Redacción/NOTICARIBE PENINSULAR
PANAMÁ.- El empresario argentino Carlos Ahumada Kurtz fue detenido este viernes por la Interpol en Panamá, y ya existe comunicación entre los gobiernos de ese país y de México para discutir los términos de una posible extradición.
Fuentes diplomáticas cercanas al caso, que solicitaron no ser mencionadas, confirmaron a La Jornada la aprehensión. “Podemos confirmar que sí está detenido y hay comunicación entre las autoridades de México y Panamá para establecer los mecanismos conducentes para solicitar su extradición”, indicaron.
De acuerdo con las personas consultadas, uno de los primeros pasos sería que México solicite la solicitud de detención provisional con fines de extradición, para que después la justicia panameña analice la petición.
“En cuanto te la acepte el Poder Judicial de Panamá, en algunos países te dan 60 días para documentar el por qué lo quieres extraditar, qué delitos cometió aquí y ese tipo de detalles”, explicaron.
Como parte del proceso, es muy probable que Ahumada Kurtz se ampare y apele a diversos recursos judiciales, por lo que el caso “va para largo”, consideraron las fuentes.
Como se informó en este diario, el empresario argentino promovió un nuevo juicio de amparo, luego de que la Unidad Especializada en Análisis Financiero de la Fiscalía General de la República (FGR), lo imputara por delito de presunto enriquecimiento ilícito.
Ahumada obtuvo una suspensión provisional que le otorgó un juez federal contra la orden de aprehensión, reaprehensión, comparecencia o detención que haya librado alguna autoridad en su contra.
El quejoso promovió la demanda de amparo el pasado 30 de abril ante el juzgado cuarto de distrito de amparo en materia penal en la Ciudad de México, que la admitió a trámite.
Al respecto, la juez María del Carmen Sánchez Cisneros le concedió la medida cautelar y además le fijó una garantía de 79 mil 500 pesos, para que la suspensión surta efectos.
Se admite la demanda de amparo promovida por el apoderado legal de Carlos Ahumada, contra actos de los jueces adscritos a la unidad de gestión judicial penal 1 del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y otras autoridades, señaló el resolutivo.
Con información de La Jornada
