La seguridad en Puebla pende de un hilo, según un diagnóstico oficial que expone graves fallas estructurales. El secretario Francisco Sánchez González reveló que casi la mitad de la policía municipal en Puebla carece de las certificaciones vigentes requeridas, comprometiendo el uso de armamento y la operatividad. Esto no es solo un problema de agentes, sino de financiamiento y voluntad política de los ayuntamientos.
La mitad de la fuerza operativa municipal, sin capacidad legal
El secretario de Seguridad Pública de Puebla, Francisco Sánchez González, expuso los retos estructurales que enfrenta la entidad al revelar que el 40 por ciento de los agentes municipales no cuentan con las certificaciones vigentes exigidas por la legislación.
El informe fue presentado durante la conferencia mañanera del martes, llevada a cabo en Casa Aguayo, el 07 de enero de 2026. Sánchez González detalló que la fuerza operativa municipal en Puebla asciende a 7,898 agentes. De este total, una parte sustancial carece de la documentación y los controles de confianza necesarios para operar con plenitud.
La consecuencia directa de esta falta de certificación es crítica: los elementos policiales sin validación no pueden ejercer plenamente sus funciones, incluido el uso legítimo de armamento.
Epatlán, el caso más extremo de abandono
El funcionario hizo énfasis en el grave vacío institucional detectado en el municipio de Epatlán. De acuerdo con los datos, al inicio de la actual administración, este ayuntamiento registraba cero agentes de policía.
- Aunque cuatro aspirantes a policías se dieron de alta recientemente, estos aún se encuentran en proceso de capacitación y certificación.
- Para mitigar este riesgo, el estado ha tenido que intervenir directamente en las tareas de vigilancia de la zona.
Sánchez González aseguró que el Gobierno del Estado continuará absorbiendo las responsabilidades de seguridad, como ya sucede en más de cinco municipios de la entidad, para evitar un vacío operativo. “Para que no exista este vacío, la tarea de seguridad —como ustedes lo saben y lo estamos haciendo en más de cinco municipios— nosotros nos hacemos cargo de la tarea de seguridad y lo vamos a seguir haciendo”, declaró el titular de la Secretaría de Seguridad Pública.
La deuda presupuestal: 12 municipios que ignoraron la seguridad
El diagnóstico presentado por Francisco Sánchez González no solo abordó la certificación, sino también la negligencia financiera de varios ayuntamientos respecto al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun).
El reporte oficial de cierre de 2025 exhibió un panorama dispar en el ejercicio de recursos federales:
- Municipios cumplidores: 158 de los 217 municipios de la entidad ejercieron el 20 por ciento o más de su presupuesto en tareas de seguridad, cumpliendo con la recomendación.
- Incumplimiento parcial: 22 municipios destinaron entre el 15 y el 19 por ciento; 14 ayuntamientos asignaron entre el 10 y el 14 por ciento; y 11 invirtieron entre el 1 y el 9 por ciento.
- El punto más crítico: Un total de 12 municipios no destinaron un solo peso de este recurso federal a la seguridad pública, creando un vacío presupuestal que compromete la paz social en sus respectivas regiones.
El secretario de Seguridad fue contundente al enfatizar que la seguridad es una inversión necesaria y que el estado se ve forzado a absorber las tareas de vigilancia en localidades donde los policías están ausentes o desarmados por la falta de certificación.
Sanciones federales por incumplimiento
Ante este escenario de incumplimiento económico, el funcionario advirtió que las administraciones municipales que incurrieron en esta falta enfrentarán serias sanciones administrativas y financieras impuestas por la Federación.
Las instituciones federales encargadas de dar seguimiento a estas irregularidades y aplicar los castigos correspondientes serán la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Estrategia y llamado a los alcaldes
Consciente de las limitaciones económicas de algunos ayuntamientos, Sánchez González hizo un llamado directo a los alcaldes que han incumplido con la certificación. Los exhortó a acercarse a la dependencia para gestionar apoyo en el Consejo de Seguridad, lo que permitiría facilitar el pago de los exámenes de control de confianza.
Finalmente, el compromiso del Gobierno del Estado es ambicioso: lograr que la totalidad de los 7,800 agentes municipales estén debidamente certificados para finales de 2026. Para alcanzar esta meta, la estrategia se centrará en el acompañamiento y la provisión de subsidios para los exámenes de control de confianza en aquellos municipios con economías más frágiles.
Este diagnóstico no solo es una radiografía de la debilidad institucional en Puebla, sino una advertencia de que la soberanía municipal en materia de seguridad está siendo rebasada por la falta de recursos y compromiso. ¿Podrá la presión federal y la promesa de subsidios revertir el grave déficit operativo que ha dejado a miles de ciudadanos sin protección legítima?
