Ciudad de México. La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha ofrecido una disculpa pública sin precedentes por la «actividad irregular del Estado» en los graves abusos cometidos en el Jardín de Niños «Marcelino de Champagnat». Este acto, resultado de una sentencia judicial, destapa las fallas de protección institucional y la lenta búsqueda de justicia para 17 menores víctimas.
La disculpa pública, un mandato judicial
El 28 de agosto de 2025, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, acató una sentencia judicial al ofrecer disculpas públicas por la «actividad irregular del Estado». Esta medida se enfoca en los abusos perpetrados en el Jardín de Niños «Marcelino de Champagnat». La sentencia, además, establece un compromiso fundamental: destinar un día del ciclo escolar, que se cumplirá el próximo 8 de septiembre, para la prevención de este tipo de conductas en todas las escuelas de educación básica, tanto públicas como privadas, del país.
El doloroso recuento de los hechos
El acto de disculpa reunió a padres de familia y representantes de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI), que representó a nueve de las familias afectadas. En este encuentro, se recordaron los hechos ocurridos entre agosto y octubre de 2018, periodo en el cual 17 menores, de entre 3 y 5 años, fueron víctimas de violencia y abuso sexual. Ante diversos colectivos defensores de los derechos de la infancia, el titular de la SEP reconoció abiertamente que la autoridad «falló» en su deber de cuidar, proteger a los infantes y garantizar que su escuela fuera un espacio libre de violencia.
Una madre de familia enfatizó la insuficiencia de la medida: «Lo dijo claramente, no hay disculpa que pueda sanar lo sucedido. Disculparse no protege, faltan acciones, pero hoy nos reunimos para llevar a cabo este acto de reconcomio público de la actividad irregular, inaceptable, indolente del Estado, por hechos criminales contra niñas y niños que estudiaban en el jardín de niños «Marcelino de Champagnat» entre agosto y octubre de 2018″.
Sentencia judicial y la sombra de la delincuencia organizada
Tras escuchar la narración de los abusos y el prolongado proceso judicial que las familias debieron enfrentar, se reveló que, después de cuatro años, solo se ha logrado la sentencia de uno de los responsables, quien fue condenado a 494 años de prisión. Este dato contrasta con la persistencia de indicios que sugieren actos de delincuencia organizada, presuntamente involucrando a otros funcionarios públicos. Delgado Carrillo, dirigiéndose a los padres de los menores afectados, aseguró que la actual administración federal «nunca vamos a actuar protegiendo a nadie», y mucho menos a quienes «cometieron actos crueles, inhumanos y degradantes».
Compromisos y retos pendientes de la autoridad educativa
Luego de expresar sus disculpas públicas a los menores agredidos y a sus familias, Delgado Carrillo anunció una serie de compromisos que buscan responder a las propuestas de los padres.
Un registro de abusadores y transparencia en plantillas
El secretario de Educación Pública se comprometió a impulsar un registro público de abusadores sexuales para evitar su futura contratación en instituciones educativas. Asimismo, solicitó al titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM), Luciano Concheiro, quien también ofreció una disculpa pública, que la plantilla de trabajadores de cada escuela sea más transparente y de fácil consulta.
Seguimiento a las investigaciones y prevención
Otro punto crucial es el compromiso de dar seguimiento puntual ante la Fiscalía General de la República a la investigación sobre los presuntos involucrados en el caso del jardín de niños «Marcelino de Champagnat» que aún no han sido presentados ante la justicia. El titular de la SEP también se comprometió a establecer una mesa de trabajo para el seguimiento de estos acuerdos, con la participación de padres de familia y organizaciones de la sociedad civil. La dependencia federal, por su parte, ya emitió lineamientos para la prevención y detección oportuna de posibles casos de violencia y abuso sexual. Además, se pidió a los padres de familia afectados que colaboren con la SEP en la elaboración de materiales informativos y de prevención, ante posibles indicios de que un menor pueda estar sufriendo algún tipo de abuso o violencia sexual.
Becas para víctimas y la voz de los padres
Finalmente, Delgado Carrillo se comprometió a agilizar la entrega de becas a los menores afectados, tal como lo establece la sentencia del caso, emitida por el Juez Federal de Junio Oral, adscrito al Centro de Justicia Federal en la Ciudad de México, quien estuvo presente en el acto. En su réplica a la disculpa, las familias afectadas demandaron a la autoridad educativa hacer transparente el proceso de cumplimiento de la reparación integral del daño, así como las acciones de no repetición y la garantía de que «los hechos sucedidos en el jardín de niños «Marcelino de Champagnat» no se repitan nunca más».
La disculpa pública de la SEP marca un precedente judicial, pero la verdadera prueba de su compromiso será la materialización de estas promesas. ¿Podrá el Estado mexicano garantizar que la impunidad no siga siendo un factor recurrente en la protección de sus infancias, o esta disculpa quedará como un mero formalismo ante el dolor irreparable?
