Organizaciones de la sociedad civil condenaron que el Congreso de Guanajuato haya desaprovechado por segunda ocasión la oportunidad de despenalizar el aborto en la entidad. Aseguraron que la situación en el estado sigue siendo alarmante y refleja una política pública excluyente.
Rechazo legislativo en Guanajuato
Este día, el Congreso de Guanajuato rechazó una propuesta para despenalizar el aborto en la entidad. El dictamen en sentido negativo que desecha la propuesta fue aprobado por 19 votos, frente a los 17 votos que buscaban la reforma. Las organizaciones condenaron este acto, señalando que las fuerzas políticas dominantes en la entidad insisten en postergar el cumplimiento de su obligación constitucional y de sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
Argumentos y datos presentados por organizaciones
Organizaciones como el Grupo de Información en Reproducción Elegida, el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir y la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, junto con Católicas por el Derecho a Decidir y México y Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, presentaron datos que sustentan su condena:
- De abril de 2007 al 30 de junio del año pasado, 560 guanajuatenses han tenido que viajar a la Ciudad de México para acceder a una Interrupción Legal del Embarazo en los servicios de salud públicos. Este dato es considerado reflejo de una política pública que excluye y castiga a quienes no pueden desplazarse.
- En lo que va de este año, 4 mil 257 niñas y adolescentes de entre 12 y 19 años han sido madres. De ellas, 122 tenían entre 10 y 14 años, lo que evidencia graves fallas del Estado para prevenir y atender embarazos posiblemente vinculados con violencia sexual.
- Procuradurías o fiscalías han reportado 2 mil 456 averiguaciones previas y carpetas de investigación por el delito de aborto de enero 2012 a diciembre 2022 a nivel nacional. De ellas, 209 son de Guanajuato.
Las organizaciones sostuvieron que la votación legislativa infringe la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que estableció la inconstitucionalidad de la criminalización del aborto y la garantía de acceso al aborto seguro como parte del derecho a la salud. También contraviene las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que desde 2022 ha llamado a eliminar obstáculos normativos innecesarios como la penalización.
Criminalización y consecuencias en Guanajuato
Se señaló que, hasta ahora, dos terceras partes de las entidades en México han despenalizado el aborto. Sin embargo, en Guanajuato, “algunas y algunos legisladores insisten en mantener la criminalización y la discriminación jurídica que afecta directamente a miles de personas, profundizando las desigualdades por razones de género, clase y territorio”.
Se calificó de inadmisible que en 2025 “se sigan imponiendo barreras jurídicas sustentadas en prejuicios religiosos y desinformación, en lugar de políticas públicas basadas en derechos humanos, evidencia científica y salud pública.”
Con este resultado, las mujeres y personas con capacidad de gestar en Guanajuato seguirán sin la garantía de su autonomía reproductiva ni se reconocerá legalmente su derecho a decidir. Además, “seguirán siendo criminalizadas por ejercer su derecho a una maternidad libre y elegida, sólo por vivir en un Estado que se niega a avanzar hacia el pleno reconocimiento de las libertades y los derechos humanos.”
Lucha social y reconocimiento
Las organizaciones afirmaron que “El aborto legal es una demanda social urgente”. Colectivas, redes de acompañantas, organizaciones guanajuatenses y muchas otras han sostenido durante años una lucha legítima “desde el territorio, con acciones legales, artísticas, pedagógicas y de acompañamiento.”
Finalmente, reconocieron “el compromiso y la congruencia de las diputadas y los diputados que votaron a favor de los derechos de las mujeres y personas gestantes” y señalaron “la responsabilidad histórica de quienes hoy decidieron darle la espalda a su obligación de garantizar el acceso a servicios de salud reproductiva sin discriminación.”
El rechazo a la despenalización del aborto por parte del Congreso de Guanajuato ha generado una condena de organizaciones de la sociedad civil, quienes resaltan el impacto negativo en la salud y derechos de las mujeres y personas gestantes en la entidad, además de señalar un incumplimiento de obligaciones legales e internacionales.
