La muerte del senador Miguel Uribe Turbay en agosto de 2025, tras un brutal ataque sicarial, ha conmocionado a Colombia. Este lamentable suceso, que evoca los magnicidios más oscuros de nuestra historia, exige un análisis profundo de sus causas y consecuencias.
La muerte de un senador que estremeció al país
El senador Miguel Uribe Turbay (1986-2025), abogado y político colombiano, falleció tras un atentado en 2025, un hecho que ha estremecido a la nación. Su muerte, confirmada en la madrugada del 11 de agosto de 2025, ocurrió luego de dos meses de agonía tras un ataque sicarial sufrido en un acto público. La noticia conmocionó a Colombia y despertó temores de un retorno a las peores épocas de violencia política, recordando los magnicidios que marcaron la historia nacional.
Breve biografía y antecedentes familiares
Miguel Uribe Turbay nació en Bogotá el 28 de enero de 1986, en el seno de una familia con amplia trayectoria pública. Fue nieto del expresidente Julio César Turbay Ayala, quien fue mandatario de Colombia entre 1978 y 1982.
Su madre, la destacada periodista Diana Turbay Quintero, fue secuestrada en agosto de 1990 por el grupo narcoterrorista conocido como Los Extraditables, liderado por Pablo Escobar. Diana Turbay fue asesinada en enero de 1991 durante un fallido operativo de rescate, cuando Miguel tenía apenas 5 años.
Tras la trágica muerte de su madre, Miguel y su hermana quedaron al cuidado de su abuela materna, Nydia Quintero, ex primera dama de la nación. Su padre, Miguel Uribe Londoño, también provino de la arena política, siendo concejal de Bogotá (1988-1990) y senador por el Partido Conservador a inicios de los 90. Además, participó en la dirigencia local del uribismo años más tarde.
Este entorno familiar marcó profundamente la vida de Miguel Uribe Turbay, quien heredó un linaje político, pero también una historia atravesada por la violencia. Él mismo evocó el legado de su madre al afirmar: “si mi mamá estuvo dispuesta a dar su vida por una causa, cómo no voy a hacer yo lo mismo en la vida y en la política”.
Trayectoria profesional y política
Desde muy joven, Miguel Uribe mostró vocación de servicio público. Abogado egresado de la Universidad de los Andes con maestrías en Políticas Públicas y en Administración Pública (esta última de la Universidad de Harvard), incursionó en política electoral a los 25 años.
En 2011, se lanzó al Concejo de Bogotá por el Partido Liberal –el mismo partido de su abuelo Turbay– y resultó elegido concejal para el periodo 2012-2015. Durante su gestión como concejal se destacó como uno de los más férreos críticos del entonces alcalde capitalino Gustavo Petro, lo que le perfiló como una figura emergente de la oposición de derechas en la ciudad. En 2014, llegó a presidir el Concejo de Bogotá, consolidando su liderazgo local.
En 2016, Uribe Turbay ingresó al gabinete distrital como Secretario de Gobierno de Bogotá bajo la alcaldía de Enrique Peñalosa (2016-2018). Su papel en esa administración, con apoyo del partido Cambio Radical, le dio proyección administrativa.
Renunció al cargo a finales de 2018 para emprender una ambiciosa campaña a la Alcaldía de Bogotá. En las elecciones locales de 2019, se presentó con el respaldo de una coalición de cinco partidos (incluidos Liberal, Conservador y Centro Democrático). Obtuvo cerca de 427.000 votos, quedando en cuarto lugar detrás de Claudia López (la ganadora), Carlos Fernando Galán y Hollman Morris.
A pesar de no alcanzar la alcaldía, esa campaña elevó su perfil nacional. Su gran salto llegó en 2022, cuando el expresidente Álvaro Uribe Vélez lo invitó a encabezar la lista del Centro Democrático (partido de derecha liderado por Uribe) al Senado. Miguel Uribe Turbay aceptó y se convirtió en el senador más votado de Colombia en aquellas elecciones, logrando un escaño para el período 2022-2026.
Desde el Senado, se posicionó como un político joven pero influyente, y rápidamente anunció en 2023 su intención de aspirar a la Presidencia de la República en 2026. Para 2025, Miguel Uribe Turbay figuraba ya como precandidato presidencial del Centro Democrático, compitiendo internamente con figuras de mayor trayectoria en la derecha colombiana. Su precampaña lo llevó a recorrer el país, buscando capitalizar su imagen de renovación generacional dentro del uribismo.
Posturas ideológicas y políticas
En cuanto a sus posiciones políticas, Miguel Uribe Turbay se distinguió por un discurso de derecha democrática, centrado en la defensa de la seguridad, la legalidad y las instituciones. Desde su curul en el Senado, se convirtió en uno de los opositores más frontales al gobierno del presidente Gustavo Petro, el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia.
Uribe Turbay cuestionó fuertemente las reformas y políticas impulsadas por Petro. Por ejemplo, lideró la oposición a iniciativas económicas como la reforma pensional de 2023, llegando incluso a demandar dicha ley ante la Corte Constitucional por supuestas irregularidades en su trámite.
Igualmente, criticó abiertamente la política de “paz total” del gobierno –una estrategia de negociar simultáneamente con diversos grupos armados ilegales–, argumentando que la seguridad ciudadana y el imperio de la ley debían primar. De hecho, Uribe Turbay mantuvo un enfoque firme en combatir a los grupos ilegales y rechazó cualquier impunidad para narcotraficantes o disidencias guerrilleras.
Estas posturas lo alinearon ideológicamente con el uribismo tradicional (el movimiento del exmandatario Álvaro Uribe, al que pertenecía su partido), si bien no tenía parentesco con el expresidente. Su tono combativo también se evidenció al denunciar presuntos aportes del narcotráfico a la campaña de Petro, mediante una queja formal ante el Congreso en 2023. En suma, Miguel Uribe se proyectaba como el rostro de la oposición de derecha: liberal en lo económico, conservador en seguridad y vehemente crítico de la izquierda en el poder.
Contexto político y social al momento del ataque
El atentado contra Miguel Uribe Turbay ocurrió en un contexto político marcado por la polarización y la persistencia de desafíos de seguridad en Colombia. Desde 2022, el país estaba gobernado por Gustavo Petro, líder de una coalición de izquierda, cuyo ascenso al poder rompió décadas de hegemonía de partidos tradicionales.
Si bien el gobierno Petro buscaba desescalar el conflicto interno a través de diálogos de paz con guerrillas (ELN) y pactos con disidencias de las FARC (paz total), el ambiente seguía tenso. Grupos armados ilegales, incluidos carteles del narcotráfico, disidencias guerrilleras y bandas criminales, aún tenían presencia y capacidad de atentar contra figuras públicas.
La precampaña presidencial de 2026 estaba en curso y Miguel Uribe –un crítico acérrimo de Petro– emergía como uno de los principales precandidatos opositores. Este clima político encendía pasiones, pero nadie anticipaba un acto de violencia política de la magnitud que ocurrió.
La última vez que Colombia había presenciado el asesinato de un candidato presidencial fue en 1995, con el magnicidio del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado. Es decir, habían transcurrido 30 años sin un crimen de esta índole, periodo en el cual se asumía que la fase más oscura de la violencia política había quedado atrás. Por eso, el ataque contra Miguel Uribe Turbay en 2025 sacudió al país y evocó dolorosos recuerdos históricos.
“Su ausencia es irreparable y nos devuelve a épocas que considerábamos superadas”, lamentó el presidente del Congreso, Lidio García, al confirmar la muerte del senador. La impresión generalizada –compartida tanto por dirigentes políticos como por la ciudadanía– fue que Colombia estaba reviviendo fantasmas del pasado.
Algunos analistas señalaron que “lejos de ser un caso aislado, la muerte de Uribe Turbay ha provocado que Colombia vuelva a un contexto en el que ya ha estado en siete ocasiones”, refiriéndose a los siete candidatos presidenciales asesinados en el país durante el último siglo. En este escenario, crecía la preocupación social ante un posible resurgimiento de la violencia política sistemática, justo cuando el país intentaba consolidar la paz.
El atentado: sábado sangriento en bogotá
El atentado contra Miguel Uribe Turbay se produjo el sábado 7 de junio de 2025 en Bogotá, durante un recorrido de campaña. Aquel día, el senador visitaba el barrio Modelia, en la localidad de Fontibón (occidente de la capital), y se subió a una tarima improvisada en un parque para dirigirse a simpatizantes. Eran alrededor de las 5 de la tarde cuando, en medio del discurso, sonaron varios disparos.
Uribe Turbay cayó al piso tras ser impactado. Según testigos y videos del momento, un joven que estaba entre la multitud sacó una pistola Glock 9mm y, sin mediar palabra, disparó tres veces contra el político –dos tiros en la cabeza y uno en la pierna izquierda–. Sus escoltas reaccionaron de inmediato: el agresor, un menor de apenas 14 años, fue reducido y detenido en el lugar con el arma homicida en mano. Pese a que Uribe contaba con esquema de seguridad oficial, el ataque se consumó en segundos y ante la mirada atónita de sus seguidores.
Gravemente herido e inconsciente, Miguel Uribe Turbay fue llevado de urgencia a un hospital local de Fontibón y posteriormente trasladado en ambulancia a la Fundación Santa Fe, una clínica de alta complejidad en el norte de Bogotá. Allí ingresó a cuidados intensivos con pronóstico crítico. Durante más de dos meses, los médicos practicaron múltiples cirugías para aliviar el daño neurológico causado por los impactos de bala.
Hubo momentos en que la familia y sus seguidores albergaron esperanzas de un milagro, pero la situación se complicó irreversiblemente a inicios de agosto, cuando presentó una hemorragia cerebral aguda y edema cerebral intratable. Finalmente, en la madrugada del 11 de agosto de 2025, tras 66 días de lucha, la clínica confirmó el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay a la 1:56 a.m. Tenía 39 años.
Investigación y reacciones inmediatas
El atentado contra Uribe Turbay desató de inmediato una enorme operación judicial. Además del menor capturado *in situ*, en los días posteriores las autoridades detuvieron al menos cinco personas más que habrían participado en la planificación y ejecución del crimen, incluyendo la entrega del arma al joven sicario.
La Fiscalía General de la Nación anunció varias líneas de investigación para esclarecer el móvil y dar con los autores intelectuales. No se descartó ninguna hipótesis: desde un ataque motivado políticamente para golpear a la oposición, hasta un intento de desestabilización nacional orquestado por el crimen organizado. De hecho, una de las teorías inicialmente consideradas por la Policía señaló como posible responsable a la Segunda Marquetalia –una facción disidente de las FARC liderada por alias Iván Márquez–, dada su oposición al proceso de paz y la forma coordinada del atentado. Sin embargo, ningún grupo armado ha reivindicado la autoría del crimen y las autoridades continúan investigando.
Paralelamente, se generó controversia sobre la seguridad provista al senador: el equipo de Uribe denunció que sus esquemas de protección eran insuficientes pese a reiteradas solicitudes de refuerzo. Incluso el presidente Petro señaló como “extraño” que el día del ataque se hubiera reducido la seguridad asignada al congresista. Estos señalamientos alimentaron el debate político tras la tragedia.
La reacción de la sociedad colombiana ante el atentado y la posterior muerte de Miguel Uribe Turbay fue de indignación colectiva y duelo nacional. La noticia de su fallecimiento en la madrugada del 11 de agosto estremeció al país, generando mensajes de rechazo a la violencia desde todos los sectores.
El presidente Gustavo Petro –ideológicamente adversario de Uribe Turbay– expresó sus condolencias a la familia y condenó el hecho con palabras contundentes: “La vida está por encima de cualquier ideología… Por venganzas llevamos décadas de violencia. No más”, escribió Petro en la red social X (antes Twitter), agregando que “nos duele la muerte de Miguel como si fuera de los nuestros. Es una derrota”.
Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, jefe del partido Centro Democrático, lamentó el asesinato de quien consideraba un discípulo político cercano. “El mal todo lo destruye, mataron la esperanza”, declaró Uribe Vélez, afirmando además: “Que la lucha de Miguel sea luz que ilumine el camino correcto de Colombia”. En la misma línea, el exmandatario Iván Duque (2018-2022) manifestó que “Colombia llora, pero no se rendirá ante los criminales que apagaron la vida de un joven admirable”.
Las voces de solidaridad y repudio llegaron también desde la oposición de izquierda: la senadora María José Pizarro –hija del candidato asesinado Carlos Pizarro– denunció que “minorías apátridas siguen asesinando, solo entienden el lenguaje de la violencia”, mientras el senador Iván Cepeda –hijo de otro político víctima de magnicidio– pidió que “desaparezca la violencia de la política”. La vicepresidenta Francia Márquez resumió el sentir general al afirmar que “la democracia no se construye con balas ni con sangre, se construye con respeto, con diálogo y reconociendo nuestras diferencias”.
La ciudadanía también se volcó a las calles para rendir homenaje y exigir paz. Días después de la muerte, más de 70.000 personas marcharon vestidas de blanco y portando banderas de Colombia en Bogotá, en un emotivo recorrido silencioso hasta la Plaza de Bolívar. Esta manifestación fue denominada la “Marcha del Silencio” –una evocación directa de la protesta pacífica que lideró Jorge Eliécer Gaitán en 1948 contra la violencia–. En un país herido, el símbolo se hizo potente: así como Gaitán fue asesinado aquel año cuando se perfilaba a la presidencia, desencadenando el Bogotazo, ahora la sociedad clamaba para que la historia no se repitiera.
La Alcaldía Mayor de Bogotá decretó tres días de duelo en la capital en memoria de Miguel Uribe Turbay, quien años atrás había sido servidor público de la ciudad. El Congreso de la República, por su parte, rindió honores colocando una foto de Uribe Turbay en su curul vacía y izando la bandera a media asta, en señal de luto y protesta contra el crimen. En redes sociales y medios, la frase “No más violencia política” se convirtió en tendencia, reflejando un sentimiento de “hasta aquí” frente a este tipo de actos.
Reviviendo los peores episodios de violencia política: comparaciones históricas
El asesinato de Miguel Uribe Turbay ha sido ampliamente comparado con algunos de los capítulos más trágicos de la violencia política en Colombia. Su nombre ahora se suma a una lista funesta de líderes asesinados por motivaciones políticas, una lista que el país esperaba no volver a engrosar. A finales de los años 80 y comienzos de los 90, el narcotráfico y la guerra sucia desataron una seguidilla de magnicidios que dejaron una cicatriz profunda en la democracia colombiana.
La muerte de Uribe Turbay “conmocionó a un país que se retrotrajo de inmediato a los asesinatos que sembraron el terror a finales de los años ochenta y principios de los noventa”. En aquel período oscuro fueron eliminados varios candidatos presidenciales y figuras de alto perfil:
- Luis Carlos Galán Sarmiento (abatido en agosto de 1989 por sicarios del cartel de Medellín)
- Bernardo Jaramillo Ossa (líder de la Unión Patriótica, asesinado en marzo de 1990)
- Carlos Pizarro Leongómez (exguerrillero del M-19, acribillado en abril de 1990)
Y otros líderes como Jaime Pardo Leal (1987) y Álvaro Gómez Hurtado (1995). Incluso décadas antes, en 1948, el magnicidio de Jorge Eliécer Gaitán marcó el inicio de una era de violencia generalizada conocida como El Bogotazo, cuyos ecos resuenan hasta hoy.
El recuerdo de todos esos episodios volvió a la memoria colectiva con el ataque a Uribe Turbay. “La muerte de Miguel Uribe Turbay hizo que se recuerden los siete casos de la misma índole que se han registrado en el país”, se reportó, subrayando que él se convirtió en el octavo aspirante presidencial asesinado en la historia colombiana.
Tras casi tres décadas sin un magnicidio político de alto nivel, Colombia veía reabrirse viejas heridas. Líderes de diversas corrientes advirtieron sobre el peligro de retroceder a esa violencia del pasado. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán –hijo de Luis Carlos Galán–, enfatizó que el asesinato de Uribe Turbay debe marcar un “nunca más” en la vida nacional. “Su asesinato debe ser un punto de quiebre para Colombia. No podemos aceptar la violencia en nuestro país. No podemos permitir que los violentos, una vez más, pongan en riesgo lo más profundo de nuestra democracia, que tanto tiempo y esfuerzo nos ha costado construir y mantener”, declaró Galán, calificando el hecho como un atentado contra la democracia misma. Este llamado resonó con fuerza, dada la autoridad moral de quien proviene de una familia víctima de la violencia política.
Del mismo modo, el expresidente Juan Manuel Santos –Premio Nobel de Paz– afirmó en redes que el país no puede tolerar el regreso del odio y la muerte como forma de hacer política, y exhortó a la unidad nacional para defender la vida por encima de cualquier diferencia.
En el dolor y la indignación por la pérdida de Miguel Uribe Turbay, Colombia parece reencontrarse con lecciones aprendidas a sangre y fuego. La gran mayoría de actores políticos, medios y ciudadanos coinciden en que no se debe permitir un retorno a la era de los magnicidios. Al contrario, este episodio ha encendido alertas para reforzar la protección de los líderes públicos y para redoblar los esfuerzos en aislar la violencia de la contienda política.
Miguel Uribe Turbay, quien se perfilaba como una voz joven y firme de la oposición, ha dejado de existir físicamente, pero su nombre se ha convertido en un símbolo que recuerda la fragilidad de la paz y la urgencia de consolidarla. “El mal todo lo destruye, mataron la esperanza”, lamentó Álvaro Uribe, reflejando la sensación de que con Miguel se apagó una luz de renovación. Sin embargo, muchos confían en que su legado motive a iluminar el camino correcto de Colombia –como dijo el propio Uribe Vélez–, un camino donde las ideas prevalezcan sobre las balas y donde la política jamás vuelva a mancharse de sangre.
