Redacción
CIUDAD DE MÉXICO.–La Cámara de Diputados aprobó anoche la Ley General contra la Extorsión, que fija penas de 6 a 15 años de prisión para quienes cometan este delito, con posibilidad de incrementarse según 34 agravantes.
Sin embargo, legisladores del PT y PRI advirtieron que, en al menos cuatro estados donde las sanciones actuales son más altas, la reforma podría permitir la liberación inmediata de unos 600 sentenciados.
La nueva legislación, acompañada de reformas al Código Penal Federal que vuelven la extorsión un delito de persecución oficiosa y con prisión preventiva automática, fue aprobada por unanimidad en lo general.
En lo particular, una reserva impulsada por Morena, PT, PVEM y Movimiento Ciudadano dividió el voto al reducir las penas para funcionarios que omitan denunciar este delito.
El dictamen final se avaló con 339 votos a favor, 100 en contra —entre ellos uno de la morenista Rocío Barrera Puc y nueve del PT— y cuatro abstenciones. El proyecto fue turnado al Senado para su revisión.
Disminuyen castigos a funcionarios omisos
La versión original, derivada de la iniciativa presidencial, proponía penas de 10 a 20 años para policías, agentes del Ministerio Público, jueces y directivos penitenciarios involucrados como cómplices o encubridores.
Con la modificación aprobada, el rango se redujo a 5 a 12 años.
El coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, defendió el ajuste con el argumento de proporcionalidad penal.
“La gravedad de la omisión no es igual a la comisión del delito. No se le puede aplicar una pena mayor al funcionario que omite frente al extorsionador”, justificó.
En contraste, el coordinador del PAN, Elías Lixa, propuso elevar el tipo penal básico a entre 10 y 20 años, para homologarlo con las sanciones por omisión. Tras el rechazo, advirtió que la norma podría convertirse en una “ley Bermúdez”, en referencia al exsecretario de Seguridad de Tabasco procesado por extorsión y secuestro.
Temor por liberación anticipada
Las bancadas del PAN y PT insistieron en endurecer las penas para evitar la liberación de personas sentenciadas en entidades como Chihuahua, donde el castigo actual llega a 30 años de prisión.
Monreal reconoció que existe un riesgo jurídico por retroactividad de la ley, aunque aseguró que ya fue analizado.
Por su parte, el petista Ricardo Mejía Berdeja propuso mantener abierta la posibilidad de revisar el tipo penal, y precisó que la omisión de denuncia por parte de un funcionario público constituye otro delito independiente.
En caso de que un servidor público cometa extorsión, la pena podría alcanzar hasta 25 años de cárcel, sin derecho a libertad anticipada ni conmutación.
Unificación y nuevas medidas
Durante el debate, que se extendió por más de 10 horas, el presidente de la Comisión de Justicia, Julio César Moreno Rivera, aseguró que la nueva legislación busca unificar el tipo penal en todo el país y dotar al Estado de una “fuerza única de persecución” contra la extorsión.
La ley también dispone que las investigaciones se inicien de oficio, que se reciban denuncias anónimas al 089, y ordena el bloqueo de teléfonos celulares en prisiones.
Entre las agravantes consideradas, se incluyen el “cobro de piso”, los “montachoques” y la participación de servidores públicos o grupos criminales organizados.
Asimismo, se establece que los bienes decomisados se destinen a la reparación integral del daño, aunque se precisa que la extinción de dominio no aplicará sobre los bienes ya transferidos a los gobiernos federal o estatales.
