Redacción
CIUDAD DE MÉXICO.-El Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada decidió solicitar al Secretario General que remita a la Asamblea General la situación de las desapariciones en México, con el objetivo de que se adopten medidas que apoyen al Estado en la prevención, investigación, sanción y erradicación de este delito.
El organismo concluyó que existen “indicios fundados” de que en el país se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas que podrían constituir crímenes de lesa humanidad, al considerar que se han registrado ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en distintas regiones.
No obstante, el Comité aclaró que no encontró pruebas de una política federal orientada a cometer desapariciones, y tomó nota de la postura del Gobierno de México, que sostiene que muchos de estos casos son perpetrados por grupos delictivos y no por agentes del Estado.
Aun así, advirtió que en diversas denuncias recibió información que apunta a la posible participación directa de funcionarios públicos, o bien a su autorización, apoyo o aquiescencia.
“El derecho internacional no exige que estos crímenes sean orquestados desde las más altas esferas; lo que importa es la magnitud, el patrón de los ataques y que estén dirigidos contra la población civil”, afirmó el presidente del Comité, Juan Albán-Alencastro.
El organismo también subrayó la gravedad de la crisis al señalar el hallazgo continuo de fosas clandestinas en el país: más de 4,500 sitios con al menos 6,200 cadáveres y 4,600 restos humanos, además de unos 72,000 restos no identificados.
A pesar de las acciones emprendidas en los últimos años, el Comité consideró que no hay una mejora sustancial y que las autoridades continúan desbordadas por la magnitud del problema, por lo que urgió a implementar reformas estructurales que garanticen la rendición de cuentas.
En este contexto, solicitó a la Asamblea General considerar medidas de cooperación técnica, apoyo financiero y asistencia especializada para fortalecer las labores de búsqueda, análisis forense e investigación, así como la creación de mecanismos eficaces para esclarecer la verdad y proteger a las familias de las víctimas.
Por su parte, el Gobierno de México rechazó el informe al calificarlo de tendencioso y parcial, al argumentar que no toma en cuenta las observaciones, análisis y actualizaciones presentadas por el Estado mexicano.
Sostuvo que los señalamientos del Comité no corresponden con la definición de desaparición forzada establecida por el propio organismo, ni reflejan los avances institucionales alcanzados desde 2019, particularmente a partir de 2025.
Asimismo, indicó que el procedimiento de la Convención está diseñado para contextos donde las desapariciones son cometidas de manera generalizada y sistemática por agentes del Estado con negativa a cooperar, un escenario que —afirma— no corresponde a la realidad actual del país.
El gobierno también subrayó que el informe se centra principalmente en hechos ocurridos entre 2009 y 2017, durante las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y en sólo cuatro estados, por lo que considera que la evaluación es incompleta.
Finalmente, lamentó que el Comité haya rechazado incorporar información actualizada presentada el pasado 27 de marzo antes de emitir su resolución.
