Los Ángeles vive una escalada de tensión tras el despliegue de cerca de 700 marines y Guardia Nacional por el presidente Donald Trump. Esta acción, justificada como respuesta a protestas contra redadas migratorias, ha desatado una disputa legal y logística con autoridades locales y estatales.
Escalamiento federal en Los Ángeles: marines y guardia nacional en las calles
El lunes, el Pentágono confirmó el despliegue de aproximadamente 700 marines en Los Ángeles. Estos efectivos se unen a los miembros de la Guardia Nacional ya presentes, sumando alrededor de 1.000 al mediodía del lunes y con una previsión de alcanzar los 2.000 autorizados por el presidente para el final del día.
El Mando Norte de Estados Unidos indicó que los marines, provenientes de Twentynine Palms, resguardarán propiedad y personal federal, incluyendo agentes de inmigración. Tanto los marines como los efectivos de la Guardia Nacional, según informaron funcionarios bajo condición de anonimato, no tienen previsto realizar labores policiales, lo cual está prohibido por la Ley Posse Comitatus, ya que Trump no ha invocado la Ley de Insurrección.
El jefe de policía de Los Ángeles, Jim McDonnell, manifestó el lunes su confianza en la capacidad de su departamento para manejar las manifestaciones y calificó la llegada de los marines sin coordinación previa como un “importante desafío logístico y operativo”.
California responde: demanda y acusaciones de abuso de autoridad
El fiscal general de California, Rob Bonta, anunció planes para presentar una demanda contra el despliegue de la Guardia Nacional, argumentando que Trump había “pisoteado” la soberanía del estado. Bonta declaró:
“No tomamos a la ligera que el presidente abuse de su autoridad y movilice ilegalmente a efectivos de la Guardia Nacional de California”.
Planea buscar una orden judicial para declarar ilegal el uso de la Guardia por parte de Trump y solicitar una orden de restricción para detener el despliegue.
Por su parte, el gobernador Gavin Newsom calificó el despliegue como una “grave violación de la soberanía estatal” en una carta enviada a Trump el domingo por la tarde. Newsom, quien se reunió con fuerzas del orden y funcionarios locales en Los Ángeles, advirtió a los manifestantes que no cayeran en la “trampa” de Trump, afirmando:
“Trump quiere caos y ha instigado la violencia. Mantengan la paz. Manténganse enfocados. No le den la excusa que está buscando”.
Trump defendió su decisión el lunes, asegurando que la ciudad habría quedado “completamente destruida” sin el despliegue y que los gobernantes del estado “tenían miedo de hacer algo”.
Las protestas: detonante y desarrollo en Los Ángeles
El despliegue de la Guardia Nacional se produjo tras cuatro días consecutivos de manifestaciones, iniciadas el viernes en el centro de Los Ángeles. La chispa fue el arresto de más de 40 personas por autoridades federales de inmigración durante esa jornada.
La mañana del lunes en el centro de Los Ángeles aún se percibía un ligero aroma a humo, consecuencia de los enfrentamientos del domingo, cuando multitudes bloquearon una autopista, prendieron fuego a autos autónomos y la policía respondió con gas lacrimógeno, balas de goma y granadas aturdidoras. La zona de los enfrentamientos, si bien intensa, abarcó solo unas pocas cuadras en una ciudad de 4 millones de habitantes.
El lunes, miles de personas se congregaron cerca del Ayuntamiento. Una de las figuras centrales fue David Huerta, un líder sindical detenido el viernes durante las protestas y liberado el lunes tras pagar una fianza de 50.000 dólares. Su detención se ha convertido en un “grito de guerra” contra la represión gubernamental. Huerta es presidente de Service Employees International Union California, que representa a miles de trabajadores del estado.
Las primeras protestas del lunes transcurrieron en un ambiente tranquilo y, a veces, alegre, animado por la liberación de Huerta. Manifestantes y líderes religiosos se unieron frente al centro de detención federal. Sin embargo, la tensión aumentó por la tarde con cánticos dirigidos a los efectivos de la Guardia Nacional y Seguridad Nacional que rodeaban los edificios federales.
“¡Libérenlos a todos!” y “la Guardia Nacional tiene que irse” eran los gritos.
Bonta acusó directamente a Trump de avivar este enojo y provocar los enfrentamientos del domingo con el anuncio del despliegue, señalando: “Esto no era inevitable”.
Otras protestas surgían la tarde del lunes en el condado, impulsadas por informes de la presencia de agentes federales de inmigración en ciudades como Whittier y Huntington Park. También hay manifestaciones programadas en otras ciudades del país.
Familiares de trabajadores detenidos, como el de Jacob Vásquez, de 35 años, detenido el viernes, exigían información y su liberación.
Durante el fin de semana, la policía declaró asambleas ilegales, lo que llevó a intervenciones. McDonnell describió a la policía como “abrumada” por manifestantes que incluían “agitadores habituales”. Según él, la situación siguió un patrón de disturbios civiles, intensificándose en el segundo y tercer día. Docenas de personas fueron arrestadas, incluyendo una por lanzar una bomba incendiaria y otra por embestir una motocicleta policial.
Precedentes y legalidad del despliegue
El despliegue de la Guardia Nacional sin solicitud del gobernador parecería ser el primero en décadas, representando una escalada frente a quienes buscan obstaculizar los esfuerzos de deportación masiva. Newsom ha reiterado que las autoridades de California tenían la situación bajo control y se burló de Trump por felicitar a la Guardia en redes sociales antes de su llegada.
El Brennan Center for Justice señala que la última vez que esto ocurrió fue en 1965, cuando el presidente Lyndon B. Johnson envió tropas para proteger una marcha por los derechos civiles en Alabama.
La directiva de Trump del sábado invocó una disposición legal que le permite desplegar servicio federal ante “una rebelión o peligro de una rebelión contra la autoridad del gobierno de los Estados Unidos”. Esto podría relacionarse con nuestro análisis sobre el uso del poder ejecutivo en crisis internas [ver más aquí si el texto lo sugiere].
El despliegue militar federal en Los Ángeles, provocado por la respuesta a redadas migratorias, expone las profundas tensiones entre la administración Trump y el estado de California, así como el uso de la fuerza federal frente a la protesta civil. Las acusaciones de abuso de autoridad y la demanda legal planteada por el estado subrayan el conflicto subyacente sobre la soberanía y la gestión de crisis en la era post-hegemónica que parece sugerir este enfrentamiento.
