Un juez federal ha librado una orden de aprehensión contra ocho integrantes de la empresa Mefra, dedicada al transporte marítimo de combustible, en un golpe contundente contra el huachicol fiscal que sacude el país y expone vínculos con la delincuencia organizada y la corrupción.
El golpe contra la red de combustible ilícito
Con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, un juez federal emitió la orden de aprehensión en el marco de la causa penal 216/2025. Los documentos del Poder Judicial de la Federación (PJF) revelan que Mefra está relacionada con una organización delictiva que incluye a miembros de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), así como a los cárteles del Golfo y Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Uno de los principales implicados, Héctor Manuel Portales Ávila, fue detenido el pasado 23 de agosto. Aún están pendientes de cumplir siete órdenes de aprehensión adicionales, entre ellas la de Roberto Blanco Cantú, conocido como “El señor de los buques”.
Mefra: Conexiones con el crimen organizado y el contrabando
La empresa Mefra ha sido identificada por documentos del PJF y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) por su probable intervención en el tráfico y comercialización de combustible robado directamente de ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), así como por el contrabando de hidrocarburos procedentes de Estados Unidos.
Entre los casos detectados que fundamentan estas acusaciones, se encuentra el aseguramiento, en marzo pasado, de un buque en el puerto de Tampico con un cargamento de 10 millones de litros de combustible. Por este incidente, 14 personas fueron detenidas, incluyendo a nueve miembros de la Semar, quienes ya han sido vinculados a proceso penal en un juicio distinto.
Detenidos por posesión ilícita de hidrocarburos
En la causa penal 216/2025, las órdenes de aprehensión se libraron contra Brenda Mariena «S», Anuar «G», José Isabel «M», José «R», José René «T», Roberto Blanco, Gustavo de Jesús «G» y Héctor Manuel Portales. Se les imputa su «probable intervención en la comisión del hecho que la ley señala como el delito de posesión ilícita de hidrocarburos de un millón 854 mil litros de gasolina y 580 mil litros de diésel».
La estructura de poder detrás de la impunidad
Los documentos gubernamentales subrayan que estas personas forman parte de «una estructura mayor con gran poder económico capaz de corromper, generar impunidad, amedrentar y presionar a autoridades ministeriales, judiciales, denunciantes y testigos». Esta capacidad de influencia ha permitido operar a gran escala, burlando los controles y socavando la legalidad.
La Fiscalía General de la República (FGR) investiga a por lo menos ocho personas vinculadas a una organización criminal que exhibe lazos con grupos criminales consolidados como el cártel del Golfo y el cártel Jalisco Nueva Generación. Además, se han identificado empresas fachada con documentación aduanal manipulada y el uso de rutas marítimas internacionales, lo que sugiere una operación sofisticada. La investigación también relaciona a esta estructura con la comisión de otros delitos, además de los relacionados con hidrocarburos, como los contemplados en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Este avance judicial representa un paso crucial en la compleja lucha contra las redes de huachicol fiscal, que no solo afectan las finanzas públicas sino que revelan la profunda penetración del crimen organizado en sectores estratégicos y la capacidad de corrupción en diferentes niveles de autoridad. La investigación, descrita por funcionarios como «tope hasta donde tope», promete seguir desentrañando una de las tramas de corrupción más arraigadas en el país.
