El crecimiento económico de México esconde una factura ambiental constante. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reveló que los costos por agotamiento y degradación ambiental México PIB se mantuvieron estables en 2024, alcanzando el 4.1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Este dilema, analizado en las Cuentas Económicas y Ecológicas de México (Ceem), demuestra que el impacto al medio ambiente sigue siendo una externalidad costosa y persistente.
La verdadera cuenta: Producto interno neto ecológico
El 01 de diciembre de 2025, el Inegi presentó los datos que permiten cuantificar el impacto ambiental restado al crecimiento económico tradicional. El Producto Interno Neto Ajustado Ambientalmente o Producto Interno Neto Ecológico (PINE) se obtiene al restar del PIB total el consumo de capital fijo y los costos totales por agotamiento y degradación ambiental.
Para el año 2024, el PINE alcanzó un monto de 25.7 billones de pesos, lo que representó el 76.6 por ciento del PIB a precios de mercado.
De acuerdo con las Ceem, los sectores que tuvieron mayor contribución a este PINE en 2024 fueron:
- Comercio y otros servicios: 32.7 por ciento.
- Industrias manufactureras: 17.8 por ciento.
Costos por agotamiento y degradación: un rubro estable
Los Costos Totales por Agotamiento y Degradación Ambiental (CTADA) ascendieron a poco más de 1.38 billones de pesos, que equivalen al ya mencionado 4.1 por ciento del PIB total de la economía mexicana.
Este porcentaje ha permanecido en una relativa estabilidad desde el año 2020, fluctuando entre 4.2 y 4.1 por ciento. No obstante, es importante destacar el contexto histórico: en 2003, los CTADA representaban el equivalente al 6 por ciento del PIB.
Al analizar los componentes de los CTADA, se observa una marcada preponderancia de los efectos negativos de la contaminación sobre la pérdida de recursos:
- Costos por degradación: Equivalieron a 3.7 por ciento.
- Costos por agotamiento: Representaron 0.4 por ciento.
Los mayores costos ambientales se atribuyeron a la degradación del medio ambiente. Las emisiones al aire generaron el impacto más significativo, equivalente a 2.5 por ciento del PIB, seguidas por la degradación del suelo, que sumó 0.6 por ciento. En el componente de la pérdida de recursos naturales, el costo más elevado fue el asociado a los hidrocarburos.
Desacoplamiento y gastos en protección
El Inegi puntualizó que, si bien el impacto ambiental mantiene un vínculo directo con la producción y el consumo derivados de la actividad económica y el uso de recursos, se ha observado un «desacoplamiento» a lo largo del tiempo. Esto significa que la actividad humana (producción y consumo) está creciendo, pero las externalidades negativas que ocasiona al ambiente han disminuido proporcionalmente, aunque sigan siendo millonarias.
A pesar de que los costos por degradación superan el billón de pesos, los Gastos para la Protección Ambiental (GPA) en 2024 ascendieron únicamente a 232 mil 882 millones de pesos, lo que representa 0.7 por ciento del PIB total de la economía. Este porcentaje resultó similar al registrado en 2023.
Esta inversión se destinó, principalmente, a dos rubros clave:
- Protección del aire-ambiente y clima.
- Gestión de los recursos hídricos.
El gasto público en protección ambiental sigue lineamientos internacionales, de acuerdo con la clasificación de actividades ambientales de Naciones Unidas, la Unión Europea, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y el Banco Mundial (2016).
La distribución del GPA del sector público se estructuró de la siguiente manera:
- 32.2 por ciento en actividades de protección del aire.
- 20.8 por ciento en gestión de los recursos hídricos.
- 11 por ciento en la gestión de aguas residuales.
El 36 por ciento restante se erogó en actividades diversas como la gestión de residuos, la protección y conservación de la biodiversidad, cuerpos de agua y suelo, gestión de recursos minerales, energéticos y acuáticos, así como actividades transversales (investigación y desarrollo, educación y gestión).
A pesar de la magnitud de la economía mexicana, el gasto en actividades de protección ambiental como proporción del PIB es similar al reportado por países como Suiza o España.
El análisis del Inegi, reportado por Clara Zepeda, expone una realidad política y económica ineludible: la degradación ambiental se ha estabilizado en un costo anual superior al billón de pesos, siendo las emisiones al aire la principal fuente de daño. Mientras el costo de esta destrucción alcanza el 4.1 por ciento del PIB, el gasto dedicado a mitigarla y proteger los recursos apenas roza el 0.7 por ciento. Este desfase crítico obliga a preguntar: ¿podrá México sostener un crecimiento que, en la práctica, consume sus propios activos naturales a una velocidad seis veces superior a la que invierte en conservarlos?
