aumento a las cuotas y tarifas “para que se refleje el costo real de los servicios públicos”. Adicionalmente, el dictamen moderniza servicios y simplifica trámites en distintos sectores. La mayoría definió esta acción como:
- Un acto de justicia que busca cubrir costos de manera eficiente.
- Una estrategia para fortalecer las finanzas públicas del país.
- Un instrumento para disminuir la brecha de desigualdad y hacer crecer las oportunidades.
La reestructuración de cobros en servicios esenciales
Al exponer el contenido del dictamen en representación de la comisión de hacienda y crédito público, la diputada Marcela Michel López, de Morena, detalló que se establece una “revisión” de las cuotas por la prestación de servicios en diversas áreas.
La revisión tarifaria y las exenciones
La modificación de la Ley de Derechos contempla revisiones específicas en materia sanitaria, servicios aeronáuticos, fitosanitaria y zoosanitaria. La diputada Michel López fue enfática en señalar que los nuevos cobros no afectan directamente a la población con menores recursos.
Entre las nuevas tarifas establecidas se encuentran:
- Autorizaciones para abordar embarcaciones en navegación de altura, como cruceros.
- Emisión del formato de autorización de salida de menores al extranjero.
- Cobro por servicios migratorios extraordinarios a vuelos no regulares.
- Derecho para aeronaves privadas sin fines de lucro.
Se mantienen, sin embargo, exentas de cobro aquellas aeronaves destinadas a la protección civil y las ambulancias aéreas.
Aumentos contundentes en cuotas migratorias
Entre los cambios más significativos propuestos en el dictamen, destaca el incremento en las cuotas migratorias, llegando a duplicarse en algunas categorías para residentes temporales.
| Categoría migratoria | Tarifa anterior (Pesos) | Nueva tarifa (Pesos) |
| Visitantes extranjeros (sin actividades remuneradas) | 860.56 | 983.00 |
| Residentes temporales (1 año) | 5,328.00 | 11,140.74 |
| Residentes temporales (4 años) | 11,984.80 | 25,057.00 |
| Residentes permanentes | 6,494.00 | 13,578.00 |
No obstante, se establecen descuentos del 50 por ciento para los residentes temporales y permanentes que acrediten que su estancia en el país tiene el objetivo de preservar la unidad familiar, contar con una oferta de empleo de un empleador con constancia vigente, o por invitación para actividades sin percepción de ingresos.
Impacto en el acceso a bienes culturales y espectro radioeléctrico
También se actualizan los pagos por el uso de bienes culturales propiedad de la nación, que incluyen zonas arqueológicas y museos. Los costos que variaban entre 73 y 95 pesos, pasan a establecer tarifas que oscilan entre 104.50 y 209.09 pesos. Se crea una cuarta categoría tarifaria para algunas zonas arqueológicas mayas.
En este ámbito, nacionales y extranjeros residentes tendrán un descuento de entre 45 y 50 por ciento, dependiendo del sitio visitado, siempre y cuando acrediten su nacionalidad y residencia, respectivamente.
Adicionalmente, la morenista Michel López apuntó que se adecuaron los derechos por el uso o aprovechamiento del espectro radioeléctrico con el objetivo de “ampliar la cobertura y acceso a servicios de telecomunicaciones y radiodifusión en beneficio de la población que aún no cuenta con tales servicios”. También se actualizan los derechos por servicios de inspección y vigilancia que realiza la comisión nacional bancaria y de valores y que son cubiertos por entidades financieras como casas de bolsa, de cambio, almacenes generales de depósito, fondos de inversión e instituciones de banca múltiple.
La oposición denuncia política económica «totalmente recaudatoria»
Pese a que el dictamen no incluye la modificación del impuesto especial sobre producción y servicios (ieps), las bancadas del partido acción nacional (pan), revolucionario institucional (pri) y movimiento ciudadano (mc) afirmaron que el paquete económico en su conjunto sí contiene un aumento general de impuestos.
La panista Noemí Berenice Luna señaló que las adecuaciones a la Ley de Derechos, que definen cuánto paga la gente por los servicios de gobierno, “son sencillas de resumir: que todos paguen más; pero que los beneficios sigan sin llegar”. La legisladora detalló los siguientes incrementos:
- Aumento de cuotas de hasta 100 por ciento en trámites migratorios.
- Aumento del 16 por ciento en servicios financieros.
- Elevación de costos en sanidad, aviación, telecomunicaciones y agua.
La panista concluyó que la política económica de Morena “es totalmente recaudatoria: que todos paguen más; pero los beneficios no llegan. La realidad contrasta profundamente con los discursos que aquí traen”.
El déficit financiero como motor de la recaudación
La crítica de la oposición se centró también en la necesidad financiera del gobierno. Por parte de Movimiento Ciudadano, Eduardo Gaona aseveró que el gobierno federal planea gastar 10 billones de pesos, pero solo va a tener 8.5 billones. En sintonía con este análisis, el priísta Jericó Abramo Masso agregó que el país requiere para estabilizar sus finanzas 1.5 billones de pesos de ingresos adicionales.
La aprobación del aumento de cuotas y tarifas es un movimiento estratégico que busca inyectar los 1.5 billones de pesos que el priísta Abramo Masso identifica como necesarios. La Ley Federal de Derechos se convierte así en la pieza central de una política que prioriza el fortalecimiento de las finanzas públicas, aunque el costo se traduzca en una carga directa para los usuarios de servicios federales, especialmente en áreas sensibles como la migración y el acceso a la cultura, un costo que la oposición califica de atentado contra los derechos humanos.
