Cuatro días de caos fronterizo evidenciaron la tensión que genera la nueva Ley de Aguas Nacionales Baja California. Agricultores del Valle de Mexicali liberaron la vital garita Mexicali-Calexico, pero el repliegue no significa la paz. El debate sobre el agua concesionada desató pérdidas millonarias y expuso profundas vulnerabilidades legales.
El coste de cuatro días de parálisis económica en la frontera
El 09 de diciembre de 2025, después de cuatro días de mantenerse obstruida, la garita internacional Mexicali-Calexico fue finalmente liberada por los agricultores del Valle de Mexicali. El desbloqueo permitió reanudar el paso de tractocamiones destinados a la exportación e importación entre México y Estados Unidos.
Los productores del Distrito de Riego 14 decidieron replegar la maquinaria utilizada en la protesta con el fin de permitir la operación del puesto fronterizo comercial y el tránsito vehicular.
La movilización, que inició la semana anterior, generó un impacto económico severo en la región. Representantes de la industria manufacturera estimaron pérdidas que ascendieron a 300 millones de dólares durante los días que duró el bloqueo.
La reforma: el punto de quiebre de la venta de agua
La raíz de la protesta se centró en la reciente reforma a la Ley de Aguas Nacionales, la cual prohíbe la comercialización del volumen de agua concesionada para uso agrícola.
Los dirigentes agrícolas decidieron mantener el bloqueo comercial luego de una ruptura en las mesas de diálogo, insistiendo en que no lo levantarían hasta que se garantizara el apoyo a aquellos agricultores que ceden sus volúmenes de agua a la zona de Tijuana.
Al respecto, Horacio Gómez, presidente del Consejo Estatal de Productores de Trigo, advirtió la mañana previa al desbloqueo: “Vamos a seguir en el plantón en la garita mientras no tengamos un papel que garantice una seguridad de que van a apoyar a esos agricultores que se encuentran vulnerables con la nueva ley”.
La preocupación central, según Juan Carlos Fierro, presidente del Distrito de Riego 14 y secretario de la Asociación Nacional de Usuarios de Riego, es la pérdida del patrimonio de quienes cedan su volumen de agua a la zona costa de Baja California. Los manifestantes incluso aseguraron que la nueva ley aprobada “es para chingarnos”.
Por su parte, Efraín Morales López, director general de la Comisión Nacional del Agua, señaló que los módulos de riego del Distrito 14 obtenían con la venta del líquido ingresos anuales estimados en 100 millones de pesos.
Negociaciones inconclusas y el rechazo gubernamental
Durante el transcurso del conflicto, autoridades federales y estatales participaron en una mesa de diálogo con agricultores del Valle de Mexicali y usuarios del agua del río Colorado.
El domingo pasado se llevó a cabo una reunión que se extendió por nueve horas, con la participación de:
- La Unión Ganadera Regional.
- Productores de San Quintín y Ensenada.
- Comisionados del Distrito de Riego 14 Río Colorado.
- El Consejo Estatal de Productores de Trigo.
No obstante, los representantes de los productores de trigo se negaron a formalizar los compromisos y decidieron levantarse de la mesa de negociación.
La administración estatal, encabezada por la gobernadora María del Pilar Ávila Olmeda, rechazó los señalamientos de los inconformes. El gobierno afirmó que la modificación legislativa tiene como objetivo principal ordenar el uso del agua y no busca retirar concesiones ni afectar actividades agrícolas.
La administración estatal sostuvo que el punto central de las desavenencias es únicamente la prohibición de la venta de agua que estaba concesionada para uso agrícola y que era destinada a gobiernos municipales.
Los acuerdos que permitieron el tránsito comercial
El bloqueo fue levantado la tarde del lunes, aunque la maquinaria agrícola utilizada en la protesta quedó estacionada a la vera del camino, con el argumento de que podrían instrumentarse otras medidas de presión en el futuro.
Los puntos de acuerdo alcanzados para permitir la reapertura incluyeron diversas medidas de apoyo y regularización para el sector:
- Ampliar y regularizar el programa de energía para el campo.
- Establecer un módulo de trámites.
- Implementar mesas permanentes de revisión y relocalización.
- Aclaración jurídica sobre la posibilidad de heredar o vender terrenos que cuentan con concesión.
- Aclaración sobre la distribución interna y renta para uso agrícola.
- Rehabilitación de pozos.
- Visitas de funcionarios para atender a los agricultores de San Quintín.
Mientras el gobierno celebra la reapertura de la garita, la maquinaria en el margen de la carretera actúa como un recordatorio silencioso: ¿Son estos acuerdos suficientes para resolver el conflicto de fondo o solo representan una pausa temporal en la guerra por el agua en Baja California?
