La controversia envuelve al rancho “El Ramillete” en Dolores Hidalgo, Guanajuato, tras un operativo de la Fiscalía que derivó en denuncias de abuso a jornaleros indígenas. Ante la gravedad, un diputado federal de Morena exige una investigación exhaustiva por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para esclarecer la verdad.
Demanda legislativa por presuntos abusos en Guanajuato
El diputado federal de Morena, Francisco Javier Estrada Domínguez, ha solicitado formalmente que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) investigue los presuntos abusos contra jornaleros indígenas en el rancho “El Ramillete” de Dolores Hidalgo. En este lugar, la Fiscalía General del estado (FGE) realizó un operativo por una supuesta exploración laboral, desencadenando una serie de acusaciones.
“Nosotros en nuestra calidad de legisladores federales solicitaremos una reunión con la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, para exponer los planteamientos que ha documentado la prensa e investigue el caso”, adelantó el legislador.
El diputado federal, acompañado de legisladores locales, exigió además al fiscal de Guanajuato que deslinde responsabilidades si en verdad hay explotación laboral de jornaleros indígenas.
Denuncias de jornaleros y la postura de Agroverdi
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Jornaleros indígenas que trabajan para la empresa Agroverdi han denunciado que, durante el operativo de la Fiscalía, personal les quitó el dinero de sus ahorros. Argumentaron que lo harían para investigar si era de procedencia ilícita.
Manuela Díaz Ramírez, originaria de Ayotzinapa y con siete meses de Embarazo, denunció haber sido despojada de 40 mil pesos que había ahorrado con su marido durante un año. “Se llevaron 40 mil y pues no nos creyeron si era de nosotros ese dinero, creían que el dinero era robado, que o a lo mejor nos dedicamos a otra cosa, pero ese dinero era del trabajo que nosotros trabajábamos”, acusó Díaz Ramírez.
El representante legal de Agroverdi, José de Jesús Espinoza Moreno, ha advertido que denunciarán por abuso de autoridad al fiscal Gerardo Vázquez Alatriste. Lo acusan de ilegalidades cometidas en el operativo que implementó en el albergue de jornaleros, donde, según él, se llevaron el dinero de 70 trabajadores. El representante de Agroverdi calificó la movilización de la Fiscalía como “un circo”, asegurando que no existe explotación laboral en el rancho.
Cuestionamientos al operativo de la Fiscalía General del Estado
El viernes 11 de julio, la Fiscalía intervino la zona de dormitorios de indígenas jornaleros. Informaron que la acción fue parte de una investigación “por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral”, donde encontraron a 700 personas “en condiciones de vulnerabilidad”. La FGE justificó el operativo al señalar que “este operativo forma parte de la estrategia integral para la erradicación de delitos que vulneran la dignidad y los derechos humanos”. El operativo fue encabezado directamente por el fiscal Gerardo Vázquez Alatriste.
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Sin embargo, las críticas no se hicieron esperar. El coordinador de los diputados locales, David Martínez Mendizábal, afirmó que en el operativo de la Fiscalía no se aplicó el protocolo de atención para trabajadores agrícolas. El legislador enfatizó que la atención a los jornaleros debe tener un enfoque de derechos, de género, intercultural y de protección a la niñez. Además, cuestionó: “¿había algún traductor?, porque la gente que está ahí, en su mayoría es indígena”. Martínez Mendizábal lamentó que “fue un mal operativo, con un enfoque inadecuado, punitivo, policiaco y con las agravantes que la prensa ha documentado”.
La verdad en el rancho “El Ramillete” sigue bajo un velo de controversia y acusaciones cruzadas. ¿Será la investigación de la CNDH la clave para desentrañar la realidad de lo ocurrido y asegurar justicia para los jornaleros indígenas y rendición de cuentas para las autoridades involucradas?
