La diputada federal Aracely Cruz Jiménez (PT) presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra diversos servidores públicos de Oaxaca. El caso, que implica la difusión de imágenes de mujeres indígenas en chats privados con comentarios obscenos y denigrantes, expone la urgente necesidad de abordar la violencia digital Oaxaca funcionarios y la percibida inacción institucional.
La denuncia: Un plantón que visibiliza la impunidad
Este martes 26 de agosto de 2025, en la Ciudad de México, la legisladora Cruz Jiménez acudió a la sede de la FGR para formalizar la denuncia. Tras un plantón de aproximadamente 40 minutos en las oficinas ubicadas en la colonia Doctores, logró que personal de la Unidad de Ventanilla Única recibiera la acusación, luego de varias negativas iniciales. La acción subraya la resistencia institucional y la persistencia necesaria para visibilizar este tipo de casos.
Alcance de los grupos de mensajería y delitos imputados
La denuncia se centra en la participación de los funcionarios en dos grupos de mensajería instantánea, identificados como «Sierra XXX» y «Mega Peda». En estos chats, se compartieron fotografías y videos que cosifican a mujeres indígenas, acompañados de comentarios obscenos y denigrantes. Los delitos que podrían configurarse incluyen discriminación contra mujeres indígenas, invasión a la privacidad y difusión de imágenes sin autorización de las víctimas, prácticas castigadas por la Ley Olimpia. La diputada identificó a cinco personas con cargo público en el chat «Sierra XXX» y a unos 20 más en «Mega Peda», la mayoría funcionarios del gobierno de Oaxaca.
Los funcionarios señalados y el factor federal
Entre los servidores públicos señalados directamente por la legisladora se encuentran Azael Santiago Chepi, enlace de la Secretaría de Educación Pública, y Donato Vargas, coordinador de delegados de Paz Social en Oaxaca. La diputada también mencionó a Pablo Díaz Jiménez, director de Gobierno, quien aparece en los mencionados grupos en posesión de un arma de uso exclusivo del Ejército. Esta última circunstancia es crucial, ya que al tratarse de una falta del fuero federal, la indagatoria debe ser atraída por la FGR, justificando la intervención de la instancia nacional. Otros funcionarios mencionados son Saúl Tablada, subdirector de la Coordinación de Paz; Ricardo Zenteno, delegado de Paz Social; Francisco Vázquez, consejero de Morena; y Juan Figueroa, constructor de Jesús Romero, secretario de Gobierno.
La inacción en Oaxaca y el clamor por justicia federal
La legisladora petista enfatizó la necesidad de que la FGR atraiga el caso debido a la vulnerabilidad de las mujeres indígenas y a la naturaleza federal de algunos delitos. Recalcó que la Fiscalía de Oaxaca “no la considero confiable” al depender del gobernador Salomón Jara. Esta percepción de falta de autonomía e imparcialidad es un factor clave en la decisión de llevar el caso a la instancia federal.
El precedente trágico: El caso Sandra Estefana Domínguez
La desconfianza en la fiscalía local se ve reforzada por el manejo del caso de la activista ayuujk Sandra Estefana Domínguez Martínez. Domínguez Martínez, quien fue víctima de amenazas de muerte por denunciar inicialmente la existencia de estos grupos de WhatsApp, desapareció junto con su pareja el 4 de octubre de 2024, y sus restos fueron encontrados el pasado 24 de abril. A pesar de haber recibido la denuncia sobre su desaparición, la Fiscalía de Oaxaca no configuró el delito adecuadamente ni mostró avances significativos en la carpeta de investigación. Este trágico antecedente añade un peso moral y una urgencia alarmante a la denuncia actual.
Un llamado a la acción y la esperanza de las víctimas
La diputada Cruz Jiménez lamentó que, a pesar de las denuncias iniciales, los participantes en los grupos de WhatsApp permanecen en sus cargos públicos, lo que perpetúa un mensaje de impunidad. “Como ya saben que no les pasa nada, se repiten patrones y lo siguen haciendo. Su alto rango les permite tener acercamiento con mujeres y víctimas. ¡Si supieran cómo se expresan de las mujeres indígenas! ¿Cómo vamos a tener confianza en ellos, si nos ven como objetos?”, cuestionó. La legisladora busca reunirse con Leticia Catalina Soto Acosta, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, para dialogar sobre la trascendencia social del caso. Hizo un llamado a las mujeres violentadas a denunciar, ofreciéndoles su acompañamiento, tal como Sandra Estefana Domínguez la acompañó en su momento. La protesta de la diputada fue levantada tras ser finalmente atendida, pero la lucha por la justicia apenas comienza.
