Redacción
CANCÚN.– Los nuevos jueces del Poder Judicial electos en el proceso impulsado por la 4T rechazaron admitir la solicitud de amparo presentada por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) para detener la remoción de selva en los terrenos donde la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) construye la Terminal Multimodal de Carga del Tren Maya, a las afueras de Cancún.
El recurso, promovido desde septiembre, buscaba que el Ejército cumpliera las medidas de protección ambiental o, en su caso, se ordenara la suspensión de las obras, que avanzan sin permiso de cambio de uso de suelo en terrenos forestales, a pesar de que la Semarnat autorizó el resolutivo de impacto ambiental apenas en agosto.
El portal de la revista Proceso, con información del corresponsal Octavio Martinez, informó que el juez Quinto de Distrito de Quintana Roo, Alonso Robles Cuétara, se declaró incompetente con el argumento de que, desde 2021, los juicios vinculados con el Tren Maya deben concentrarse en el Juzgado Primero de Distrito de Yucatán. Sin embargo, la titular de ese juzgado, Tania Gabriela González Rosas, también se negó a recibir la demanda al considerar que la terminal de carga ya no forma parte del proyecto original del Tren Maya, que opera actualmente en su modalidad de pasajeros.
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Ambos jueces forman parte del nuevo Poder Judicial electo en el proceso promovido por el gobierno federal y respaldado por Morena, bajo el argumento de “democratizar la justicia”. En particular, González Rosas se desempeñó hasta febrero pasado como directora del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, en el gobierno del morenista Joaquín Díaz Mena. Su elección fue inicialmente invalidada por el INE por no alcanzar el promedio mínimo requerido, pero la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revirtió la decisión y validó su nombramiento.
La jueza sustituyó a Adrián Novelo Pérez, quien durante el periodo anterior concedió suspensiones a favor de ambientalistas y fue señalado de haber recibido presiones del entonces presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, para resolver en favor del proyecto federal.
El abogado Miguel Solís, del Cemda Sureste, sostuvo que el nuevo desmonte, ubicado junto a la estación Cancún Aeropuerto, forma parte del megaproyecto original del Tren Maya, diseñado en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, y que por tanto debería considerarse dentro del mismo marco judicial. Según explicó, la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) “omite los impactos que tendrá la terminal una vez en operación”, además de que Sedena inició las obras sin permiso de cambio de uso de suelo forestal.
Por el conflicto de competencia entre ambos juzgados, el expediente será turnado al Tercer Tribunal Colegiado de Circuito de Quintana Roo, que deberá decidir qué instancia federal conocerá del caso. En agosto pasado, la Semarnat autorizó el desmonte de 261 hectáreas para la construcción de la terminal, con una inversión de 7 mil 760 millones de pesos y un plazo de ejecución de 18 meses. El resolutivo obliga al Ejército a tramitar ante la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) el permiso adicional para instalar dos tanques de diésel de 240 mil litros cada uno.
La Terminal Multimodal Cancún incluirá recintos fiscalizadores, áreas de carga, bodegas, alojamientos para la Guardia Nacional y zonas de manejo de residuos peligrosos. Con la negativa de los nuevos jueces federales, el megaproyecto de la Sedena mantiene su marcha pese a los desmontes en zonas de selva y las denuncias por violaciones al derecho a un medio ambiente sano.
