Agencias
TULUM. – Funcionarios públicos, políticos y empresarios de Tulum, presuntamente involucrados en el despojo de un predio de 179 hectáreas propiedad de Cayetano Nieto Colín, fueron citados a declarar ante la Fiscalía General del Estado (FGE), en cumplimiento al seguimiento de la carpeta de investigación 8144 bajo el delito de uso de documentos, documentos falsos y los que resulte.
En conferencia de prensa, Javier Tun Jiménez, representante legal de Nieto Colín, informó que la autoridad judicial dio entrada a las comparecencias del caso en los que se presume toda una red de despojos encabezados por el titular de Desarrollo Urbano de Tulum, Lorenzo Miranda Miranda, y el director de Catastro Rubén Raziel Ek Cruz.
Además, en dicho despojo se involucra al jefe de Asesores, Edgardo Alberto Díaz Aguilar, las regidoras Paulina Yadira Malpipa Yañez y Eva Rosel Rocha, así como la titular del Registro Público de la Propiedad, Laila Flores e Irene Cenicero González.
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El abogado añadió que en la carpeta de investigación se encuentran toda la documentación falsa que utilizaron los involucrados en el despojo del predio, el cual supuestamente se vendió a ocho pesos por hectárea cuando el valor real oscila en mil pesos.
Indicó que en esta fraudulenta transacción también participaron notarios públicos de Quintana Roo y de Yucatán, uno de estos incluso ya falleció, mientras que el otro dejó de ostentar el cargo desde hace ocho años; es decir hubo falsificación de firmas y documentos.
Refirió que la víctima del despojo tuvo que huir por las amenazas de este grupo de personas que, usando el tráfico de influencia, conflicto de intereses y la falsificación se apropiaron del terreno que fue subdividido en varios predios en beneficio del Grupo Ferram, integrado por Andrés Millet González, Roberto Fitzmaurice Lubcke y Roger Alberto Evia González.
Añadió que, en esta transacción, los funcionarios públicos no solo usaron sus influencias para agilizar el trámite de la supuesta compra-venta, sino que incluso se beneficiaron de los predios, tal es el caso de Díaz Aguilar, Jiménez Santos y Evian González.
“En sí se trata de una compleja red de despojos que incluso han participado en otros casos, los cuales se están documentados, pero aquí lo destacable es que ya fueron citados por la autoridad para que comparezca por el delito que se les imputa”.
El abogado mencionó que, aunque no hay indicios de que el actual presidente municipal Diego Castañón Trejo, esté involucrado o siquiera tenga conocimiento del caso, lo más sano sería pedirles la renuncia a los funcionarios mientras continúa el proceso, toda vez que se presume que están involucrados en un acto de corrupción.
El abogado señaló que los involucrados serán citados a declarar en dos bloques y el primer citado fue Dennis Jiménez Santos, esposo de la regidora Paulina Malpica, y Raziel Ek Cruz, director de Catastro. Posteriormente el resto de los involucrados serán sentados en banquillo para responder por los delitos que se le imputan.
Ante ello, el jurista consideró que el caso debe sentar un precedente en la impartición de justicia, ya que a pesar de que los involucrados son funcionarios públicos, la investigación avanza y confía en que la autoridad judicial resuelva a favor de su representado, quien ha sufrido de amenazas.
Asimismo, pidió la intervención de la gobernadora Mara Lezama Espinosa, para que, dé seguimiento puntual del proceso, porque hay más caso de toda esta red que ha sido calificada como el “cártel inmobiliario”.
Con información de SIM
