Washington D.C. amanece nuevamente bajo la sombra de un conflicto político que trasciende los pasillos del Capitolio. Con diez días de cierre de gobierno en EU 2025, la parálisis presupuestaria ha escalado a una crisis laboral sin precedentes, afectando directamente a miles de familias en todo el país.
El pulso político que paraliza a Washington
Washington D.C., a 10 de octubre de 2025. La capital estadounidense vive un nuevo episodio de incertidumbre política, reflejado en la silueta del Capitolio al amanecer. Tras diez días de un desacuerdo total entre demócratas y republicanos, el gobierno federal ha iniciado formalmente el despido de miles de funcionarios debido al cierre gubernamental.
La Casa Blanca anunció este viernes el comienzo de las reducciones de personal. Russ Vought, jefe de la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB), confirmó en X que estas «han comenzado». Un portavoz de la OMB precisó a Afp que los despidos se están dando en cantidades «sustanciales».
Este pulso político en el Congreso por la extensión del gasto público ha afectado directamente a unos 750 mil empleados, quienes han sido obligados a dejar sus puestos de trabajo o a continuar laborando sin percibir sueldo. La raíz de este estancamiento radica en las profundas diferencias sobre la cobertura sanitaria de millones de ciudadanos estadounidenses. La situación podría agravarse significativamente, ya que se prevé que el próximo miércoles 1.3 millones de miembros del servicio militar en activo se sumen a la lista de afectados, enfrentando la posibilidad de quedarse sin paga, un hecho sin precedentes en la historia moderna de los cierres gubernamentales.
La retórica política y sus consecuencias laborales
El impacto de esta crisis no se limita a las cifras. Mike Johnson, presidente republicano de la Cámara de Representantes, calificó la jornada como «un día sombrío», señalando que marca «el primer día en que los trabajadores federales recibirán un cheque de pago parcial».
La antesala de esta situación ya había sido marcada por las advertencias de Donald Trump. Al inicio de la crisis, Trump anticipó la posibilidad de despidos, argumentando que, de prolongarse el bloqueo presupuestario, el gobierno estaría obligado a eliminar puestos de trabajo que consideraba «superfluos». Posteriormente, intensificó la tensión al amenazar con que una porción significativa de los despidos se concentraría en lo que él denominó «agencias demócratas».
Este discurso refleja una profunda división ideológica. Los republicanos sostienen que sectores del gobierno federal están dominados por responsables administrativos que desvían fondos públicos para impulsar proyectos de izquierda. Por su parte, los demócratas acusan al partido de Trump, que ostenta una ajustada mayoría en ambas cámaras del Congreso, de buscar desmantelar las estructuras del Estado de bienestar consolidadas durante décadas.
Dentro de las agencias federales, el pulso ya se hace sentir. El Departamento de Educación, por ejemplo, está en la mira, con la orden presidencial de Donald Trump de cerrar sus puertas durante su segundo mandato. Fuentes de dicho departamento confirmaron a la Afp el inicio de los despidos, una situación que también se replica en el Departamento del Tesoro.
El caso del departamento de salud y servicios humanos
Un ejemplo paradigmático de esta purga administrativa es el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS). Andrew Nixon, jefe de comunicación de este ministerio, justificó los despidos señalando que «durante la presidencia [de Joe] Biden, el Departamento de Salud se convirtió en una burocracia hinchada, con un presupuesto que creció un 38 por ciento y una fuerza laboral que creció un 17 por ciento».
Un portavoz del HHS confirmó el viernes que sus empleados en múltiples divisiones han recibido notificaciones de despido. Según el portavoz, estas reducciones son «consecuencia directa del cierre de la administración liderado por los demócratas». Se aclaró que «todos los empleados del HHS que recibieron avisos de reducción de personal fueron designados no esenciales por sus respectivas divisiones». El HHS ha reiterado su compromiso de «continuar cerrando entidades derrochadoras y duplicadas», particularmente aquellas que «están en desacuerdo con la agenda ‘Make America Healthy Again’ del gobierno de Donald Trump».
El ajedrez legislativo y las repercusiones legales
Las tareas gubernamentales no esenciales fueron suspendidas el 1° de octubre, luego de que se alcanzara la fecha límite para extender el gasto presupuestario sin lograr un acuerdo. En este complejo ajedrez legislativo, los republicanos necesitan siete votos de la bancada demócrata en el Senado para poder aprobar su proyecto presupuestario. Hasta la fecha, solo tres escaños de la oposición han votado a favor en siete intentos fallidos.
La propuesta demócrata, por su parte, se distancia aún más de un posible consenso en el Congreso. Esta implica la cancelación total del paquete presupuestario relacionado con la sanidad pública que el partido de Trump aprobó en julio, con la intención de iniciar una nueva negociación desde cero. Ante este panorama, los republicanos instan a reabrir el gobierno de inmediato, para posteriormente abordar la discusión sobre el fondo de estas cuestiones que, según afirman, impactan a 24 millones de estadounidenses.
Frente a la amenaza de despidos, los líderes de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, y su homólogo en la Cámara, Hakeem Jeffries, han mostrado una postura firme, haciendo «oídos sordos» a lo que consideran un intento de intimidación. La oposición se está organizando para presentar demandas judiciales que busquen frenar estos despidos, los cuales califican como ilegales durante un cierre administrativo temporal.
Este entramado de intereses y divisiones ideológicas en Washington no solo evidencia la polarización política, sino que también subraya el alto costo humano de la parálisis gubernamental. ¿Podrá la sociedad estadounidense permitirse que la pugna partidista continúe socavando la estabilidad laboral y el funcionamiento esencial de sus instituciones?
