La cámara de diputados en ciudad de México avaló el 07 de octubre de 2025 la controvertida reforma a la ley aduanera, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum. La iniciativa busca endurecer controles fiscales y combatir el tráfico de combustibles, aunque la oposición denuncia fines meramente recaudatorios y un «saqueo fiscal».
Aprobación y objetivos clave de la reforma
Tras un debate que se extendió por cuatro horas, el pleno de San Lázaro aprobó los cambios en lo general con 338 votos a favor, provenientes de Morena y sus aliados. La oposición registró 129 votos en contra, argumentando que la mayoría impuso estas modificaciones con propósitos meramente recaudatorios, sin abordar de manera efectiva delitos como el «huachicol fiscal».
En tribuna, el presidente de la comisión de hacienda, Antonio Carol Altamirano, de Morena, detalló los alcances de la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum. Explicó que el dictamen, que modifica 65 artículos, adiciona 44 y deroga 9, persigue la modernización tecnológica de las aduanas. Entre sus puntos clave, la reforma elimina el carácter vitalicio de las patentes aduanales y establece certificaciones periódicas obligatorias para las mismas.
Asimismo, la iniciativa busca fortalecer los controles a programas de facilitación aduanera, como la importación temporal, y establece la corresponsabilidad solidaria de los agentes aduanales. Se aumentan los controles a las operaciones aduaneras, exigiendo a los agentes verificar que importadores y exportadores cuenten con los documentos que acrediten las regulaciones y restricciones no arancelarias. El dictamen subraya la necesidad de asegurar que «quienes soliciten operaciones estén plenamente identificados, tengan la infraestructura necesaria y no tengan vínculos con quienes realicen facturaciones simuladas».
Defensa de la iniciativa: Combate a la corrupción y fortalecimiento estatal
El coordinador de la bancada del PT, Reginaldo Flores Sandoval, se pronunció a favor de la iniciativa, enfatizando que su propósito es combatir la corrupción y fortalecer la rectoría del estado en las aduanas. Para lograr esto, argumentó, «debe haber una mayor responsabilidad para los agentes aduanales».
Flores Sandoval destacó que la propuesta de la mandataria se enfoca en «meter más control a la exportación y la importación de productos». Aseguró que se fortalecerán los controles en regímenes estratégicos, se impondrán sanciones más severas para disuadir infracciones y se buscará simplificar la administración «sin renunciar a la fiscalización». «No hay duda», resaltó, «que la reforma va en la dirección correcta de combatir la corrupción».
La oposición denuncia un «saqueo fiscal» y fines recaudatorios
Panistas y priístas mantuvieron una postura firme en defensa de los agentes aduanales, a quienes la reforma responsabiliza solidariamente por delitos cometidos por empresas de importación y exportación. La bancada del PAN justificó su voto en contra, declarando: «No vamos a ser cómplices de esta farsa propagandística. Ustedes, los de Morena, hicieron del gobierno una franquicia de huachicol fiscal».
Recordando las declaraciones de la procuradora fiscal, Grisel Galeano, quien informó que el huachicol fiscal asciende a 600 mil millones de pesos, el blanquiazul reprochó las «respuestas mediocres» del gobierno. Subrayó que solo se han litigado 16 mil millones de pesos, equivalentes a un 2.7 por ciento del monto total, y la eficacia ha sido de apenas 5 mil 928 millones, ni siquiera un 1 por ciento.
La bancada del PAN también reprochó a los morenistas que «ahora vienen a culpar en su hipocresía a los agentes aduanales de todo», a pesar de que la propia procuradora Galeano admitió en su comparecencia ante la comisión de hacienda que «solo a ocho agentes aduanales se les ha podido acreditar alguna responsabilidad con el huachicol fiscal. Ni siquiera 1 por ciento de todos los agentes aduanales».
Advertencias sobre el impacto económico y la competitividad
Por su parte, el priísta Emilio Suárez Licona alertó sobre el huachicol fiscal, calificándolo de un «escándalo monumental que ha exhibido como nunca la corrupción institucionalizada que corre por el sistema aduanero del país». Detalló que se trata de un esquema de saqueo que permitió la entrada de cientos de buque-tanques con gasolina y diésel sin el pago de impuestos.
El «desfalco histórico» de 600 mil millones de pesos, agregó Suárez Licona, es un «robo equivalente a la mitad del presupuesto del sector educativo para 2026 o 60 por ciento del gasto en salud pública», lo que, según su análisis, habría dejado a miles de escuelas y hospitales sin los recursos necesarios para atender a alumnos y pacientes.
Frente a este escenario, dijo, «el gobierno presenta una reforma que, lejos de corregir las fallas que permitieron este saqueo, agrava los problemas del sistema aduanero, poniendo en riesgo la competitividad del país». Afirmó que esta reforma se justifica «bajo el argumento de la modernización y la digitalización, pero su diseño revela un propósito distinto, centralizar el control y endurecer la fiscalización con fines meramente recaudatorios».
Suárez Licona alertó que, en un sector como el del comercio exterior que representa el 75 por ciento del producto interno bruto (PIB), la redacción de la reforma «amenaza con entorpecer la dinámica comercial». Las nuevas disposiciones, afirmó, «complejizan procesos, encarecen costos logísticos y afectan la competitividad de sectores como el automotriz, que opera cadenas de suministro integradas en América del norte». El priísta detalló que la reforma eleva un 300 por ciento las multas respecto al valor de las mercancías, trata a los agentes aduanales como servidores públicos sin serlo, impone cargas desproporcionadas a las pequeñas y medianas empresas y tiene efectos retroactivos, al someter a las autorizaciones aduanales previas a nuevos términos.
La aprobación de la reforma a la ley aduanera por la cámara de diputados, en este 07 de octubre de 2025, expone las profundas tensiones entre la urgencia de combatir el tráfico de combustibles y la corrupción institucionalizada, y las preocupaciones sobre el impacto económico y la competitividad del país. ¿Logrará esta legislación los objetivos anticorrupción planteados por el oficialismo, o las advertencias de la oposición sobre un endurecimiento fiscal y la afectación al comercio exterior se materializarán?
