La cámara de diputados aprobó por unanimidad una reforma crucial al artículo 73 de la Constitución para combatir la extorsión. Esta iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum busca homologar penas y permitir la persecución de oficio de un crimen que azota al país, planteando la pregunta sobre si será una solución real o una reforma meramente simbólica.
Unanimidad legislativa y el camino al Senado
El dictamen, que propone facultar al congreso para elaborar una ley general contra la extorsión, fue aprobado con 474 votos a favor en la cámara de diputados. Tras casi cuatro horas de debate, durante las cuales todos los grupos parlamentarios manifestaron su respaldo, el proyecto será enviado al senado para continuar su trámite legislativo. La iniciativa, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum en julio pasado, busca establecer penas de cárcel uniformes en todos los estados y eliminar la necesidad de denuncia por parte de la víctima para iniciar la persecución penal.
El crecimiento alarmante de la extorsión en México
Al fundamentar la enmienda al artículo 73, inciso A, fracción 21, el morenista Leonel Godoy resaltó la preocupación por el crecimiento exponencial de la extorsión en el país. En 2018, se registraba un promedio diario de 19 casos, cifra que escaló a 29 en enero de este año, representando un alza del 58 por ciento en solo seis años.
Modalidades del crimen y su impacto social
Godoy detalló que este crimen se manifiesta en dos modalidades básicas: el cobro de piso presencial y las llamadas telefónicas fraudulentas o amenazantes, muchas de estas últimas originadas desde centros penitenciarios. El legislador enfatizó que la extorsión no es un delito menor, ya que sus consecuencias impactan negativamente la economía personal, la salud mental y la tranquilidad de las víctimas, además de afectar a pequeños negocios y gobiernos municipales.
Objetivos clave de la iniciativa presidencial
Para enfrentar este flagelo, la propuesta presidencial se centra en tres pilares fundamentales:
- Incentivar la coordinación entre los distintos niveles de gobierno.
- Perseguir el delito de oficio, sin requerir la denuncia explícita de la víctima.
- Homologar las penas de cárcel a nivel nacional, dada la disparidad actual entre las entidades federativas.
El alto costo social y económico de la extorsión
Durante los posicionamientos de las diferentes bancadas, la petista Marycarmen Bernal alertó que la extorsión ha mutado en un «impuesto criminal que paraliza la economía y debilita el tejido social». Destacó que, solo entre enero y junio de este año, se documentaron 6 mil 880 víctimas, la cifra más alta en seis años. Adicionalmente, estimó que este ilícito representa un costo social de más de 26 mil millones de pesos anuales, alimentando a las organizaciones delincuenciales con 71 millones de pesos diarios.
Radiografía de la extorsión: Cifras de victimización
Laura Hernández (MC) complementó el panorama con datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública de 2024. Según esta, se perpetraron 4.9 millones de casos de extorsión, lo que se traduce en una tasa de 5 mil 213 por cada 100 mil habitantes. Un dato crucial es que el 85.6 por ciento de estos episodios fueron extorsiones telefónicas, y en el 12.9 por ciento de los casos, la víctima accedió a pagar las demandas.
Advertencias y desafíos para una implementación efectiva
A pesar del apoyo unánime a la reforma, diversos grupos parlamentarios advirtieron sobre la urgencia de aprobar la Ley general contra la extorsión a la brevedad y, crucialmente, de dotarla de presupuesto y herramientas suficientes para una implementación adecuada y efectiva.
Preocupación por la falta de presupuesto en seguridad
El priísta César Alejandro Domínguez subrayó la preocupación de que el proyecto se convierta en una «reforma simbólica» que no aterrice en cambios reales. Recalcó que la ley debe ser «clara, operativa y con presupuesto». En la misma línea, Anya Gómez Cárdenas (PAN) señaló que la extorsión, concentrada en un 71 por ciento de los casos en los estados de México, Veracruz y Nuevo León, requiere fondos suficientes para su combate. Recordó que el Proyecto de Presupuesto de Egresos para 2026 contempla una reducción de más de 10 mil millones de pesos en seguridad, instando a los diputados de mayoría a «darle reversa a eso». Finalmente, el también panista Héctor Saúl Téllez saludó la iniciativa presidencial, pero no dejó de destacar que la extorsión ha crecido particularmente durante los gobiernos federales de extracción morenista, con un aumento del 75 por ciento en el promedio anual de carpetas respecto al sexenio anterior, alcanzando las 9 mil 407 en la actualidad.
La aprobación en diputados de la Ley general contra la extorsión representa un avance significativo en la lucha contra uno de los delitos que más lacera a la sociedad mexicana. Sin embargo, la efectividad de esta reforma crucial penderá de una implementación robusta, con los recursos y herramientas necesarios, para evitar que se quede en un mero discurso o un cambio legislativo sin impacto real. ¿Podrá la clase política trascender la unanimidad del voto y garantizar una verdadera esperanza normativa para los millones de víctimas?
