En un movimiento legislativo que redefine las reglas del comercio exterior, la cámara de diputados ha dado luz verde en comisiones al dictamen de la reforma a la ley aduanera. Esta iniciativa, que promete endurecer los controles fiscales y combatir el «huachicol» fiscal, ha generado un intenso debate sobre sus verdaderas implicaciones y el futuro de los agentes aduanales en México. La expectativa de su votación, anunciada para el 6 de octubre en comisión, se materializó en su aprobación.
Aprobación en comisiones y el camino legislativo
El 06 de octubre de 2025, en la ciudad de México, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de reforma a la Ley Aduanera. La iniciativa busca endurecer las medidas de control fiscal y de trámites para la importación y exportación de mercancías. Además, persigue combatir el tráfico de combustibles y, según explicaron los legisladores, acabar con “el añejo problema de corrupción” en esos recintos.
El dictamen fue avalado con 31 votos en favor de Morena y sus aliados, mientras que la oposición registró 12 votos en contra. Tras su aprobación, el documento fue enviado a la mesa directiva para su inclusión en la agenda de la sesión ordinaria de la cámara este martes.
El presidente de la comisión, Carol Antonio Altamirano, de Morena, detalló que la reforma implica la modificación de 65 artículos, la adición de 44 y la derogación de nueve más. Los ejes principales de la discusión, que abarcan desde el combate al huachicol fiscal hasta el papel de los agentes aduanales, fueron centrales en la Comisión de Hacienda.
El endurecimiento del control aduanero: Impacto en agentes y operación
La reforma a la Ley Aduanera introduce medidas significativas que redefinen la responsabilidad y operación de los agentes aduanales, un aspecto que generó defensa por parte de panistas y priístas en la comisión.
Nuevas reglas para agentes aduanales
Las modificaciones hacen a los agentes aduanales corresponsables de las irregularidades de las empresas. Asimismo, se eliminan las patentes vitalicias, un punto que fue objeto de queja por la oposición. Fernando Castro Trenti, de Morena, acotó que, tras los cambios de la comisión a la iniciativa presidencial, la vigencia de las patentes quedó establecida en 40 años: 20 de vigencia y 20 de prórroga, siempre que los agentes se ajusten a las reglas y a las normas.
- Vigencia de las patentes: La iniciativa presidencial original consideraba solo una vigencia de 10 años, con una prórroga por un periodo igual, sumando 20 años. La comisión elevó este periodo a 40 años.
- Viabilidad de la medida: Castro Trenti argumentó que “en suma son 40 años, actualmente el agente aduanal más joven tiene 35 años, es decir concluiría su actividades a los 75. Es algo material, práctico, viable. Lo que se busca es más orden y más control; el que la hace la paga, y la tiene que pagar”.
- Nuevos requisitos: La reforma fija nuevos requisitos para ser agente aduanal, tales como no ser funcionario público ni estar inhabilitado, presentar su evolución patrimonial y no tener intereses con quienes les solicitan trámites de comercio.
- Responsabilidad ampliada: Se suprimen las excluyentes de responsabilidad de los agentes aduanales, se adicionan causales de suspensión y se establecen los casos en que no se podrá solicitar nuevamente la autorización de una patente.
- Verificación y documentación: Los agentes tendrán que corroborar que las mercancías en los contenedores sean las que se declaran en los pedimentos de importación y exportación. Además, el proyecto obliga al agente aduanal a verificar que los importadores y exportadores acrediten el cumplimiento de las regulaciones y restricciones, a integrar y conservar expedientes con la información y documentación que los acredite, verificar su plena identificación, que cuenten con la infraestructura adecuada y no tengan vínculos con los contribuyentes.
- Responsabilidad solidaria: Se obliga a los agentes aduanales que sean socios de agencias aduanales a ser parte del consejo de administración y a ser responsables solidarios del pago de los impuestos al comercio exterior y otras contribuciones, así como de las cuotas compensatorias en las operaciones que dicha agencia promueva.
El debate de fondo: ¿Huachicol fiscal o incremento recaudatorio?
El endurecimiento de las medidas de control fiscal no ha estado exento de críticas, especialmente por parte de la oposición, que lo interpreta como una estrategia para incrementar la recaudación tributaria.
Panistas y priístas señalaron que estas medidas persiguen prioritariamente fines recaudatorios. Christian Castro Bello, diputado del PRI y sobrino del dirigente priísta Alejandro Moreno Cárdenas, refirió que para 2026, la reforma busca obtener 3 mil 496 millones de pesos de impuestos “sólo por estas medidas y sin una reforma fiscal de fondo”.
Por su parte, el panista Guillermo Anaya Llamas, expresó que a su partido le habría gustado votar en favor de la reforma “si de verdad fuera una estrategia integral para combatir el robo del siglo, el tema de combustibles, por más maromas del oficialismo para no aceptar todos los perjuicios de casi 600 mil millones de pesos” de la elusión fiscal. Sin embargo, lamentó que los cambios se reducen a “argumentos propagandísticos para decir que combaten el huachicol fiscal, pero castigan al sector productivo, a las agencias aduanales con cargas fiscales desproporcionadas que harán lento el comercio exterior”.
Voces externas y preocupaciones económicas
La discusión sobre la Ley Aduanera también resonó entre los actores económicos. La Asociación Mexicana de Agentes de Carga (Amacarga) ha manifestado que «La Ley Aduanera provoca burocracia excesiva, pero reduce la evasión fiscal», una dualidad que subraya la complejidad de la normativa. Además, el sector de la iniciativa privada (IP) ha pedido a los diputados una Ley Aduanera que no inhiba la inversión, destacando el temor a que las nuevas regulaciones generen obstáculos en el comercio exterior.
La aprobación en comisiones de esta reforma a la ley aduanera marca un antes y un después en el control fiscal del país. Sin embargo, la tensión entre la promesa de combatir la corrupción y el temor a una excesiva carga sobre el comercio exterior, que incluso la industria ha advertido que podría inhibir la inversión y provocar burocracia excesiva, plantea una pregunta crucial: ¿logrará esta iniciativa el orden y el control deseado sin estrangular la actividad productiva, o se convertirá meramente en una herramienta más para engrosar las arcas fiscales?
