Alejandro Peza/CARIBE PENINSULAR
CHETUMAL.- La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que durante un operativo de desalojo en la colonia irregular conocida como “Tren Maya”, al sur de Tulum, se evidenció la presencia de un elemento de la Policía Municipal entre los principales opositores a las acciones de desalojo.
El operativo realizado el pasado 23 de julio derivó en un enfrentamiento entre elementos de la FGE y un grupo de invasores que mantenían el control de terrenos en esa zona. Como resultado, se logró la detención de 52 personas, entre las que se identificó a Emilio “N”, Policía Primero adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Tulum. El agente fue arrestado por su participación activa en la resistencia violenta al desalojo, la cual culminó con el bloqueo de la carretera federal 307, principal vía de comunicación en la zona.
De acuerdo con el Informe Policial Homologado, con folio FC/QR/009/23072025/0024, el agente fue detenido en la parcela 125 Z-1P, a 1.54 kilómetros de la carretera Tulum–Felipe Carrillo Puerto. Las autoridades revelaron que el agente no solo habitaba uno de los predios ocupados ilegalmente, sino que también utilizaba su posición como servidor público para ofrecer protección a los ocupantes, asegurando contar con respaldo institucional y contactos dentro de las corporaciones de seguridad.
Funcionarios como José Alberto Alonso Ovando, exdirector de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo (Agepro), y ahora titular de la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetu) han señalado que estos grupos falsifican documentos oficiales, incluidos títulos de propiedad con supuestas firmas de antiguos gobernadores, con el objetivo de legitimar las ocupaciones ilegales. En el municipio de Tulum, se han documentado al menos seis casos con este patrón.
La presencia de un agente municipal entre los detenidos refuerza la sospecha de una red de complicidades que permite la proliferación de asentamientos irregulares, en detrimento del orden legal y el desarrollo planificado del municipio.
