La interpretación del gobierno de Claudia Sheinbaum sobre las desapariciones forzadas confunde la responsabilidad estatal con la noción de Estado fallido, obstaculizando la implementación de mecanismos internacionales de justicia necesarios para frenar la impunidad estructural y proteger a las víctimas de crímenes de lesa humanidad.
El malentendido institucional sobre la desaparición forzada
La administración de Claudia Sheinbaum Pardo manifiesta una resistencia técnica ante el informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED). Según Jimena Reyes, directora de la Oficina de las Américas de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), esta reacción adversa nace de un error conceptual: asociar el reconocimiento de las desapariciones forzadas y los crímenes de lesa humanidad con la declaración de un Estado fallido.
Esta visión ignora la paradoja que atraviesa México y América Latina. El país opera con instituciones funcionales, procesos electorales activos y una dinámica económica constante, pero coexiste con actores no estatales del crimen organizado que generan niveles de violencia equiparables a un conflicto armado. La postura gubernamental interpreta la fiscalización internacional como un ataque a la soberanía en lugar de una herramienta de cooperación técnica.
Impunidad y la cadena de mando en crímenes de lesa humanidad
El Derecho penal internacional permite agrupar casos mediante patrones de temporalidad y modus operandi para rastrear la responsabilidad hacia los altos mandos. Actualmente, la escasa justicia en México se concentra de forma casi exclusiva en los autores materiales, dejando intactas las estructuras superiores de poder.
- Activación del Artículo 34: La FIDH solicitó en febrero de 2025 que el CED elevara el tema ante el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.
- Alcance Global: Se busca que la Asamblea General de la ONU en Nueva York trate las desapariciones en México como crímenes de lesa humanidad.
- Respaldo Social: Cientos de colectivos de búsqueda y organizaciones de derechos humanos se han sumado a esta exigencia de justicia internacional.
La realidad de la colusión y la aquiescencia estatal
Con un registro oficial que supera las 132,000 personas desaparecidas, resulta inviable sostener la inexistencia de este fenómeno. Si bien el gobierno actual no es el origen de esta crisis, el informe del CED subraya que los grupos criminales operan con la compra, apoyo o autorización de servidores públicos.
El Artículo 2 de la convención internacional es explícito: las desapariciones cometidas por grupos privados se consideran forzadas cuando existe aquiescencia del Estado. La molestia presidencial ante los señalamientos de ineficiencia ignora que, aunque se han implementado medidas, estas no están logrando los resultados operativos necesarios para detener la captura de estructuras estatales por el crimen organizado.
El precedente de Colombia y la actualización del paradigma penal
México enfrenta un desafío que requiere un cambio total de paradigma investigativo. Bajo el esquema actual, se estima que se requerirían 120 años para procesar el conjunto de desapariciones acumuladas. La experiencia colombiana sirve como referente: tras años de resistencia, el reconocimiento de que paramilitares y guerrillas cometieron crímenes de lesa humanidad permitió reformas judiciales profundas.
La necesidad de actualizar los instrumentos del siglo XX es urgente. Actores no estatales como el crimen organizado en México, o grupos como Daech y Boko Haram a nivel global, son las fuentes de violencia del siglo XXI. Llevar estos casos ante la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya no debe verse como una condena a regímenes dictatoriales, sino como una evolución necesaria para procesar crímenes cometidos bajo nuevas dinámicas de control territorial.
Evidencias de captura estatal y negación política
La narrativa oficial ha transitado desde la negación absoluta en el sexenio de Enrique Peña Nieto hasta la aceptación parcial actual. Sin embargo, persisten focos de resistencia informativa. Datos oficiales indican que entre 2023 y 2025 se registraron 28,000 desapariciones adicionales.
Casos específicos demuestran la profundidad del problema:
- Caso Tabasco: Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad nombrado por Adán Augusto López Hernández, enfrenta cargos por desaparición forzada tras ser vinculado con la administración de negocios criminales.
- Coahuila y Nayarit: Patrones históricos en Allende y la gestión de Edgar Veytia confirman la participación de policías y fiscales en la entrega de ciudadanos a carteles como Los Zetas.
El informe del CED no señala una participación generalizada del Estado, sino que demanda el reconocimiento de los contextos de corrupción que permiten estas atrocidades para poder investigarlos de manera efectiva.
