La detención de Luis Rey García Villagrán en Tapachula, Chiapas, ha desatado una declaración contundente de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien refutó la categorización de García Villagrán como activista, vinculándolo directamente con delitos de tráfico y trata de personas. Esta acción judicial, que responde a una orden de aprehensión con años de antigüedad, subraya la firmeza en la aplicación de la ley.
Declaración presidencial: Más allá del activismo
El 6 de agosto de 2025, durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo abordó la reciente detención de Luis Rey García Villagrán. Sheinbaum fue enfática al afirmar que García Villagrán, fundador y coordinador del Centro de Dignificación Humana A.C., no es meramente un activista, sino una persona que enfrentaba una orden de aprehensión vigente por graves delitos.
«No es un activista, tenía orden de aprehensión y tiene una acusación por tráfico de personas. La orden de aprehensión tenía años y se cumplimenta ahora», declaró la mandataria. El operativo que culminó con la detención de García Villagrán fue llevado a cabo por agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal el martes, un día antes de las declaraciones presidenciales. La jefa de Estado recalcó que esta aprehensión forma parte de un proceso judicial que ha estado pendiente desde hace varios años.
El Centro de Dignificación Humana A.C. en el foco
Luis Rey García Villagrán, al ser identificado como el fundador y coordinador del Centro de Dignificación Humana A.C., coloca a esta organización en el centro de la atención pública tras las acusaciones emitidas desde la más alta esfera del gobierno. La naturaleza de los cargos, relacionados con tráfico y trata de personas, apunta a una investigación de gran envergadura que ha madurado a lo largo del tiempo hasta la ejecución de la orden judicial.
La intervención de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal en la detención de García Villagrán resalta la coordinación y la determinación de las autoridades para actuar en casos de esta magnitud.
Panorama político nacional y otros desafíos
En el contexto de la detención de García Villagrán, la agenda política nacional continúa su curso. La presidenta Sheinbaum también se refirió a otros temas de relevancia. Ha confirmado que asistirá a la instalación de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a pesar de no haber recibido aún una invitación formal.
- En un mensaje que proyecta continuidad política, la mandataria afirmó que la Cuarta Transformación «va para largo», desestimando rumores de rupturas internas vinculadas a la iniciativa de reforma electoral.
- En el ámbito internacional, la presidenta anunció la próxima visita del primer ministro de Canadá, un evento que subraya la importancia de las relaciones diplomáticas.
- Además, celebró la reciente detención de traficantes de armas, destacando la respuesta de Estados Unidos a las peticiones de cooperación de México en esta materia.
En paralelo, otras figuras y órganos del poder político enfrentan sus propios desafíos. Se ha registrado la defensa de Adán López ante acusaciones sobre nexos con el narcotráfico, las cuales calificó de infundadas, reiterando su disposición a comparecer ante cualquier autoridad judicial. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha emitido una sentencia histórica, ordenando la traducción al zapoteco de una ley sobre violencia contra las mujeres, abriendo la puerta para que otras comunidades indígenas demanden traducciones similares en sus lenguas originarias. Finalmente, dentro de la estructura de seguridad, Harfuch ha designado a Luis Rodríguez Díaz como subsecretario de Política Criminal de la SSPC, una división con la responsabilidad de diseñar la política de seguridad y coordinar respuestas institucionales en protección civil y justicia.
La controversia en torno a la figura de Luis Rey García Villagrán y las categóricas declaraciones presidenciales plantean interrogantes sobre la distinción entre el activismo y la comisión de delitos graves. ¿Cómo evolucionará este proceso judicial y qué implicaciones tendrá en el debate público sobre la justicia y los derechos humanos en el país?
